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Hay cinco colegiales en un parque. Una muchacha que habla por celular camina cerca de ellos. Uno de los menores incita al resto a robarle el teléfono y su billetera.
Cuatro están decididos a hacerlo; uno lo duda, pero sabe que, si no lo hace, será “criticado” por el resto de su vida colegial. Accede. La golpean y asaltan. La Policía los detiene y, en un abrir y cerrar de ojos; aquel muchacho que no quería ser reprochado por sus “amigos” está frente a un juez, a punto de ser condenado por robo agravado.
Esa es una escena ficticia, pero es más común de lo que se podría pensar. La mayoría de menores que son detenidos, son acusados por cometer delitos contra la propiedad, principalmente asaltos, según una estadística del 2009 al 2014 de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil.
Hace siete años, 1.227 menores fueron acusados por estos hechos delictivos, mientras que en el 2014, fueron 1.459.
Razones. Mayra Campos, fiscala adjunta, aseguró que en lo que más incurren los jóvenes es en robos simples y agravados. Los hurtos no son tan comunes, indicó.
Campos relacionó el comportamiento de los adolescentes con “una serie de problemas de carácter estructural”. “El tema de la inequidad social hace que exista una gran posibilidad de comisión de delitos por parte de menores”.
Carmen Ureña, jueza penal juvenil de San José, consideró, en cambio, que se trata del “consumismo propio que estamos experimentando y no así de una inequidad social”. Lo anterior, porque, según dijo, en muchos casos, los papás sí pueden satisfacer las necesidades básicas de los jóvenes. Son muy pocos los casos en los que un imputado vive en pobreza extrema.
“Cuando hacemos allanamientos para detenerlos, nos encontramos en la casa dos pantallas y hasta la antena satelital. Hay que diferenciar la pobreza del descuido”, expresó.
Consideró, además, que los adolescentes siempre quieren sobresalir entre sus pares y, a veces, creen que si roban de forma ocasional, lo lograrán. “Quieren empoderarse. Piensan que son fuertes y que pueden hacerse de las cosas de una forma fácil. Son jóvenes que nunca aprendieron ni tuvieron límites”, señaló.
Apuntó que los menores tienen la “idea errónea” de que, por su edad, no pueden ser sentenciados a una pena de prisión. Esto, pese a que la Ley Penal Juvenil ya cumple 20 años.
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró, en una entrevista dada en enero, que la Sección Penal Juvenil ha percibido un aumento en la comisión de delitos en esta población.
Hasta este viernes, 49 menores estaban recluidos en la cárcel Centro de Formación Juvenil Zurquí, en San Luis de Santo Domingo de Heredia, según el Ministerio de Justicia.
Se intentó conocer los delitos cometidos por esa población, pero al cierre de edición no se había obtenido el dato.
Ligados a crímenes. Además de los robos simples y agravados, los menores son acusados por delitos contra la vida; es decir, por homicidios, tentativas de homicidios, lesiones y agresiones con armas, entre otros.
Por estos hechos, 609 jóvenes fueron señalados en el 2014, mientras que hace siete años fueron 761, según la Fiscalía.
Pese a esa disminución, la jueza penal Ureña aseguró que percibe un repunte en denuncias por asesinatos en las que un adolescente es el imputado. “Se ha perdido el respeto hacia el semejante y eso no es solo en la materia juvenil. Ya no hay sensibilidad. Importa más un celular, un par de tenis, que la vida de alguien.
”La rebeldía hace que, primero, los jóvenes cometan un delito y que después quieran experimentar otra cosa que implique más adrenalina.
”Se tornan más violentos hasta que enfrentan una causa por homicidio”, lamentó, al tiempo que dijo que no ha detectado que tengan un modo específico de operar.
La fiscala adjunta Campos, por el contrario, mencionó que, en la mayoría de casos, los jóvenes participan en compañía de uno o varios adultos.
“No tenemos un análisis que nos permita determinar la razón, pero, por experiencia, sí sabemos que nuestros niños replican la conducta de los adultos y, si se vive donde la violencia es normal, los menores no van a entender que están cometiendo un hecho incorrecto”.
Campos mencionó que, en la mayoría de casos, los adolescentes hacen este tipo de “trabajos” de forma ocasional; no pertenecen a un grupo criminal.
La Nación intentó obtener una versión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre posibles acciones que se puedan tomar ante esta situación, mas no se obtuvo respuesta.
Drogas. Los jóvenes también infringen la ley de psicotrópicos. En el 2009, 91 menores fueron acusados por este delito; hace dos años, fueron 55.
La disminución obedece a que, en el 2011, el Ministerio Público emitió una circular, la cual hizo que se dejara de registrar en las fiscalías cuando a un menor le decomisaban droga para consumo personal.
Es decir, la Policía detiene al muchacho, le comisa la mercadería; este es presentado ante la Fiscalía y, cuando esa dependencia comprueba que es para autoconsumo, se remite al PANI.
“No significa que no estén ingresando jóvenes a quienes se les decomisa droga; lo que pasa es que no ingresa como delito, sino que implica un abordaje terapéutico”, concluyó Campos.
