EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción formuló dos acusaciones contra 12 personas, entre funcionarios públicos y representantes del sector privado que figuran en el Caso Cochinilla. Este escándalo sobre el presunto pago de sobornos para la obtención de contratos de obra pública trascendió en junio del 2021.
A los implicados se les atribuyen los delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor. Entre los señalados hay funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de las constructoras privadas H. Solís y MECO.
Entre ellos, están Carlos Cerdas Araya (dueño de constructora MECO), y Mélida Solís Vargas (dueña de constructora H. Solís). También otras personas de apellidos Bolaños Salazar, González Carballo, Arce Alpízar, Naranjo Vargas, Abarca Quesada y Godínez Abarca, y a funcionarios y exfuncionarios del Conavi, identificados como Solís Murillo, Carmona Rivas, Meléndez Cerdas y Zúñiga Fallas.
Este proceso se sigue en el expediente 24-000130-1218-PE, el cual es un testimonio de piezas (expediente secundario) originado de la sumaria principal (19-000025-1218-PE). La Fiscalía explicó que se formularon dos acusaciones porque se imputan hechos distintos.
La Fiscalía explicó que la causa principal continúa bajo investigación en contra de al menos 67 personas más. “Si embargo, debido a la multiplicidad de hechos y personas investigadas, y en razón de que ya se contaba con prueba idónea para formalizar cargos en contra de los 12 imputados, fue que se logró concluir el expediente secundario”, argumentó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
También, la Fiscalía Anticorrupción notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para que decidan si quieren constituirse en querellantes. Ambas partes tienen tres días hábiles para informar a la Fiscalía Anticorrupción si desean presentar una querella y/o una acción civil resarcitoria, que busca el cobro de daños y perjuicios.
En caso afirmativo, disponen de 10 días adicionales para preparar los documentos necesarios. Una vez completados estos trámites, la Fiscalía Anticorrupción presentará el expediente ante el Juzgado Penal de Hacienda, solicitando la apertura de juicio.
Este caso se destapó en el 2021 y tuvo una investigación de dos años y medio por parte de los agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En aquel momento, la Policía Judicial logró determinar que funcionarios públicos involucrados en este caso, en apariencia habrían recibido dádivas tanto económicas como de otra índole, esto a cambio de favorecer a determinadas empresas y que fuesen escogidas para desarrollar proyectos de construcción.
En un principio, las autoridades judiciales también indicaron que una presunta malversación de fondos en el Conavi generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y parte del 2020, cifra que después resultó ser menor.
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Atrasos en tres años
Ya han pasado casi tres años desde que se hicieron allanamientos y han existido retrasos en lo que corresponde a la investigación.
Por ejemplo, en agosto del año anterior en la Asamblea Legislativa, Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que esa entidad carecía de recursos para contratar un software que le permita abrir celulares de alta gama que contienen información fundamental para importantes causas en marcha.
“Hay dos casos grandes, de interés estatal, sobre corrupción. Tenemos 500 celulares decomisados y están ahí, con información importante, pero no se pueden abrir, de momento”, aseveró el jerarca en la comisión legislativa de Asuntos Jurídicos.
A este caso le llamó Caso Cochinilla debido a que así se denomina a una plaga que se encuentra oculta en partes oscuras de las plantas y que poco a poco las daña, sin ser detectada fácilmente.
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