EscucharLilliam Artavia Ávila es una mujer usuaria de silla de ruedas que, en marzo del 2020, tuvo que hacerse cargo de sus dos sobrinos, de 12 y 17 años de edad, luego de que su hermana, Miriam Artavia Ávila, fuese asesinada y su cuerpo apareciera en la vía pública en Golfito, Puntarenas.
Ella asegura que durante tres años su familia estuvo abandonada por el Estado, hasta que en marzo del 2023 el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) aprobó darles una asignación familiar de ¢132 mil mensuales por el sobrino menor. Sin embargo, este mes de enero recibió la noticia de que le rebajarían a ¢109 mil el depósito.
La situación de su familia es complicada: ella recibe una pensión del régimen no contributivo, debido a que vive con una discapacidad desde los 14 años; su esposo no tiene un trabajo estable, sino que labora en jardinería y construcción cuando tiene la oportunidad. Adicionalmente, en febrero deben costear los uniformes y útiles escolares de su sobrino, que ya tiene 15 años.
“A mí sobrino le ayudaron hasta tres años después de que murió mi hermana, el caso lo habían abandonado, lo retomaron porque metió mano el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu)”, recalcó la mujer de 43 años.
Estos rebajos aplicados por el PANI afectarán a 4.651 menores de edad que viven en hogares de acogida.
Las reducciones a las asignaciones familiares del PANI comenzaron en diciembre. Tanto Lilliam como Óscar Morera, padre de otra víctima de femicidio (Eva Morera, asesinada en el 2019) confirmaron a La Nación que el 21 de diciembre funcionarias del Patronato comunicaron a las familias beneficiarias que no recibirían depósitos extraordinarios por concepto de gastos de la época navideña, como usualmente se hacía.
“Cuando nos llamaron a nosotros para una reunión, la trabajadora social aclaró eso, que no nos darían lo de diciembre ni la ayuda de enero para útiles escolares, dijeron que eso se salía de sus manos, que eso venía desde afuera (de San José)”, declaró Artavia.
Normalmente Lilliam utilizaba el depósito mensual del PANI para comprar la comida y costear la manutención de su sobrino. Sin embargo, en enero y febrero, tendrá que pagar ella misma la subsistencia del menor, para destinar los ¢109 mil de cada mes a los preparativos para la entrada al colegio.
El pasado lunes 22 de enero en el programa radial Nuestra Voz, la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, justificó el recorte al programa de acogimiento familiar y aseguró que, debido a limitaciones económicas, debían decidir entre rebajar el monto del subsidio, o limitar la cobertura y atender a menos niños.
“Y rebajar la cobertura no es una opción para la institución”, argumentó Garza.
La decisión del Patronato ha provocado el rechazo de las organizaciones dedicadas a la protección de la niñez.
El 17 de enero una serie de organizaciones que integran la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes comunicaron su preocupación debido a los recortes aprobados por el Gobierno de la República y la junta directiva del PANI.
Esta mesa de trabajo está integrada por la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), los colegios profesionales de Psicología, Orientación y Trabajo Social, y las organizaciones Aldeas Infantiles SOS, Fundación Paniamor y World Vision.
Dichas entidades criticaron que los recortes realizados implican que no se abrirán nuevos cupos para asignaciones familiares en el 2024, de manera que aumentará la lista de espera de menores de edad que podrían estar bajo el cuido de una familia en lugar de un albergue o casa de cuido.
También disminuyó el monto de la asignación para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que pasará de ¢158 mil a ¢123 mil al mes.
“Yo le dije a ellas (las demás cuidadoras de menores) que si nosotros no levantamos la voz, el otro año nos van a quitar un poco más, y el siguiente otro poco más y cuando nos demos cuenta, ya no nos van a dar nada. Es muy difícil sobrevivir con menos plata”, criticó Artavia.
