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La nueva ley antitabaco prohibirá que las personas fumen en las terminales de buses y trenes, en unidades de transporte público, en cajeros automáticos y en el trabajo.
Además, impondrá un impuesto de ¢20 por cada cigarrillo que se venda en el país. Un 60% del dinero recaudado se girará a la Caja Costarricense de Seguro Social para el “diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades asociadas al tabaquismo”.
Ayer, con 46 votos a favor y cuatro en contra, los diputados aprobaron en primer debate la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud.
Los cuatro votos en contra corresponden a los diputados del Movimiento Libertario, Adonay Enríquez, Ernesto Chavarría, Marielos Alfaro y Damaris Quintana.
Marielos Alfaro, una de las congresistas que no apoyó el proyecto, dijo que la norma incluye algunas prohibiciones que se impusieron “con muy buena voluntad”, pero que podrían rayar en la inconstitucionalidad.
“El fumar es lícito en este país, fumar no es ilegal, entonces, en todo lo concerniente a publicidad y promoción se establecieron normas que rozan con la constitucionalidad”, alegó la libertaria, quien confiesa que es asmática y nunca ha fumado.
Aun así, alega que sus observaciones pretenden defender los derechos de los fumadores y lograr un equilibrio con los que no fuman.
En la otra acera, la diputada María Eugenia Venegas, del Partido Acción Ciudadana y una de las propulsoras del proyecto, dijo estar “muy contenta” por la aprobación en primer debate.
Además, calificó como “un error” que su compañera Rita Chaves, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), anunciase que llevará el proyecto a consulta de constitucionalidad. Para lograrlo, necesita diez firmas de diputados.
Por lo pronto, Marielos Alfaro dijo que firmaría dicha consulta, si se concreta.
Anoche se intentó conocer el criterio de los responsables de la Tabacalera Costarricense, pero sus voceros aseguraron que hasta hoy se pronunciarían.
Ya desde la ley de control del tabaco de 1995 no se autorizaba el consumo de cigarrillos en centros de salud y en entidades educativas.
En el tema de difusión, el artículo 12 de la norma prohíbe “cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados.
Del impuesto por cada cigarro, que según cálculos del Ministerio de Salud será de ¢68.000 millones al año, además del 60% que irá a la CCSS, otro 20% será para la cartera de Salud, 10% para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y otro 10% para el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).
La ministra de Salud, Daisy Corrales –quien estuvo ayer presente durante la votación–, se mostró satisfecha por el impuesto, pues la Caja invierte ¢58.000 millones en la atención de afectados por enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
