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La orden que dictó un juez de Ejecución de la Pena, de reubicar de prisión a 370 reos para disminuir la sobrepoblación, topó con obstáculos en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo del juez Roy Murillo Rodríguez fue emitido el 24 de setiembre pasado.
En la resolución, el Juzgado exigió a la Dirección de Adaptación Social (que maneja las cárceles del país), del Ministerio de Justicia, y en especial al director de la cárcel de San Sebastián, el cierre técnico del centro, debido al incumplimiento de medidas solicitadas previamente por la Sala IV contra el “hacinamiento crítico”.
Murillo determinó que los nuevos presos sean remitidos a otras cárceles, y que, “en caso de no tener espacio (...) se ordena a la autoridad penitenciaria el egreso –bajo ubicación en semiinstitucional con obligación de domicilio fijo, pernoctación semanal y un plazo para encontrar ubicación laboral– de las 370 personas más próximas a cumplir su pena”, según indica la sentencia.
De acuerdo con el fallo, los presidiarios pueden ser elegidos de todas las cárceles siempre que no tengan otras causas pendientes.
El juez advirtió a Adaptación Social de que, de ignorarse la disposición, remitiría el caso al Ministerio Público por los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes.
Los lineamientos girados por Murillo causaron revuelo en la Sala Tercera. El magistrado Carlos Chinchilla, quien preside esa instancia, cree que el juez no está facultado para dar ese mandato.
Chinchilla sostuvo que el fallo significa una intromisión de un Poder de la República en otro y dijo que pedirá que se declare la ilegalidad de este.
La cárcel de San Sebastián fue creada para población sin condena y, actualmente, tiene el mayor porcentaje de hacinamiento (127%) con 1.247 presos.
Competencias. Este lunes, Chinchilla adelantó a la Corte Plena que planteará una disconformidad en la próxima sesión.
El magistrado indicó a La Nación que, de acuerdo a la ley, el juez de Ejecución de la Pena solo puede actuar “cuando hay gestión de parte o cuando la Administración actúa en un caso concreto”.
“En este caso, no es una decisión jurisdiccional, es administrativa y resulta que resuelve en única instancia porque el Código Procesal Penal no regula esta acción, es impropia”, sostuvo Chinchilla.
“Pero lo que sí es grave es que se ponga en este momento a 370 personas privadas de libertad en un sistema semiinstitucional, casi en libertad, sin estudios ni controles”, alegó el juez de casación penal.
El magistrado estimó que los criterios para cambiar de régimen a los presos deben ser dados por el Instituto de Criminología y reprobó que el juez “obligue a hacerlo, diga cómo hacerlo y, además, amenace con denunciar”.
La magistrada de la Sala III, Doris Arias, compartió la posición de su colega Chinchilla.
“La (orden del juez) nos pone en un problema a la administración de Justicia, porque ¿adónde vamos a mandar a estas personas”, adujo.
Los magistrados José Manuel Arroyo y Magda Pereira, de la misma instancia, declinaron referirse, por ahora, al asunto.
Consultado sobre la disconformidad, el juez Murillo manifestó que él tiene potestad legal para dictar medidas correctivas.
Murillo indicó que, aunque la ley no especifica qué acciones se pueden disponer, él debe procurar las que solucionen el problema.
El juez Murillo redactó el proyecto de Ley de Ejecución de la Penal que fue presentado recientemente a la Asamblea Legislativa.
Acatamiento. Ayer, se intentó conocer un criterio de la ministra de Justicia, Ana Isabel Garita; sin embargo, ella comunicó que no se referiría al tema porque la presidenta de la República ya había hablado al respecto.
La mañana de este martes, en Consejo de Gobierno, la mandataria Laura Chinchilla indicó: “Si nos lo ordena un juez, tenemos que hacerlo, si nos lo pide la Sala Constitucional, tenemos que hacerlo.
”Pero podemos velar porque los criterios sean restrictivos, de manera que (quienes sean puestos en libertad) no sean personas que puedan generar presión en los esfuerzos que hemos estado haciendo en materia de seguridad; es decir, cuidar que esos perfiles no vaya a ser que, prácticamente, indiquen que volverán a a cometer ilícitos graves”, expresó la presidenta.
