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Los suscritos, como es de conocimiento público, hemos sido objeto de acciones penales por supuesta difamación en perjuicio de una persona jurídica por parte de la empresa Industrias Infinito S. A., conjuntamente con dos diputados de oposición, en relación con algunas aseveraciones hechas públicamente entre 2009 y 2011 respecto de su proyecto ubicado en la localidad de Las Crucitas.
En el caso de Edgardo Araya Sibaja, se trata de declaraciones brindadas a medios de prensa nacionales. En el caso de Jorge Lobo Segura y de Nicolás Boeglin, dichas aseveraciones resultan de las extraídas de un documental presentado en la Facultad de Derecho de la UCR el 14 de junio del 2011 titulado El oro de los tontos , y disponible en YouTube.
A diferencia de los señores diputados Manrique Oviedo y Claudio Monge, la empresa nos ha honrado con una acción civil resarcitoria por un monto de ¢500 millones a cada uno de nosotros por considerar que estas manifestaciones constituyen “un ataque contra su reputación, buen nombre y probidad comercial”, tal como rezan estas tres demandas.
En las audiencias de conciliación a las que asistimos con nuestros abogados a finales del año pasado, los abogados que representan a la empresa querellante en estos procesos, propusieron conciliar los litigios mediante una retractación de nuestra parte. Cada una de estas audiencias de conciliación se realizó de manera separada ante un juez, y cada una de las tres concluyó con una negativa de nuestra parte a cambiar cualquier palabra o expresión y a mantener lo dicho y expuesto, por lo que los jueces a cargo de expediente ordenaron señalamientos para los respectivos juicios orales y públicos.
El 2 de mayo del 2012, fecha de la audiencia para juicio en el caso de la demanda contra Edgardo Vinicio Araya, ninguno de los dos abogados que representan la empresa querellante se presentaron, aduciendo uno de ellos problemas de salud, el otro supuestas incompatibilidades con su nuevo cargo laboral en la misma empresa querellante. El pasado 28 de mayo, audiencia en la demanda contra Jorge Lobo Segura, nuevamente, las razones de salud impidieron el inicio de la audiencia y se mantuvo una supuesta incompatibilidad en el caso del otro representante legal. Esta misma conducta y razones impidieron la audiencia prevista el pasado 21 de junio contra Nicolás Boeglin en los tribunales de Goicochea.
Es de notar que si bien todos estamos sujetos a problemas de salud, el hecho de que de forma sistemática aparezcan estas dolencias para estas audiencias en tres acciones penales separadas, llama poderosamente la atención. De igual manera, el hecho de que una empresa como Industrias Infinito S. A. no haya presentado un abogado sustituto que la pueda representar en una audiencia pública ante un juez penal.
Pese a la importancia de los montos de cada una de estas acciones ($1 millón cada una) con los que la empresa minera canadiense evaluó los supuestos daños sufridos por ella y su imagen debido a nuestras declaraciones, los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos.
De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente.
Edgardo Vinicio Araya S. Abogado, Vicepresidente de la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA)
Jorge Lobo Segura Catedrático, Escuela de Biología, UCR
Nicolás Boeglin Profesor, Facultad de Derecho, UCR
