Boston (EEUU), 16 oct (EFE).- Abogados de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes y la arquidiócesis católica de Boston se enzarzaron hoy en una disputa sobre si los damnificados respaldan el acuerdo de indemnización de 85 millones de dólares.
Uno de los abogados que negoció el acuerdo dijo hoy que se ha logrado el 80 por ciento de respaldo requerido entre las 552 víctimas que denunciaron abusos, casi todos ocurridos cuando eran menores, en la archidiócesis.
Una vez alcanzado ese umbral del 80 por ciento, se abre la vía para que cada víctima reciba entre 80.000 y 300.000 dólares en función de la gravedad y duración de los abusos que sufrieron, en una decisión que deberá tomar un mediador.
El abogado Roderick MacLeish declaró hoy a la prensa que el mediador le comunicó que ya se ha alcanzado el nivel de aprobación del 80 por ciento entre las víctimas.
La firma legal de MacLeish representa a 235 de esas víctimas.
Sin embargo, la arquidiócesis de Boston negó que se haya superado ese umbral.
"Frente a varias informaciones públicas, el número de demandantes que hasta ahora han aceptado el acuerdo no ha llegado al 80 por ciento", señaló un portavoz de la arquidiócesis, Chris Coyne, en un comunicado, aunque no descartó que pueda ocurrir "en un futuro inmediato".
El acuerdo se anunció el pasado 9 de septiembre, tras unas duras negociaciones que se zanjaron tras la intervención personal de Sean O'Malley, nuevo arzobispo de Boston.
O'Malley asumió el cargo a finales de julio e inmediatamente puso en marcha una política de conciliación con las víctimas y sus representantes legales.
El nuevo arzobispo sustituyó al discutido Bernard Law, quien tuvo que dimitir tras un nuevo escándalo acerca de cómo su jurisdicción eclesiástica transfirió durante décadas a los curas acusados de abusos sexuales y violaciones, pero sin retirarles de sus funciones religiosas.
A menudo, los sacerdotes acusados eran destinados a puestos en los que seguían trabajando con niños, y tras nuevas denuncias eran trasladados de nuevo, pero sin poner en marcha medidas en su contra. EFE
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