En medio de la creciente ola de asesinatos, narcotráfico, delitos sexuales, estafas, corrupción en la función pública y denuncias por la destrucción ambiental, el Ministerio Público, como órgano acusador del Estado, está desbordado. En la vorágine de casos, apenas tiene 667 fiscales para atender todo el país, lo cual da una idea de las decenas que, en promedio, atiende cada uno.
Eso es sumamente peligroso para la confianza pública en el Poder Judicial, pues con tan poco personal, el riesgo de cometer errores se incrementa y redunda en que más juicios puedan concluir en absolutorias. La situación se torna más crítica si se sopesa que la delincuencia es cada día más poderosa y sofisticada para burlar las investigaciones.
Este escenario de precariedad obliga a que los diputados independientes analicen el estado de situación de la Fiscalía en las discusiones para aprobar el presupuesto nacional del 2025. Es vital consultar al fiscal general, Carlo Díaz, las necesidades más urgentes para tratar de solventarlas y, así, evitar el socavamiento de la credibilidad en la justicia debido a omisiones o yerros en la conducción de los casos.
De los 667 fiscales, 483 son auxiliares a los que corresponde el trámite de los casos que, a agosto, ascendían a 63.915 en todo el país, es decir, 132 causas en promedio por cada fiscal auxiliar. Sin embargo, hay despachos que llevan hasta 600 expedientes. En tanto, otros 144 fiscales se encargan de representar al Ministerio Público en los juicios, lo cual también es poco con respecto al volumen y complejidad de debates que afrontan. No se pueden ignorar las renuncias, que son muchas, ni las incapacidades o la rotación de personal.
Frente a un Ministerio Público saturado, las estadísticas no paran de crecer. Las denuncias por delitos sexuales pasaron de 14.126 en el 2022 a 24.911 en el 2023; ni se diga de los delitos informáticos, cuyas pérdidas solo para clientes bancarios de San José alcanzaron ¢9.000 millones en 31 meses, o los 640 asesinatos en lo que va del año (17 semanales).
De no tomar medidas, nos encaminamos a un colapso institucional, donde la justicia, lejos de ser un pilar de la democracia, podría convertirse en una herramienta disfuncional incapaz de sancionar a los delincuentes.
El equipo del fiscal general, Carlo Díaz, está diezmado ante los miles de casos que deben atender debido al aumento en la delincuencia. Por la credibilidad en la justicia, urge reforzar el número de fiscales para que logren enfocarse en las causas que dirigen. Foto: John Durán.
Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, una maestría en Periodismo.
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