EscucharBUENOS AIRES (AFP) - La investigación de los crímenes políticos previos a la dictadura en Argentina y la posibilidad de que la ex presidenta Isabel Perón sea extraditada para que responda por ellos abrieron la primera polémica del año electoral entre el gobierno de Néstor Kirchner y la oposición.
Tres aspirantes a la presidencia, con vistas a la elección de octubre próximo, criticaron al gobierno y a los jueces por la investigación, que consideraron extemporánea y con más intención política que de hacer justicia.
Sus críticas se conocieron dos días después de que el propio Kirchner avalara la decisión judicial.
"Si los jueces entienden que hubo terrorismo de Estado desde antes del golpe militar de 1976, sus responsables también deberán ser juzgados. En la Argentina no puede haber impunidad para nadie", había dicho Kirchner el viernes.
El jueves, el juez Héctor Acosta, de San Rafael, en la provincia de Mendoza (oeste), había ordenado la captura internacional de la ex presidenta María Estela 'Isabel' Martínez de Perón, de 75 años, acusada por el secuestro y desaparición de un militante político en su gobierno.
La ex presidenta del período 1974-1976 fue detenida el viernes en Madrid, donde reside, y luego puesta en libertad provisional tras negarse a ser extraditada a Argentina.
Dentro del peronismo, donde el mandatario goza hoy de una influencia hegemónica, su posición sólo fue contradicha por un par de voces aisladas. Apenas el sindicalista Gerónimo Venegas y el ex gobernador de Corrientes (nordeste) Julio Romero defendieron a Isabel Perón. En cambio, la declaración presidencial levantó críticas en la oposición.
"La justicia, cuando no es en tiempo y forma, no es justicia. Me pregunto dónde estuvieron los jueces durante los últimos treinta años", dijo el diputado de centroderecha Mauricio Macri, líder de Compromiso para el Cambio.
Roberto Lavagna, por su parte, quien busca una alianza con socialdemócratas de la Unión Cívica Radical y disidentes del peronismo, opinó que el caso constituye "una maniobra distractiva del gobierno".
El ex ministro de Economía dijo que esa maniobra consiste "en el montaje de obras de teatro, con cuyas escenas seudojudiciales, incluyendo un intento de juicio político al propio peronismo, se pretende desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan la vida cotidiana".
"Se quieren tapar los aumentos de 35% en el gas, de 20% en la electricidad y de 22% en las prepagas (empresas de medicina por abono)", acusó.
La socialcristiana Elisa Carrió, fundadora de Afirmación para una República Igualitaria, declaró que tanto el juez Acosta como Norberto Oyarbide, el magistrado que investiga los crímenes políticos en la época de la ex presidenta, "siempre han sido protegidos" por el peronismo gobernante.
"Después de esta etapa de violencia tendrá que venir la paz sobre la base de la justicia y no de la venganza ni de las internas políticas del peronismo", sentenció.
© 2007 AFP
