EscucharUna técnica del Archivo Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) denunció a un colega por ofrecerle un carro a cambio de mantener relaciones sexuales. La mujer aseguró que le decía otras obscenidades, incluso delante de compañeros, y que la veía con morbo.
El Tribunal de la Inspección Judicial consideró que, aunque no se pudo tener certeza de todos los hechos, sí se probó que el funcionario, de apellidos Hernández Suárez, de 44 años, incurrió en acoso sexual y cometió una falta “gravísima”.
Por ello, le impusieron dos meses de suspensión sin goce de salario y el traslado a otra oficina. Dicho castigo fue avalado, el 9 de abril, por el Consejo Superior del Poder Judicial.
La Inspección Judicial comprobó que, cuando la funcionaria pasaba cerca del compañero, “este le decía: ‘¿Qué? Baja ahí’, y hacía un gesto con la mano, siendo que en la jerga de ese despacho, era claro que entendían el significado de la frase y el gesto, como tener ‘sexo oral’”, concluyó la investigación.
Se registró que el acusado dijo a otro empleado “que él era ‘muy carga y calidad, por haberse comido todo eso’ (es decir, haber tenido relaciones sexuales) refiriéndose a la quejosa”.
Cuando el Consejo resolvió el caso, la presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva, votó por imponer la sanción de revocatoria del nombramiento.
Se intentó localizar a Hernández, pero no respondió al teléfono registrado a su nombre.
¿Suficiente sanción? Al dictar el castigo, el Tribunal de la Inspección Judicial indicó que Hernández actuó “de manera reiterada” en el acoso “con palabras, frases, gestos de naturaleza sexual no deseadas y repudiadas por la ofendida”.
La resolución destacó que estas actitudes hicieron que la mujer llorara y que deseara no estar en el trabajo.
Pese a ello y a considerar que ocurrió una falta gravísima, la Inspección solo dictó dos meses de suspensión y no el castigo máximo, que es la revocatoria de nombramiento.
En otras causas similares, el Poder Judicial ha sido más severo al imponer sanciones.
Así ocurrió con el juez penal de Goicoechea, Álvaro Oconitrillo Rivera, quien fue despedido en noviembre del 2013 por acosar sexualmente a dos técnicas con frases verbales y mensajes de texto.
También, en el caso más sonado en la Corte Suprema de Justicia, cuando al entonces magistrado de la Sala Primera, Óscar González se lo señaló por acoso a una jueza, la Corte Plena pidió a la Asamblea Legislativa revocarle el nombramiento y así ocurrió.
Milena Conejo, integrante del Consejo Superior, explicó que esa instancia conoció la queja por una apelación de Hernández y no de la víctima, y que por ello no se puede aumentar la sanción.
“Legalmente está esa disposición, de que si solo el acusado recurre, lo que nos queda a nosotros es o anular por considerar que la sanción puede ser más alta –y en ese caso, el tribunal vuelve a analizar el hecho– o confirmar”, aclaró la funcionaria.
El Consejo añadió que en la investigación de este asunto se recibió a varios testigos de ambas partes y que la Inspección estimó que había una relación cercana entre los involucrados, pues la empleada judicial incluso había aceptado un viaje como regalo por parte de su compañero.
Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera e integrante de la Comisión de Género, comentó que no todos los casos se pueden sancionar de igual forma ya que se aplican principios de proporcionalidad y razonabilidad.
La jueza consideró que la suspensión es una medida dentro de los parámetros de gravedad.
“También se ordenó pasarlo a otro lugar. Su expediente administrativo va a quedar manchado, y esto tiene implicaciones para reconocimientos o para cambiar de puesto”, añadió Arias.
