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El Juzgado Penal de Hacienda levantó el impedimento de salida del país que pesaba contra seis personas a quienes el Ministerio Público señala como miembros de una supuesta red que generó pérdidas por ¢9.000 millones al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
La medida la tomó, el martes 31 de octubre, la jueza Carolina Lizano Salazar, durante una audiencia privada que se realizó en los Tribunales de Goicoechea, para analizar la prórroga de medidas cautelares.
En este caso los beneficiados con la resolución son Freddy González Rojas, expresidente del Infocoop y exsecretario del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop); Agustín Alfredo Rojas Durán, gerente de Financiamiento del Infocoop; Rómulo León Mora; Álvaro Gómez Ferreto; Rosyrenen Rodríguez Rodríguez y Milton Siles Zúñiga. Estos cuatro últimos están ligados al sector cooperativo.
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La jueza, al dictar la medida aclaró que González, Rojas, León, Rodríguez y Siles tienen la obligación de informar ocho días antes de cualquier salida del territorio nacional al Ministerio Público. En tanto, Gómez no tiene ese deber.
Paralelamente, la juzgadora dictaminó que a Rojas y León se les mantiene la prohibición de ejercer cargos públicos, pues subsiste el peligro de obstaculización de la investigación.
Las medidas rigen por un período de cuatro meses y vencen el 28 de febrero del 2018.
Antecedente.
Este proceso inició en marzo pasado cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción detuvo a los seis miembros del movimiento cooperativo al atribuirles, presuntamente, formar un grupo que manipuló nombramientos en Infocoop y Conacoop, hizo reformas irregulares de reglamentos y falsificó actas para controlar el otorgamiento de créditos.
Así, presuntamente, pudieron distraer fondos que eran para favorecer el movimiento cooperativo y que habrían terminado en manos de personas y organizaciones afines a los miembros de la red, y en cooperativas con problemas de morosidad, que recibían préstamos con condiciones muy favorables; por ejemplo, extensos plazos para pagar.
El Ministerio Público aduce que esas anomalías generaron pérdidas en Infocoop de hasta ¢9.000 millones.
A los seis implicados se les atribuyen los delitos de malversación de fondos, peculado, influencia contra la Hacienda Pública, enriquecimiento ilícito y cohecho.
En el expediente sobre este asunto existe una lista de 17 personas como presuntos implicados, pero hasta ahora solamente seis tiene cargos formales y ya fueron indagados.
Aunque al inicio los seis sospechosos fueron detenidos, luego quedaron en libertad con la obligación de firmar cada 15 días. Esta última medida la levantaron en junuio pasado.
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