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El 2 de julio, el juez Eliécer Ramírez, del Tribunal Penal de Heredia, sentenció a Alejandro Guzmán Argüello a 25 años de cárcel por la sustracción y abuso sexual de una menor de edad.
La ofendida es su prima Yerelin Guzmán, de 6 años, de quien no se sabe nada desde julio del año anterior.
Además de esa condena, Ramírez también criticó el trato que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le dio a una denuncia en la que se exponía que la niña estaba en peligro.
“En el 2012, la escuela advirtió al PANI que estaban (Yerelin y sus dos hermanos) en evidente peligro y lo que hizo la institución fue darle un enfoque superficial, acogió el tema de forma ligera”, reprochó el juez.
Casi dos meses después, el 31 de agosto, y en otro juicio, se dio un reclamo similar: el juez Juan Carlos Pérez, del Tribunal Penal de San José, envió 30 años a la cárcel a una pareja por asesinar a un bebé de nueve meses.
“¿Dónde estaba el PANI? Si el PANI hubiera estado atento, el niño estaría vivo”, lamentó Pérez.
‘Deficitario’. Esos reclamos fueron compartidos por el presidente de la Asociación de Fiscales, Rónald Segura, quien además aplaudió que los jueces “tuvieran la valentía” de hacerlos.
“La labor de los juzgadores es llamar la atención a los diferentes entes encargados. Si hay falencias en alguna entidad, deben señalarlo”, expresó.
Segura aseveró que el PANI tiene un “rezago” en los procesos para atender una denuncia.
”Es decir, la violencia y la delincuencia crecen más rápido que la respuesta que se les da”, manifestó el fiscal.
Por ello, la Asociación que representa pretende reformar el artículo 5 del Código de Familia para quitarle el poder al PANI para decidir si un niño regresa o no con su familia acusada de agredirlo.
“Entregar el menor no debe ser una decisión administrativa, sino judicial. Es decir, un juez de Familia es quien debe decidir. Costa Rica tiene convenios internacionales que lo obligan a cumplir con el interés superior del niño y la mejor forma de tutelarlos es a nivel judicial, porque el PANI ha sido deficitario”, alegó.
Segura agregó que en los próximos días se reunirá con dos diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) para conversar sobre el futuro de la reforma legal.
‘Hacemos lo mejor’. Por su parte, el PANI informó de que escuchó las críticas que le hicieron los jueces, pero no las comparte.
“No es que estemos tapando algo; es que fueron casos en los que se actuó. ¿Que nos quieran regañar? Cualquiera está en libertad de hacerlo, pero no es justo. (...). Los jueces pueden decir muchas cosas; yo también puedo decir cosas de los jueces. Ese es el problema”, expresó Ana Teresa León, presidenta del Patronato.
Sobre la intención de los fiscales de reformar la ley, León expresó: “Le voy a decir que han hecho una crítica enorme a Costa Rica por judicializar todo. Solo ese comentario le voy a hacer al respecto. Es una crítica internacional”.
La jerarca añadió que la institución hace el trabajo “de la mejor manera posible, con los recursos que tenemos”.
No obstante, admitió que deben mejorar tanto en la prevención como en el abordaje que le dan a las denuncias, así que, para evitar que ocurran más desgracias, apuestan por la educación a las familias.
León contó que también funciona una comisión interna, formada por seis funcionarios, que trabaja en buscar otras alternativas para darle mejor tratamiento a las alertas de maltrato.
Adelantó que se busca separar los casos en tres categorías: alta, media y baja prioridad. “Eso permitiría aprovechar mejor los recursos y atender todos los casos”, explicó la presidenta del PANI.
Rodolfo Meneses, abogado de esa entidad, detalló que actualmente a unas quejas se les da atención inmediata por ser “emergencias” (abusos sexuales o violaciones, torturas y abandono). A otras se les da seguimiento a los días.
“Hoy, cuando nos ingresa una denuncia por las diferentes vías que tenemos (llamadas, Internet o en las oficias), las remitimos a la sede que le corresponde. Allí analizan si es de emergencia o no. Si no lo es, se hace una investigación preliminar, donde le notificamos a los papás que van a ser indagados”, explicó.
Según estadísticas brindadas por el PANI, de enero a agosto del 2015, ha tramitado 30.932 denuncias por medio del sistema de emergencias 9-1-1; mientras que, en el mismo periodo del 2014, recibieron 28.764 alertas por maltrato infantil.
