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“En definitiva, la cárcel de San Sebastián es hoy una jaula humana deteriorante, aplastante y humillante, y esa situación no puede ser tolerada por esta autoridad. El hacinamiento unido a las pésimas condiciones de infraestructura y la gravísima limitación para el acceso a la luz y ventilación natural han convertido ese espacio carcelario en un calabozo gigante.
”Nos encontramos ante un evidente ejercicio de terror de Estado que no es válido en una democracia y que no puede prolongarse sino que, por el contrario, se hace necesario cesar con urgencia. Ya no se trata solo de hacinamiento sino de una infraestructura y condiciones penitenciarias deterioradas y lesivas de la dignidad humana”.
Esas palabras son de Roy Murillo, juez de Ejecución de la Pena, quien ordenó el cierre definitivo de la Unidad de Admisión de San Sebastián, en San José, según una resolución emitida el pasado 20 de julio, de la cual La Nación tiene copia.
Esta prisión es exclusiva para indiciados (personas acusadas de algún delito) y la semana pasada cumplió 35 años de existir. Tiene una capacidad real de 559 personas, pero, al 6 de julio, había 1.278 presos. De esa población, 1.144 eran indiciados y 134 ya tenían una condena.
La orden la da casi tres años después de que él exigiera la salida de 370 presos de este mismo centro penal para bajar el hacinamiento.
Cuando este fallo quede en firme, el Ministerio de Justicia y Paz tendrá únicamente 18 meses para asegurar el egreso de al menos 70 reos por mes, hasta realizar “su completo desalojo”. Los reclusos deberán salir por medio de resolución judicial o por reubicación al régimen semiabierto.
Además, desde la notificación, Justicia no podrá encarcelar a nadie más a este centro.
Sin lo básico. Murillo criticó el espacio “limitado” en el que conviven los presos de San Sebastián, debido a que la densidad penitenciaria ronda el 221%.
Por ejemplo, uno de los pabellones está diseñado para 88 personas, pero hay 270. Ellos tienen un sitio para dormir que no supera el metro cuadrado, cuando los estándares en materia carcelaria establecen que esta área de descanso nunca debe ser menor a dos metros cuadrados.
También señaló que en otro dormitorio de ese centro penal solo hay dos baños, dos sanitarios y un lavamanos, pese a que alberga a 51 personas.
“Se debe proveer de un servicio por cada ocho presos y acá tenemos dos para 51 privados, lo que evidentemente genera situaciones incómodas y degradantes”, reprochó.
Dada la sobrepoblación que hay, el juez manifestó que hay “líderes negativos” que se aprovechan de la situación para realizar cobros por servicios que deberían ser gratuitos. Por ejemplo, como las autoridades del centro no tienen la posibilidad de suministrar espumas a todos los presos, estas las venden a ¢5.000 aproximadamente.
Y, si un reo quiere dormir en alguna de las camas, también debe pagar entre los ¢30.000 y los ¢60.000 (no se detalla si es mensual). “En otros casos, la obtención de una cama o espuma dependerá de la afinidad del interno con los privados de libertad empoderados en el pabellón”.
Quienes no tienen dinero, deberán dormir en el piso, cerca del área de los baños o sobre cualquier estructura de cemento que encuentren en el módulo. “Estas condiciones provocan que solo logren dormir tres o cuatro horas durante la noche”, añadió.
Las filas que deben hacer para bañarse también pueden durar cuatro horas, dependiendo de lo hacinado que esté el dormitorio.
Como consecuencia, se ha presentado un aumento en la propagación de padecimientos como gripe, alergias, enfermedades de la piel, entre otras.
Por lo anterior, Murillo sostuvo que la cárcel no asegura a la población el espacio mínimo vital. “Los privados no son ratas para tenerlas viviendo en espacios limitados, casi unas encima de otras y sin acceso al aire y ventilación natural”, aseveró.
Bajo estas condiciones, expresó que “la cárcel, lejos de resocializar, se convierte en un ejercicio puro de violencia estatal (...), en una máquina deteriorante del ser humano”.
‘Sin controles eficientes’. Otra de las críticas del juez es que el personal penitenciario (profesional y policial) sigue siendo el mismo de hace años o incluso es menor.
“Se aplican de manera absurda restricciones del Ministerio de Hacienda para la no renovación de plazas de funcionarios jubilados, en vacaciones o con licencias” y esto perjudica el funcionamiento dentro del centro.
Según Murillo, provoca que no se hagan controles eficientes con respecto a las actividades ilícitas de los presos, como el ingreso y consumo de drogas.
Esto, aunado a las “pésimas” condiciones de infraestructura, genera la mayor de las crisis que ha vivido el sistema penitenciario, agregó.
“No se le ha dado el mantenimiento necesario (...), y resulta hoy un espacio inhabitable y ya sin capacidad siquiera para ser remodelado”, insistió el juez.
‘Trato inhumano’. Murillo criticó que, pese a que la Sala Constitucional ha ordenado, en reiteradas ocasiones, bajar el hacinamiento, la situación en esa cárcel cada día es “peor”.
“La historia de la cárcel de San Sebastián refleja el fracaso estatal costarricense por desarrollar un sistema penitenciario garante del principio de humanidad y respeto a la dignidad humana”, criticó Murillo,
El juzgador aseguró que ni “el más violento delincuente” merece recibir un trato inhumano. “La calidad de privado de libertad no autoriza a despojarle de la calidad de persona ni exime de un trato respetuoso a su dignidad”.
Y puntualizó: “Esa garantía de respeto total a la dignidad humana no es una garantía exclusiva para los presos o delincuentes, sino es una garantía para todos porque el poder punitivo puede abalanzarse en cualquier momento contra cualquiera”.
Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social, aseguró que aún no ha recibido el fallo. No obstante, dijo que serán respetuosos de la orden.
El funcionario agregó que crearán una comisión para analizar la resolución del juez.
