Maritza García verá a su hijo de 12 años, graduarse de la escuela a fin de curso. Hace cuatro meses no se imaginaba que esto hubiese sido posible porque desde hace dos años descuenta una pena de ocho años de prisión.
A ella la condenaron por meter droga en un centro penal. Según dice, lo hizo cuando fue a visitar a otro hijo suyo en la cárcel Adulto Joven. Un sujeto se le acercó para obligarla a meter un paquete bajo la amenaza de que, si no lo hacía, matarían a su hijo.
Como García tiene a su madre enferma y a su hijo menor (de 12 años) solo lo vio tres veces durante los dos años de encierro, ella fue seleccionada para dejar la cárcel por la reforma a la Ley de Psicotrópicos.
Ahora debe firmar una vez al mes en un juzgado y hacer 520 horas de trabajo comunal repartiendo comida en la ciudadela León XIII, de Tibás.
Actualmente, plancha ropa ajena y una hermana suya le paga para cuidar a la madre de ambas, quien padece osteoporosis. Con el dinero que recibe, se ayuda para mantener a sus hijos.
“Cuando me dijeron que iba a salir de la cárcel, me temblaba el cuerpo; lloré mucho”, expresó.
El mayor sacrificio de haber dejado la prisión es que, entre las condiciones que el juez le impuso, está el no acercarse a ningún centro penal, y uno de sus hijos aún se mantiene recluido.
“Yo no lo puedo ver, no lo puedo acariciar ni besar. Todos los días hablamos por teléfono. Mi satisfacción es que le cocino todos los sábados, y los domingos alguien le lleva lo que le preparé”, relató la mujer.
Para ella, la cárcel implicó una enseñanza muy fuerte. “Aprendí que no le puedo decir que sí a todo, que tengo una vida por delante. Tengo hijos y un nieto maravillosos. Aprendí que mi familia está dispuesta a estar conmigo y quiero educar a mi hijo menor por el buen camino”, afirmó.
Actualmente no está estudiando, pero en El Buen Pastor logró cursar hasta el noveno, así como llevar cursos de manualidades, bordado y costura, con lo que también obtiene ganancias.