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La tala ilegal en Osa (Puntarenas) y en la provincia de Guanacaste ensombrece, en parte, los esfuerzos de reforestación que pretenden aumentar a un 60% la cobertura forestal del país para el 2018.
Actualmente, Costa Rica posee una cobertura forestal del 52,4% del territorio y una deforestación del 3%.
Este último porcentaje se ve compensado por acciones que promueven la siembra de árboles. Por ejemplo, el Programa por Pago por Servicios Ambientales (PSA) del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) ha logrado proteger un millón de hectáreas de bosque y la siembra de 40 millones de árboles, desde 1997.
Aunque los números totales son favorables, el país aún lidia con la tala ilegal. Osa y Guanacaste son las zonas afectadas por falsificación de documentos y el comercio ilegal de especies, como el cocobolo. El problema se da incluso en las áreas silvestres protegidas.
“Estamos siendo objeto de una tala ilegal, nocturna y totalmente clandestina, que tiene todos los visos de que son mafias las que manejan esa tala. Ya se capturaron dos bandas organizadas que se dedican a eso”, declaró el ministro del Ambiente, Édgar Gutiérrez, a La Nación .
El jerarca se refirió a este problema en el marco de las celebraciones del centenario de la promulgación del Día del Árbol , las cuales tuvieron lugar ayer lunes en el Parque Nacional, con la siembra de un roble sabana.
Medidas. Como medidas para luchar contra la tala ilegal, Gutiérrez aseguró que trabajan en la reestructuración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para dar respuesta a los casos.
Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) cuenta con los lineamientos de la Política nacional forestal 2014-2018 .
“La Política viene a darnos un poco más de dientes para combatir la ilegalidad. Ya hay todo un plan en contra de la tala ilegal y el tráfico de especies; lo que necesitamos es dotar de mayores recursos, tanto monetarios como personal, al Sinac”, dijo Gutiérrez.
El compromiso es que, entre el 2016 y el 2018, se contará con 362 nuevas plazas, las cuales se pagarán con el presupuesto ordinario de la institución. Esto será paulatino: los primeros 150 puestos están previstos para el 2016.
La Política también orientará los esfuerzos de reforestación, para que estos no solo se enfoquen en extensión, sino también en la calidad de la plantaciones.
“Por ejemplo, el PSA se ha estado dando por extensión. A partir de ahora, empezará a darse por calidad también. Si los propietarios que están sembrando árboles no cuidan las plantaciones y estas no crecen, no se les pagará el servicio ambiental”, afirmó Gutiérrez.
“Tiene que haber una demostración de que, efectivamente, hay crecimiento, porque lo que queremos es una buena inversión de los recursos públicos para que, a mediano y largo plazo, esto dé réditos a la producción de madera. Eso, en cuanto a plantaciones; lo que es conservación es otra cosa”, continuó el ministro.
Aunado a esto, la nueva política forestal pretende reactivar la producción de madera, como forma de dinamizar la economía y crear empleos.
Actualmente, las plantaciones forestales cubren el 1,5% del territorio nacional y producen el 73% de la madera registrada por el Sinac, según el Reporte estadístico forestal 2013.
El comercio legal de madera genera alrededor de $85 millones al año. Esto, solo por su venta; a esa cifra habría que sumarle los empleos directos e indirectos, así como otros beneficios sociales y ambientales asociados, como almacenamiento de carbono.
“En el pasado teníamos una tradición de plantar árboles y producir madera. Actualmente, estamos importándola, principalmente madera suave de pino, una madera que no tiene la durabilidad de las maderas propias del país”, manifestó Gutiérrez.
