La Fiscalía de Fraudes y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves a una notaria y a un traductor durante seis allanamientos relacionados con un fraude con tierras en el cantón de San Carlos.
Se trata de Gabriela Alejandré Sáenz, de 44 años, apresada en su casa en San Juan de La Unión, Cartago, y Jaime Jarquín Zárate, de 50, vecino de Pataste de Guatuso, en Alajuela.
El italiano Michel Popeo, investigado por el mismo fraude registral que afecta a 20 fincas en San Carlos –con un total de 527 hectáreas–, aún no aparece y las autoridades le siguen la pista.
Los detenidos fueron indagados por dos hechos en los que se les atribuyen los delitos de falsedad ideológica, asociación ilícita, usurpación, uso de documento falso y estafa. La Fiscalía adelantó que pedirá prisión preventiva.
Primer caso. Los dueños de dos fincas en Sabalito de Monterrey (San Carlos) denunciaron que Popeo alega ser el nuevo dueño.
El italiano, al parecer, se presentó el 31 de mayo, acompañado de varias personas, a una de las propiedades que está registrada a nombre de Ganadera Paraíso Monterrey S. A., de 142 hectáreas, y desalojó a los peones e intimidaron con armas de fuego.
Por su parte, la Sociedad Ganadera Monterrey Ltda., dueña de otras 162 hectáreas en la misma zona, denunció que también le quitaron los inmuebles mediante fraude, pero no los invadieron. Este expediente es tramitado por aparte en la Fiscalía de Pavas.
Los apoderados de ambas sociedades aseguraron haber sido removidos de sus cargos, sin ellos autorizarlo, nombrando en su lugar a Popeo como el nuevo representante. Este movimiento registral se realizó con una escritura del notario Rubén Rojas Castillo.
El OIJ allanó ayer la vivienda de Rojas, en Heredia, pero no lo detuvo pues el profesional había alegado ante las autoridades que desconocidos le habían sustraído el papel y las boletas de seguridad.
Con los documentos que lo respaldaban como apoderado, Popeo acudió a una notaria, de apellido Picado, para que traspasara las 304 hectáreas a una mujer, pero, antes de que este movimiento quedara formalizado en el Registro Nacional, los dueños legítimos lograron poner los bienes a nombre de otras sociedades, para protegerlos.
Otro más. El segundo hecho investigado fue encausado por los representantes de la sociedad Laughing Río Cote, dueña de 223 hectáreas distribuidas en 16 fincas ganaderas en Cabanga de Guatuso.
Ellos relataron que fueron removidos de la sociedad sin su consentimiento, con un acta falsa de la asamblea de socios que fue protocolizada por la notaria Alejandré.
Luego, se nombró a Michel Popeo y al costarricense Gerardo Daniel Contreras Ramírez como los nuevos apoderados. Este último, tampoco ha sido localizado.
Después, el italiano se presentó ante un notario de apellido Solís, en Ciudad Quesada, para pedirle que constituyera una hipoteca por ¢60 millones sobre las 16 fincas, préstamo que había gestionado ante prestamistas. En este acto, Jarquín Zárate figuró como testigo y como traductor de Popeo.
Los acreedores aseguraron que Jarquín Zárate fue el comisionista que los puso en contacto con el extranjero para negociar el préstamo, el cual nunca les pagó.