El proyecto de ley 23.809 impulsado por diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN) no obligaría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a realizar operaciones de reasignación de sexo o mutilaciones en menores de edad sin la autorización de los padres, como afirmó el presidente Rodrigo Chaves.
El pasado 6 de marzo, en conferencia de prensa, un periodista consultó al mandatario su opinión sobre el proyecto sobre “terapias de conversión” propuesto también por la bancada frenteamplista. Chaves manifestó su oposición a la iniciativa y sostuvo que el FA se ha caracterizado por proponer proyectos “contrarios a los valores de los costarricenses”, citando de inmediato el expediente 23.809.
“Proyectos como el de la diputada Priscilla Vindas de obligar a la Caja a hacer mutilaciones de menores de edad, obligar a la Caja a dar cambios de sexo sin la aprobación de los padres, eso son posiciones ideológicas extremas que yo no comparto”, aseguró el gobernante.
En realidad, la propuesta de ley para el reconocimiento de identidades trans, no binarias y de género diverso e intersex, presentada en 2023, tiene como objetivo permitir a las personas trans, no binarias o de género diverso modificar su nombre y sexo ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a partir de los 12 años.
El proyecto establece que el Ministerio de Salud deberá diseñar e implementar políticas públicas, así como crear un protocolo de atención específico para estas personas, incluyendo a menores de edad. Las medidas incluyen el acceso a tratamientos hormonales adaptados a la salud de cada individuo, así como a bloqueadores hormonales, pero sin referirse a las cirugías de reasignación de sexo.
La diputada Vindas, principal proponente de la iniciativa, calificó de “irresponsables y violentas” las declaraciones del mandatario. Aseguró que el expediente busca únicamente administrar bloqueadores hormonales.
“Estos son pastillas que se administran a personas, incluso niños o niñas, que empiezan a desarrollar a una edad temprana. No tiene ningún efecto adverso, es completamente reversible; lo único que hace es retrasar el desarrollo para que una persona que empieza a desarrollar y pueda tener dudas sobre su identidad de género, pueda trabajarlo de una manera más pausada y no tenga que lidiar con el desarrollo físico que conlleva la pubertad”, explicó la frenteamplista.
“No estamos obligando a la Caja a otorgar terapia hormonal a menores de edad, ni muchísimo menos estamos hablando de un tema tan grave y delicado como la mutilación en menores de edad. Me parece una irresponsabilidad, por parte del presidente. En lugar de tender puentes, busca cada vez más crispar el ambiente político”, añadió.
Menores de edad
El expediente 23.809 propone que los menores de edad puedan llevar a cabo un proceso de rectificación de identidad con el expreso consentimiento de uno de sus representantes legales, ya sea el padre, la madre, o quien ejerza la responsabilidad parental.
En caso de que ningún representante legal del menor brinde su consentimiento, el menor deberá referirse al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para que este garantice su derecho a la rectificación.
La propuesta establece que los trámites deben ser gratuitos, expeditos, simplificados y de carácter personal. No es necesario que un notario realice la gestión en nombre de la persona.
Respecto a los requisitos, se deben seguir los siguientes pasos:
- Presentar una petición oral o escrita, ya sea personalmente o a través de un tercero, en el caso de menores de edad.
- Indicar el género y nombre con el que la persona desea identificarse.
- Brindar el consentimiento informado, el cual será suscrito por la persona interesada.
- En el caso de personas extranjeras, la solicitud deberá realizarse ante la Dirección General de Migración y Extranjería.
Por otra parte, el texto establece que el Estado no podría exigir certificados de cirugía de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal, así como constancias psicológicas, de estado civil o similares para realizar el trámite.
El procedimiento de cambio de nombre sería confidencial, por tratarse de un dato sensible, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
De aprobarse la iniciativa, el Registro Civil ajustaría la certificación de nacimiento, la cédula de identidad, la tarjeta de identidad de menores, o bien, el documento de identidad, para personas extranjeras.
El proyecto fue presentado el 22 de junio de 2023 e ingresó en el orden del día de la Comisión de Derechos Humanos el 21 de setiembre. Desde entonces, no se ha discutido de nuevo.
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