Escuchar
Las críticas no se hicieron esperar tras la presentación, el pasado jueves, de la Política Nacional de Aprovechamiento Sostenible del Camarón.
Liderada por el Ministerio de Ambiente (Minae) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), la nueva directriz fue rebatida por pescadores artesanales y organizaciones ambientalistas.
“Salió una directriz apoyando a un sector de poder, que es el de pesca de arrastre, mientras que a la pesca artesanal, que es la bandera con la que todos siempre lloran, la limitan a un nivel de espectador, al igual que a los sectores académico y ambiental”, declaró Marco Quesada, director de Conservación Internacional (CI).
Según Gustavo Meneses, presidente de Incopesca, la política se derivó de una consulta realizada entre octubre y noviembre del 2014, en la que participaron 292 personas de los sectores pesqueros, academia y grupos ambientales.
“Ese proceso estaba apenas iniciándose, no llegamos a ninguna posición de consenso”, manifestó Jorge Jiménez, director de la Fundación MarViva.
Sin embargo, para Roy Carranza, dueño de un barco camaronero, el trámite fue inclusivo y lo que se busca es regular la pesca. “Ellos (los artesanales) lo que quieren es enredar la cosa”, aseguró.
Sin embargo, la falta de consenso no es la única crítica.
A esta nueva normativa se le atribuye falta de sustento técnico que demuestre la reducción de la pesca incidental (captura de especies que no son el objetivo), requisito fijado por el fallo de la Sala Constitucional en el 2013, resolución N.º 2013-010540, para reactivar la entrega de licencias de pesca de arrastre, la renovación de las vencidas o la reactivación de las inactivas.
Los camaroneros semiindustriales emplean la técnica del arrastre, la cual consiste en lanzar una red que es sostenida por dos palas (una a cada lado del barco). Con ayuda de pesos, esta red “barre” el suelo marino para capturar el recurso.
Para Gustavo Meneses, presidente de Incopesca, la directriz sí responde a la necesidad de ordenar la pesca de camarón a la luz de lo dicho por la Sala IV. No obstante, 13 organizaciones ambientales no están de acuerdo.
Sostenibilidad. El viceministro de Aguas y Mares del Minae, Fernando Mora, dice que esta política aproxima al país a una zonificación de esta pesquería.
Para reducir la captura de otras especies, los barcos camaroneros se comprometieron a usar excluidores de peces y tortugas. “En conjunto, estos evitan el 70% de la fauna acompañante y solo dejan la pesca objetivo, que es el camarón”, aseguró Roy Carranza, quien representa al sector semiindustrial de arrastre.
Sin embargo, Marco Quesada, director de Conservación Internacional (CI) en Costa Rica,dijo: “Comprometerse a usar el excluidor es como si yo me comprometiera a ser un conductor responsable y detenerme en los altos. ¿El ofrecimiento es apegarse a la ley? No entiendo cómo un proceso de ocho meses termina en eso”.
Jorge Jiménez, director de la Fundación MarViva, fue más allá y estimó que es científicamente imposible que la pesca de arrastre no conlleve un alto porcentaje de pesca incidental, la cual, según esa organización, alcanza el 80% del total de lo capturado.
Con el fin de garantizar la sostenibilidad, la política establece el respeto a las zonas de veda y un incremento de esos períodos, que pasarían de cuatro a seis meses.
“La veda es para proteger el desove del camarón y, en un estuario como el golfo de Nicoya, ese desove está vinculado al patrón de corrientes. Es una buena idea, pero no he visto evidencia de que las vedas se sustenten científicamente”, enfatizó Quesada.
Otro punto de choque surgió porque la nueva normativa habla de un alejamiento de la costa por parte de los barcos de arrastre, a partir de los 15 metros de profundidad. Como la plataforma continental en el Pacífico es tan irregular, dependiendo del lugar, esos 15 metros se traducirían en un distanciamiento entre 800 y 2.000 metros de la costa.
Carranza explicó que la pesca de arrastre usa el criterio de profundidad y no de distancia.
“Desde el punto de vista técnico, es dificilísimo implantar límites basados en profundidad”, criticó Jiménez. “Necesitamos tener límites basados en coordenadas, porque los barcos no tienen puntos de referencia y se basan en radar y brújula”, añadió.
Para Carranza, esa medida tiene otros aspectos positivos, pues los artesanales están autorizados a utilizar trasmallos para pescar camarón, y con ese equipo solo pueden faenar hasta los ocho metros de profundidad.
“Eso quiere decir que estaremos distanciados por siete metros más. Con esto, se dejaría un área de amortiguamiento”, comentó el camaronero.
Las poblaciones de camarones podrán recuperarse porque, con el compromiso de los artesanales y semiindustriales, se dejaría de pescar en los criaderos ubicados en las desembocaduras de ríos y en las zonas de manglar.
Como la política pretende ordenar esta pesquería, también le pide a los artesanales que utilicen artes de pesca autorizadas (trasmallos, no rastras), respetar las vedas y desembarcar especímenes con tamaños superiores a la talla de primera madurez.
El nuevo plan además incluye el asunto de los controles, desarrollando un programa de observadores a bordo, quienes serían inspectores de Incopesca encargados de monitorear las capturas, descartes y el cumplimiento de las regulaciones.
“Es una buena idea, aunque compleja por el tamaño de la flota nacional. Debe haber una cobertura del 100% de observadores que sean imparciales y reporten absolutamente toda la captura”, resaltó Quesada.
Según Meneses, ya están diseñando ese programa, con ayuda de la organización centroamericana Ospesca. El mismo estará orientado a dos pesquerías: camarón y atún.
No obstante, Incopesca enfrenta el reto de falta de personal. Actualmente cuenta con 128 funcionarios, incluido su presidente, de los cuales, el 60% se dedica a tareas administrativas.
Ante la falta de personal, se le preguntó al director del Incopesca si pedirían una excepción a la prohibición del Ministerio de Hacienda de contratar nuevo personal en el Poder Ejecutivo, Meneses dijo: “Se realizará lo que sea necesario”.
Asimismo, los barcos camaroneros de arrastre se comprometieron a usar dispositivos de localización satelital. “Se va a saber dónde está el barco y qué está haciendo. No tenemos por qué escondernos. Estamos claros en el arte de pesca, en cómo lo trabajamos y cuáles son las regulaciones”, manifestó Carranza.
Todas las medidas que establece la nueva directriz dependen de la voluntad de los pescadores para cumplirlas.
Esto, estima Quesada, plantea un reto de fiscalización.
“Las medidas voluntarias son positivas, pero no veo cómo estas se convierten en una directriz. ¿Quién va a vigilar que se cumplan? Y, si no se cumplen, ¿qué pasa?”, cuestionó el director de CI.
En construcción. El presidente de Incopesca indicó que el documento es propositivo, aún abierto a sugerencias. “Razones tenemos todos, pero las soluciones las tenemos que buscar en conjunto”, declaró ante las críticas.
Según estipula la misma directriz, en tres meses sería presentado un proyecto de ley para el ordenamiento de la pesca de camarón y la generación de empleo, donde se establecerán regulaciones de acatamiento obligatorio.
En un plazo de medio año, Incopesca y el Minae trabajarán en una estrategia para el aprovechamiento sostenible del recurso, la cual partirá del compromiso de los diferentes sectores.
Para Mora, la idea detrás del ordenamiento del camarón es demostrar que sí se puede conservar teniendo la dimensión social como centro de la política pública. “Queremos hacer del sector camaronero un ejemplo para otras pesquerías”, enfatizó.
Asimismo, el viceministro agregó: “Queremos fomentar un sector pesquero fuerte que vaya de la mano, por supuesto, de la conservación de nuestros recursos en su aprovechamiento y uso racional, que se garantice también una mejor estadística para poder tomar decisiones y construir instrumentos de política pública a largo plazo”.
Social. La urgencia de esta directriz está dada por la situación socioeconómica que aqueja a las comunidades costeras, con unos 14.000 pescadores artesanales y más de 3.000 empleados en las embarcaciones de camarón, dijo Mora, quien explicó que, aparte de la conservación del recurso, se busca garantizar su aprovechamiento para generar empleo y reducir la pobreza en las costas.
El fallo de la Sala IV agravó la ya delicada situación socioeconómica de Puntarenas. Entre 2014 y 2019 vencerán 50 licencias de arrastre que no podrán ser renovadas, mientras el año pasado ya se les vencieron los permisos a seis barcos y entre 2015 y 2016, le pasará lo mismo a dos más. En el 2017 serán 17 y un año después caducarán 22. Las últimas tres licencias hoy vigentes se vencerán en el 2019.
En cada barco camaronero trabajan seis personas, eso quiere decir que 300 personas perderán su empleo entre 2014 y 2019.
El sector semiindustrial se solidarizó para no despedir a las tripulaciones de los barcos cuya licencia ya venció . “Estamos haciendo reacomodos y ahora lo que tenemos son tripulaciones rotativas”, detalló Carranza.
En cuanto a las embarcaciones, estas se deterioran en los muelles, sin posibilidad de reconvertirlas para otro uso. “Habría que desarmarlas para volverlas a armar y en muchos casos, eso es mucho más costoso que comprar una nueva”, explicó el representante de ese sector camaronero.
A eso se suman las personas que trabajan en las plantas procesadoras, dedicadas a pelar camarones silvestres (no cultivados).
La normativa presentada la semana anterior propone trabajar en el diseño de un modelo de reconversión productiva para aquellos barcos cuya licencia expire en 2015 y 2016, el cual pueda ser replicado por otros en el futuro próximo.
Por su parte, los pescadores artesanales reclaman que las autoridades privilegian al sector arrastre, mientras ellos siguen en la pobreza y aducen que los barcos camaroneros de arrastre realizan una pesca desleal, porque al capturar otras especies aparte del camarón, los dejan sin esos recursos.
“El Incopesca no tiene capacidad de controlarlos, descargan en cualquier playa entre 3.000 y 6.000 kilos de pescado escama (especies no objetivo), incluso pargo que no llega a 300 gramos que nosotros llamamos ‘llaverito”, comentó el pescador artesanal William Carrión.
Aunque entienden los objetivos de la política, las organizaciones ambientales difieren en las medidas que contiene.
“La raíz de este problema no es una sentencia de la Sala IV. Entiendo el argumento de Incopesca de paliar la pobreza, pero presentan acciones que no se ligan con el origen del problema, que es la sobreexplotación del recurso”, comentó Quesada.
“No hay sustento técnico, lamentablemente es un sustento meramente ideológico en el sentido de que los pobres tienen derecho a accesar recursos sin importar el impacto que eso produzca. Esa es una visión cortoplacista que solo ayuda a aumentar la espiral de miseria que viven nuestras costas y no viene a resolver el problema”, puntualizó por su parte Jiménez.
