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El día en que fue designado facilitador judicial de su comunidad, o “juez de pueblo” como se lo conoce popularmente, a Willis Rankin Gutiérrez lo buscaron para plantearle un dilema.
“Llegó el presidente de la Asociación de Desarrollo y me dijo: ‘Necesito que me resuelva esto’. Leí un documento y era un problema de terrenos”.
La disputa se daba entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Asociación de Desarrollo y la Fuerza Pública, según recordó este guía turístico de barra del Tortuguero, quien tiene 47 años de edad.
“El juez me dijo que ese caso no me correspondía verlo, pero, al tenerme confianza, las personas del pueblo insistieron; entonces tomé la decisión, fui al ICE e hice unas consultas.
”Me dijeron que quién era yo, y les dije que había sido nombrado como facilitador judicial, y que había un terreno que ellos estaban usando y que era de la Asociación o de la Fuerza Pública. Entonces los reuní, les pedí permiso y se consiguieron los planos de Tortuguero”, narró Rankin.
“Ahí se vio que era calle pública, no le pertenecía a ninguno, y ahora es calle pública”.
Esa situación la conoció Rankin en junio y la compartió el sábado pasado, durante un encuentro de 34 facilitadores judiciales de la zona Atlántica con autoridades del Poder Judicial.
Los participantes relataron otros casos en los que han sido mediadores en sus comunidades, como pleitos por animales que se pasan a propiedades vecinas, ramas de árboles que caen a territorio aledaño, reclamos por el incumplimiento de pagos de pensiones alimentarias y otras discusiones.
El papel de los facilitadores en estos conflictos menores es ayudar a buscar una solución que beneficie a todas las partes y, así, evitar que los casos se lleven a los Juzgados o se conviertan en problemas mayores.
El programa es una iniciativa del Poder Judicial en coordinación con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y también se realiza en la zona norte.
El objetivo es llevar la administración de justicia a pequeñas comunidades alejadas de los despachos judiciales, a través de uno de los pobladores, que es elegido por sus vecinos. Sus decisiones son revisadas por un juez.
Arreglos. José Ángel Zamora Rosales, de 41 años, carga un libro de actas. El peón de una bananera, en El Limbo de Duacarí (Guácimo), registra todos los conflictos en los que sus vecinos han solicitado su intervención.
En muchos renglones, escribió que una pensión no fue pagada a tiempo y que fue buscado por las partes, pero uno de los casos que registró fue distinto.
“Un muchacho agarró un camión a pedradas, y el dueño del vehículo puso una demanda. Entonces, la familia del muchacho me buscó, yo llamé al señor y le dije que me habían elegido como facilitador judicial y que la familia del muchacho quería que se pusieran de acuerdo.
El arreglo fue que el ofendido recibiría ¢100.000 por parte del causante del daño.
Esfuerzo. A María Carrillo Salazar (35 años) la esperaban el sábado en su casa, en Barra del Colorado Sur, su esposo y sus tres hijos También la aguardaba una diferencia entre dos vecinos, y ella ya iba analizando cómo se podía aliviar.
“Hay una pulpería donde tienen cerdos y pollos. Otro lugar es una casa donde se hace el pan del pueblo, y allí llegan los olores y las moscas. Yo sé que ese problema se me viene porque uno de ellos ya me buscó”, contó la mujer, quien desde antes participa en grupos de su comunidad.
Ella fue una de las primeras en retirarse el sábado de la reunión para poder tomar a tiempo el transporte hacia Colorado.
