Más de un centenar de pescadores artesanales de Guanacaste, Golfito, Puntarenas centro y Aguirre se manifestaron la mañana de este jueves junto con ambientalistas en la Asamblea Legislativa, para oponerse al proyecto de la "Ley para el ejercicio sustentable de la pesca Semiindustrial Camaronera en Costa Rica".
Esa iniciativa busca contrarrestar un fallo de la Sala Constitucional que llevará al cese paulatino de esa la pesca arrastrera.
De acuerdo con Jorge Jiménez, director de la organización MarViva, la pesca de arrastre tiene 50 años en el país y ha llevado al colapso la pesca de camarón que antes generaba 5.000 kilos por año y actualmente no genera ni 1.000 y más aún, va en detrimento de la pesca artesanal que hoy no captura ni el 50% de lo que hacía hace 10 años.
Estima que del 80 al 90% de lo que queda en las redes camaroneras son peces pequeños que luego se tiran sin vida al mar.
Sobre la intención de los arrastreros, de colocar un dispositivo que permita escapar a los peces de las redes, Jiménez afirmó que lamentablemente en Costa Rica no hay estudios sobre las bondades de ese sistema y recordó que la Sala IV dijo en un voto reciente que cualquier medida tenía que tener respaldo cientifico.
Atribuyó a influencia política, el hecho de que un pequeño grupo tenga a punto de discusión en el plenario un proyecto que pareciera tener el apoyo de Casa Presidencial, porque fue convocado a sesiones extraordinarias, donde el Ejecutivo es el que dispone la agenda.
"Fue enviado a la Comisión de Asuntos Puntarenenses el 5 de febrero y hace dos días se presentó en el plenario. Pocos proyectos han tenido un trámite tan expedito y sin consultar a los involucrados", dijo Jiménez.
Añadió que solo se consultó a la Universidad de Costa Rica (UCR) y esa institución se opuso.
Recordó que el proyecto surgió luego de que la Sala Constitucional prohibiera el otorgamiento de nuevas licencias a barcos de arrastre o la renovación de las mismas debido a los daños que provocan en el ambiente marino.
Afirmó que si el proyecto se aprueba en la Asamblea tendrá que ir a consulta a la Sala IV y confía en que los magistrados hagan las consultas del caso y constaten que la propuesta no resuelve el daño ambiental que los motivó a cesar la renovación de licencias a los 40 barcos arrastreros.
Actualmente 39 de esas embarcaciones faenan, ya que solo a uno se le venció la licencia el mes pasado y llevará unos seis años el vencimiento del resto.
Camaroneros reaccionan. Gaudy Marín, representante de los empresarios que usan barcos con redes de arrastre, dijo que respeta la marcha porque todos tienen derecho de externar su pensamiento, pero no comparte la protesta al estimar que el sector camaronero tiene derecho al trabajo.
Indicó que muchas familias, principalmente en el centro de Puntarenas dependen del camarón y que la Sala IV cercenó el derecho al trabajo de esas familias que no tienen de que vivir.
"Es gente sin escolaridad con poca capacidad para insertarse a la fuerza laboral, porque Puntarenas no tiene fuentes de empleo", acotó.
Agregó que organizaciones ambientalistas como MarViva y Pretoma lo que hacen es dividir al sector que depende del mar.
Marín dijo que es falso que no haya regulación a sus faenas, ya que han cedido zonas de hasta ocho brazadas desde la orilla, tienen vedas y usan excluidor de tortugas. "Además ya estamos implementando el excluidor de peces", agregó.
Añadió que en Puntarenas hay mucha incertidumbre por el futuro de esta pesca y que si pasan al sector artesanal se va a encrementar mucho ese grupo.
Sobre los peces que las redes atrapan y se tiran luego al mar dijo que se trata de una especie llamada Chinilla, que no es comercializable.
Indicó que en cada barco hay seis pescadores que dependen de la actividad y que además hay transportistas, comercio, mecánicos, buzos y rederos que dependen de las faenas camaroneras.
Dijo que están dispuestos a regulaciones en aras de la sostenibilidad, pero no a que se juegue con su trabajo.
Añadió que empresas como Talmana en Puntarenas da empleo a muchas mujeres jefas de hogar que están fuera de la prostitución y la venta de drogas debido a la oportunidad de empleo que les brida el sector camaronero.