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Las modificaciones a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) están paralizadas, pese a que todos reconocen su urgencia, pues los diputados se centran en discutir el tema fiscal.
También está atrasada la designación del administrador, para un segundo período, del Fondo Nacional para el Desarrollo (Finade), uno de los tres que forman el SBD. El martes se publicó por segunda vez el cartel.
Los cambios a la Ley urgen, ya que el SBD no cumple sus objetivos y tiene recursos que no ha podido usar, según todos los diputados que analizan el tema.
La redacción del proyecto con las reformas se trasladará más allá de febrero del 2012 porque los legisladores de la comisión especial que ve el caso solicitaron ayer una prórroga de tres meses.
El actual período termina este 23 de noviembre, y el tiempo es muy corto para terminar la discusión y redactar la propuesta de reformas, dijeron Jeannette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Annie Saborío, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Esta es la segunda publicación, pues la primera se hizo el 30 de setiembre, pero el cartel fue impugnado por los bancos Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y Popular y de Desarrollo Comunal.
En general, se cuestionó la forma en que se autorizaba a usar fondos del SBD para pagar alquileres y otros gastos administrativos. La Contraloría acogió las denuncias y el Consejo Rector del SBD reestructuró el cartel, explicó Lucy Conejo, directora de la Secretaría Técnica.
Eso atrasa la designación del administrador para el segundo período de cuatro años. En el primero –a partir de mayo del 2008 hasta ahora– se le dio a Bancrédito.
La Ley establece que los bancos estatales, incluido el Popular, pueden concursar para administrar el Finade. Ahora hay tiempo hasta el 15 de diciembre para recibir ofertas, detalló Conejo.
Por eso, agregó, se requiere una mayor discusión y acercamiento de las propuestas para tratar de obtener un consenso.
Además, un nuevo elemento entró en la discusión hace unas pocas semanas. Se trata de las recomendaciones de una comisión de notables –un mecanismo contemplado en la Ley– que cuestionó las funciones asignadas tanto al Consejo Rector como a la Secretaría Técnica del Sistema.
El informe de ese grupo de notables se asemeja a las recomendaciones contenidas en el último informe
Los grandes temas en los cuales no hay consenso incluyen una manera de hacer operable el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD). Este es otro de los tres fondos y tiene $320 millones procedentes del 17% de las cuentas corrientes captadas por los bancos, que aún no se pueden utilizar.
Además, la definición clara de quiénes son los empresarios a los cuales se dirige el SBD y cómo usar el asesoramiento del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que exige la ley original.
