Escuchar“Que absolutamente se observarán la Constitución y leyes que promulgue el Imperio Mexicano, en el firme concepto de que en la adopción de este plan consiste la felicidad y verdaderos intereses de esta Provincia”
Tan peculiares palabras fueron plasmadas en el artículo segundo del Acta de Independencia de Costa Rica, suscrita en la ciudad de Cartago el 29 de octubre de 1821 y por parte de los 28 integrantes de la llamada Junta de Legados de los Ayuntamientos. Entidad que se había conformado unos pocos días antes con representantes de los principales cabildos del entonces todavía territorio colonial costarricense para determinar su futuro político.
Así, al cumplirse en enero del presento año las dos centurias desde que Costa Rica y México concatenaron sus destinos políticos, se describen los diversos factores, personajes y especificidades que acaecieron en esa coyuntura histórica, la cual, además, significó la primera actuación de nuestro país a nivel internacional tras su reciente emancipación respecto de la corona española.
El imperio mexicano
La lucha insurgente mexicana por su autonomía inició el domingo 16 de septiembre de 1810, cuando los habitantes del poblado de Dolores (Guanajuato) se levantaron en armas contra la autoridad española, siendo durante la próxima década y bajo distintos liderazgos, cuando dicha rebelión armada experimentó un importante punto de inflexión.
En efecto, para 1820, el entonces coronel mexicano Agustín de Iturbide A., fue nombrado para derrotar a los soliviantados en la región sureña mexicana, cuyo líder era el arriero Vicente Guerrero. No obstante, Iturbide coligió la imposibilidad de ganar dicho conflicto, por lo que pactó con Guerrero para unir sus ejércitos contra los españoles, firmando así el conocido Plan de Iguala (febrero, 1821).
Documento el anterior que, entre otros aspectos, estipuló la futura conversión de México en un imperio tras su separación de España. Hecho acontecido siete meses después, cuando las tropas de Guerrero e Iturbide ingresaron victoriosas a Ciudad de México, firmándose el 28 de septiembre la denominada Acta de Independencia del Imperio Mexicano.
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Casi de seguido y siempre bajo el Plan de Iguala, se instauró una Junta Provisional Gubernativa (primer órgano político de la historia mexicana independiente) y un Consejo de Regencia. Órgano este último creado para ejercer el poder real interino hasta la coronación del futuro rey mexicano y cuya máxima autoridad fue depositada en Iturbide, lo cual traería inconmensurables consecuencias para México y la lejana región colonial de Costa Rica.
El reino suprimido
Una de las primeras decisiones que Agustín de Iturbide tomó como líder del Consejo de Regencia mexicano, fue remitir una carta al adyacente territorio de Guatemala para que, tanto este, como sus antiguas circunscripciones, se incorporasen al recién creado Imperio Mexicano. Invitación que implicaba una serie de calculados intereses y premeditados desconocimientos.
Así, desde el siglo XVI, la corona española había creado el llamado Reino de Guatemala, el cual abarcaba la parte sur del entonces Virreinato de Nueva España (cuya capital precisa era Ciudad de México), siendo la zona fronteriza más austral de ambas entidades la denominada Provincia de Costa Rica.
Tres siglos más tarde y tras la emisión de la Constitución de Cádiz (1812), dicho reino guatemalteco fue derogado y separado del virreinato de cita (también suprimido), creándose la Provincia de Nueva España, la Provincia de Guatemala y la Provincia de Nicaragua-Costa Rica, cada una con autonomía respecto de las demás y solo sujetas a la corona española. Modelo fenecido en 1814 y restituido en 1820 tras restaurarse la constitución referida.
Sin embargo, hubo todavía otro aspecto adicional. Ya que, para 1821, se fundó la Provincia de Chiapas, la Provincia de Comayagua y la Provincia de San Salvador (todas escindidas de la Provincia de Guatemala), siendo ese el panorama político-territorial concomitante a la independencia de México.
Nuevas realidades
Una vez conocida la emancipación mexicana, Chiapas fue el primer antiguo territorio guatemalteco en independizarse (8 de septiembre), seguido, ese mismo mes, de la propia Guatemala (día 15), San Salvador (día 21; futuro El Salvador), Comayagua (día 28; posterior Honduras) y Nicaragua (11 de octubre).
Mientras que, en lo referente a Costa Rica, ello acaeció el ya citado lunes 29 de octubre. Fecha en la que, como ya se indicó, la Junta de Legados de los Ayuntamientos consideró que la unión con el Imperio Mexicano era la decisión más conveniente para con los intereses del novel territorio autónomo costarricense.
De seguido, se instauró la ahora Junta de Legados de los Pueblos (12 de noviembre), a lo interno de la cual se aprobó, el 1° de diciembre, el llamado Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia (primera Constitución Política de nuestra historia independiente). Misma fecha en la que la dirección política del país fue asumida por una Junta Interina.
Dos semanas después (18 de diciembre), la Junta Interina remitió una primera carta formal a Agustín de Iturbide para comunicarle los objetivos de Costa Rica para con la eventual unión de ambos territorios. Empero, pocos días después, sucedieron varios hechos inesperados.
La unión formal
Para el momento en que Agustín de Iturbide se comunicó con Guatemala para plantear su conjunción con México (19 de octubre, 1821), también, de modo intencional, incluyó en su propuesta a los otrora territorios del Reino de Guatemala, desconociendo la supresión de dicha entidad en 1820 y el nuevo status autonómico que poseían las entonces provincias resultantes de ello.
Al respecto, las autoridades guatemaltecas (partidarias de la unión con México) consultaron a numerosos cabildos de las otras provincias sobre dicha propuesta, siendo que, tras recibir respuestas a favor y en contra, dichos dirigentes guatemaltecos adoptaron la decisión unilateral de unir a todo el antiguo Reino de Guatemala al Imperio Mexicano (5 de enero, 1822), lo cual ocasionó obvias disensiones en varias regiones del istmo por tan atrevido actuar.
Empero, lo anterior no tuvo consecuencias en Costa Rica, puesto que, desde diciembre de 1821, sus principales cabildos se habían decantado por el vínculo con México. Así, ese mismo 5 de enero, la Junta Interina fue sustituida por una Junta Electoral, cuyos miembros (con facultades constituyentes) modificaron el Pacto de Concordia (10 de enero), cuyo nuevo primer artículo estipulo: “La Provincia de Costa Rica está decidida a su unión con el Imperio Mexicano y enviará a las Cortes de México, el Diputado o Diputados que se le señalen y se sujetará a la Constitución que aquel Soberano Congreso establezca”.
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Desde el 13 de enero, la Junta Electoral fue sucedida por una Junta Superior Gubernativa en la que se escogieron los dos diputados de Costa Rica para el primer Congreso Constituyente mexicano (instalado el 24 de febrero). Designio que, el 10 de marzo, recayó en los sacerdotes José F. de Peralta y L. (propietario) y José A. Alvarado B. (suplente), ambos residentes en Guatemala.
Mientras que, en paralelo, la ya referida Junta Provisional Gubernativa que regía en México designó al presbítero costarricense Florencio del Castillo (residente en suelo mexicano desde 1814) como diputado interino de nuestro país (22 de marzo), hasta que el sacerdote de Peralta pudiese asumir el cargo.
El fin abrupto
Tras dirigir al Consejo de Regencia por ocho meses, Agustín de Iturbide consiguió que el Congreso Constituyente de su país lo designase como Emperador de México con el título de Agustín I (mayo, 1822), lo cual desató fortísimas oposiciones internas y exógenas.
Así, en lo que respecta a Costa Rica, a lo largo de 1822 surgieron oposiciones contra el nexo con México, tanto por la megalomanía de Iturbide como gobernante, así como por la desatención a las petitorias que se le dirigieron para formalizar el vínculo entra ambas naciones. A lo cual se agregó su ilegitima decisión de disolver al Congreso de cita (octubre) y crear en su lugar una Junta Nacional Instituyente (noviembre), en la que, dicho sea de paso, el Presb. de Peralta se mantuvo como legado de Costa Rica, aunque nunca viajó a México para asumir como tal.
Ya desde enero de 1823, una segunda Junta Superior Gubernativa asumió la dirección política de Costa Rica, pero varias de sus decisiones a favor del Imperio Mexicano desataron nuevos rechazos contra ello, siendo en febrero y tras varias manifestaciones públicas, cuando el ambiente político se tensó de sobremanera.
Por lo anterior y por primera vez en nuestra historia, se convocó en marzo a un Congreso Provincial para definir el futuro político de Costa Rica, en cuyo interior se conformó una comisión de cinco diputados para que se pronunciasen sobre el nexo con México. Órgano que determinó la inconveniencia de mantener dicha unión, por lo que el Congreso Provincial la disolvió el 8 de marzo, tras poco más de catorce meses de vigencia.
Secuelas históricas
El omnímodo modo en que Agustín de Iturbide fungió como emperador de México ocasionó una rebelión en su contra bajo el nombre de Plan de Veracruz (diciembre, 1822), a la que siguió una todavía más virulenta sedición en su contra conocida como el Plan de Casa Mata (febrero, 1823).
Episodios armados que concatenaron no solo a sus antiguos acólitos, sino también a múltiples oficiales imperiales que demandaron la inmediata defenestración de Iturbide y la supresión de sus autoritarias decisiones. Así, éste se vio obligado a restaurar al Congreso Constituyente (4 de marzo), clausurar a la Junta Nacional Instituyente (6 de marzo) y, finalmente, dimitir el 19 de marzo, lo cual, además, implico la desaparición del Imperio Mexicano después de dieciocho meses de existencia.
Misma fecha exacta la anterior en que, por histórica coincidencia, el Congreso Provincial de Costa Rica derogó al Pacto de Concordia y puso en vigencia al denominado Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica, cuyo texto se erigió entonces en nuestra tercera Constitución Política.
Empero, las consecuencias del vínculo entre Costa Rica y México no fenecieron en esa coyuntura. Ya que, apenas unos días más tarde, las ciudades de Cartago y Heredia se soliviantaron para exigir el inmediato regreso de nuestro territorio al Imperio Mexicano (29 de marzo), desconociendo obviamente que dicha entidad había sucumbido diez días antes. Ante lo cual, las ciudades de San José y Alajuela se coaligaron para repeler dichas intenciones.
Así, la llamada Guerra de Ochomogo originó el primer Golpe de Estado y la primera Guerra Civil en suelo costarricense, pero ello, por supuesto, es parte de otra de las fascinantes páginas de nuestra historia.
El autor es profesor de la Cátedra de Historia del Derecho de la Universidad de Costa Rica.
