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“Yo conozco a una persona que es muy activa, está involucrada en actividades, es empresaria, tiene casas de alquiler; sin embargo, el hijo parece que está algo alterado, nervioso, entonces la ha agredido físicamente. ¡Ponga a esa madre a declarar! No lo hace”, dice enfática Virginia Pérez, con la fuerza que les permiten a sus palabras, sus 83 años de vida.
La anciana, una economista pensionada, está sentada en una banca, separada por una pared del salón en el que decenas de adultos mayores, representantes de instituciones y de organizaciones, intercambian ideas sobre cómo promover los derechos de la población adulta mayor y evitar el creciente maltrato.
Y es que los números hablan por sí solos: las agresiones contra los ancianos se duplicaron durante los últimos tres años.
Al menos esa es la conclusión que permiten los registros de la Sección de Estadística del Poder Judicial con base en las denuncias presentadas ante las fiscalías.
En el 2010, la cifra de infracciones a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor –con base en la cual se denuncian los casos–, fue de 680, en el 2011 subió a 939 y el año pasado alcanzó los 1.335 registros.
Entre las agresiones, hay maltrato físico, psicológico, explotación y otras formas de abuso registradas como “infracciones a la ley”. Los ataques físicos llevan la delantera en cantidad de denuncias en los tres periodos.
Los expertos en el tema alaban que las quejas toquen la sede judicial, pero aseguran que muchas más son las agresiones que se mantiene ocultas.
“Hay una invisibilización casi generalizada, de tal forma que esa cantidad de denuncias debe ser un porcentaje bajísimo de los casos que se presentan”, aseguró Isela Corrales, de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco).
Luego agregó: “Lo común no es que la gente mayor denuncie, lo común es que permanezca en situaciones de abuso y maltrato en sus hogares, en los centros (...). Los principales abusadores son los miembros de la misma familia; entonces hay una situación de manipulación afectiva que imposibilita que la persona denuncie”.
Según datos de Ageco, en el 2012 se recibieron 1.367 quejas de ancianos en diferentes instancias.
Entre tanto, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) reportó 1.361 denuncias en ese periodo por diferentes tipos de afectaciones. Entre enero y mayo de este año, ya había 484 quejas en esa institución.
Cada quien por su cuenta. Mientras las estadísticas judiciales crecen en agresiones físicas y psicológicas, a las organizaciones llegan más las quejas por abandono, abuso patrimonial e institucional.
“Me sorprende que no haya de denuncias judiciales de abuso patrimonial, que es cuando la persona es despojada de sus bienes, usualmente por la vía de la manipulación”, explicó Corrales, quien, a la vez, lamentó la carencia de una entidad que reúna los diversos esfuerzos en esta área.
Corrales es una de las voces que la semana pasada participó en el seminario Avances y desafíos de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas Adultas Mayores , el cual se realizó en el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (Icaes), en Coronado.
En ese encuentro también estuvieron representantes de la Defensoría de los Habitantes y, principalmente, decenas de adultos mayores como doña Virginia Pérez. “La gente piensa que el adulto mayor no tiene criterio para tomar decisiones, y no es así. Todavía podemos opinar y aportar”, señala la economista.
