EscucharLa ubicación de 7.070 armas de fuego inscritas para ser utilizadas por empresas de seguridad privada, es todo un misterio.
Así lo reveló un informe de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, el cual resaltó que ese armamento fue registrado antes del 2013, por 707 empresas, las cuales, con el paso de los meses, desaparecieron.
Roberto Méndez Retana, director de Seguridad Privada, explicó que funcionarios de esa dependencia han realizado ingentes esfuerzos por localizar dichas compañías, pero ha sido imposible ubicar las oficinas desde las cuales podrían estar operando.
Advirtió de que, en caso de que se hayan trasladado, estas firmas tampoco comunicaron el cambio del domicilio, como lo exige la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados N.º 8.395.
La preocupación de las autoridades es el destino de esas armas, entre las que hay pistolas 9 mm, revólveres calibre 38 y escopetas 12, pues podrían haber pasado a manos del hampa.
“Necesito saber dónde están, si están denunciadas como robadas, si están en manos de alguien. No tengo inconveniente de que algún empresario haya vendido las armas a una armería, pero hay que saber en qué manos están”, afirmó Méndez.
El funcionario agregó que, en conjunto con la Dirección de Armamento de Seguridad Pública, ya lograron verificar la situación irregular de 280 empresas (de las 707), por lo cual se presentaron las denuncias ante el Ministerio Público.
El objetivo es que los dueños o los directivos de esas sociedades expliquen a las autoridades judiciales qué hicieron con las armas. Todavía falta por recoger información para denunciar a otras 427 firmas.
Poner orden. Méndez, quien tiene tres meses como jefe de la Dirección de Seguridad Privada, detalló que, al revisar cómo estaba operando la vigilancia privada, se encontró, además, con que hay cientos de compañías que aparecen como morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras que operan con la licencia vencida.
Añadió que, según datos de la Caja, del Registro Nacional y de la entidad que dirige, en Costa Rica funcionan 1.543 empresas de seguridad privada, de las cuales solo 605 están debidamente inscritas en la Dirección. Señaló que 707 no están localizables y otras 231 contaron con autorización, pero la licencia se les venció hace más de tres años y no la renovaron. El funcionario dijo que a esas 231 firmas se les dio un plazo hasta el 15 de junio, para que se pongan a derecho o se les sancionará con una multa.
Respecto a la morosidad con la Caja, Méndez afirmó que hay más de 500 empresas con deudas.
Agregó que se logró que 18 sociedades llegaran a arreglos de pago. Empero, aseguró que hay casos más delicados, incluso uno con denuncia penal.
Eric Koberg Herrera, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), consideró muy conveniente que se aplique la legislación en esta materia.
“Hay personas que están contratando a empresas que no tienen los permisos. El hecho de aparecer como patrono en la Caja y estar en el Registro Nacional no las autoriza a prestar el servicio, el cual contiene un alto componente de riesgo y responsabilidad”, expresó el empresario.
Koberg manifestó que, en el país, más del 60% de la venta de servicios de vigilancia es informal. Añadió que esta labor la realizan empresas que incumplen con las jornadas de trabajo, con los salarios y que, además, no pagan las cargas sociales.
