El plan de brazaletes electrónicos para reos que se pretende implementar en el país, comenzará a funcionar con 200 imputados, a partir del próximo año.
Ocho firmas fueron seleccionadas para que presenten sus propuestas técnicas, así como el costo financiero del diseño e implementación del procedimiento de monitoreo para personas en conflicto con la ley.
El uso de la pulsera o tobillera electrónica servirá en un plan piloto como alternativa a la prisión preventiva. Posteriormente, permitirá sustituir la pena de cárcel fijada en sentencia.
La firma ganadora deberá poner en marcha el sistema, aportar los dispositivos, instalar un centro de monitoreo en un edificio de la Policía Penitenciaria y capacitar al personal de Adaptación Social, que se encargará del proyecto junto con los técnicos de la consultora.
Invitaciones. Las ocho compañías invitadas son IAFIS, 3M-Grupo Visión-Energía Andina-SPC Telecentinel, Celsur Engineering-STOP, Trackgroup, Fénix Global, Supercom Ltda., Corrisoft y Telerat, las cuales tienen hasta el 24 de agosto para presentar sus ofertas en sobre cerrado.
Los participantes deberán incluir un plan de trabajo de 18 meses, de los cuales cuatro serán para el diseño, instalación y prueba del sistema y, al menos, 14 meses para la implementación del seguimiento de personas.
Las ofertas serán evaluadas por un comité, con una distribución de un 70% para la propuesta técnica y 30% el precio. Si la iniciativa técnica supera una nota de 80, pasa a la evaluación de la propuesta financiera; en este caso, se ponderará como mejor nota la del precio más bajo.
Al final, los puntos de ambas propuestas se suman y se escoge la que obtenga la mejor nota.
Gonzalo Elizondo, coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inclusión Social, explicó que en octubre esperan adjudicar la propuesta. No obstante, dos oferentes pidieron más tiempo para presentar sus ofertas, lo que se analiza.
La Unidad tiene reservados $1,5 millones para los brazaletes. Luego de esto, el Ministerio de Justicia asumirá el proyecto con presupuesto ordinario.
Especificaciones. El sistema de monitoreo debe ser integrado con radio frecuencia o posicionamiento global (GPS). El plan piloto será utilizado en la Gran Área Metropolitana y en los circuitos judiciales de San José.
El sistema estará regulado por la Ley sobre Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal. La norma, aprobada en octubre del 2014, establece que en un año debía funcionar para indiciados y sentenciados.
Además, señala que le corresponde al juez imponer o revocar el monitoreo de las personas.
En el monitoreo intervienen psicólogos, abogados y trabajadores sociales de Adaptación Social, así como técnicos de la consultora, para que el usuario cumpla con sus obligaciones. Ese equipo será el encargado de operar el sistema, ya que por ley no lo puede hacer la empresa privada.
La firma debe entregar como productos el sistema de monitoreo, centro de monitoreo, reglamento, manuales de procedimientos y protocolos de actuación, capacitación, divulgación y sensibilización y el sistema de control de calidad.