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Censuran a empresas de los Figueres

Unidad les cuestiona acciones en proyectos hidroeléctricos

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Los diputados socialcristianos que participaron en la comisión que investigó la adjudicación de contratos de cogeneración eléctrica, repudiaron y censuraron, ayer, en su informe de labores, la relación del presidente de la República, José María Figueres con la empresa estadounidense, Energía Global Inc.

El dictamen fue emitido por los congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Hernán Bravo --exministro de Ambiente y Energía-- y Hernán Fournier --expresidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)--.

En su informe, concluyeron que se ha dado toda una serie de anomalías y actos no regulares en torno a ciertos proyectos de cogeneración eléctrica en los cuales "se hayan vinculados personeros y exfuncionarios de la administración del Presidente Figueres Olsen y la empresa norteamericana Energía Global Inc.".

Según los dos legisladores, "se logró constatar que varios miembros del gabinete del presidente Figueres no solo participaron activamente en la constitución de dichas empresas --de cogeneración eléctrica-- sino que, además, favorecieron a estas compañías directa e indirectamente en sus gestiones gubernamentales".

Los diputados socialcristianos de la comisión que investigó la adjudicación de contratos de cogeneración eléctrica, pidieron al presidente José María Figueres inhabilitar en el desempeño de cargos públicos al exministro, Bernardo Arce (izquierda).

Citaron el caso del exministro de Obras Públicas y Transportes --y también de Seguridad-- Bernardo Arce Gutiérrez por haber sido tesorero de la firma Energía Global de Costa Rica S.A.. También mencionaron a Douglas Loría, exasesor de Arce y exviceministro de Gobernación, por su papel como "accionista y notario de subsidiarias de Energía Global Inc.".

A las 6: 55 p.m., Bravo y Fournier entregaron su reporte, donde solicitaron la destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Silva Vargas, del exministro Arce Gutiérrez, del exviceministro, Loría Coto y de Hubert Méndez Acosta, Contralor del Ambiente.

En su caso, como en el del Ministro del Ambiente y Energía, René Castro, se le pidió al Ministerio Público indagar su responsabilidad por supuesto incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y otros.

Por su parte, los legisladores liberacionistas miembros de la misma comisión, Carmen Valverde Acosta y Luis Román Trigo concluyeron que no existió injerencia política por parte de miembros de los supremos poderes en el otorgamiento de contratos de cogeneración eléctrica.

En esta comisión también participó la diputada liberacionista María Lidia Sánchez, pero no firmó el dictamen de su partido por encontrarse fuera del país.

"Todos --los contratos de cogeneración autónoma o paralela-- se han realizado al amparo de las normas legales y fueron debidamente refrendados...", indican los liberacionistas. Su informe de labores --de 21 páginas-- fue entregado ayer, horas antes que el documento de 85 folios de los diputados socialcristianos.

Energía es...

Energía Global de Costa Rica es la empresa desarrolladora de los proyectos P.H. Don Pedro y P.H. Volcán 3X, establecidos en la zona de San Miguel de Sarapiquí y cuyos contratos con el ICE revisó la Contraloría General de la República.

El 14 de noviembre del año pasado, la entidad contralora rindió un informe en que cuestionó la participación del entonces ministro del MOPT, Bernardo Arce y de su asesor, Douglas Loría Coto, por gestionar ante el Ministerio de Ambiente y Energía un permiso de explotación del Tajo don Jaime, cuyos materiales se utilizaron en parte de la contrucción de la represa del P.H. Don Pedro.

Con sus acciones, según la Contraloría, supuestamente Arce y Loría pudieron haber violado la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos. Dos días después de darse a conocer esto, renunciaron a sus cargos.

Por su parte, Energía Global Inc., con oficinas en Massachusetts, participa con Energía Global de Costa Rica en los proyectos Don Pedro y Volcán 3X. José María Figueres, y varios de sus hermanos, José Martí, Mariano, Karen Cristina, Kirsten y Meta Shanon han sido accionistas de las dos últimas.

Informe

Los diputados Bravo y Fournier pidieron ayer que la Asamblea Legislativa censure públicamente, dentro y fuera del país, a la compañía norteamericana Energía Global Inc. por buscar "un predominio del mercado de la generación eléctrica mediante estrategias cuestionables ética y moralmente".

Asimismo, se insta al Poder Ejecutivo a destituir al ministro Rodolfo Silva por supuesto incumplimiento de obligaciones jurídicas al no impedir la explotacion del Tajo Don Jaime en favor de proyectos hidroeléctricos privados.

Se reclama la inhabilitación por diez años para solicitar concesiones o permisos de explotación minera a las compañías Agrícola Ganadera Don Jaime, José Cartellone Construcciones Civiles S.A., Don Pedro y Río Volcán.

Al conocer datos del informe del PUSC, el ministro Silva dijo: "Jamás oí estupidez más grande... La única explicación que uno tiene es que la politiquería ya está metida y entonces tratan de hacer daño...".

Anoche, el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, a quien se le pidió una reacción oficial sobre la alusión al Presidente de la República, sus familiares, ministros y exfuncionarios, declinó referirse al contenido del informe de los diputados del PUSC sin conocer en su totalidad los argumentos esgrimidos allí.

El Contralor Ambiental, Hubert Méndez, explicó que no conocía nada sobre lo que le achacan. Sin embargo, comentó: "Hasta ahora no encuentro ninguna razón posible para que hayan pedido esa inhabilitación...".

Se trató de obtener la declaración de Douglas Loría, de Bernardo Arce y René Castro, pero no se les pudo localizar.

Colaboraron en esta información Rónald Matute y Eliseo Quesada, redactores de La Nación.

Dictamen del PUSC

  • Conteo de reclamos
Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) expresaron, en el informe final de la investigación sobre los contratos de cogeneración eléctrica, su repudio a las actuaciones del presidente de la República, José María Figueres, por su la relación con la compañía norteamericana Energía Global Inc.

CONCLUSIONES GENERALES

Hubo una serie de "irregularidades" y "violaciones al marco jurídico vigente", el cual regula las concesiones y contratos de cogeneración eléctrica privada.

Incumplimiento por parte de la administración pública en el seguimiento y fiscalización de las concesiones otorgadas.

Supuestas irregularidades con proyectos de cogeneración eléctrica en las que vincula a personeros y exfuncionarios de la administración Figueres Olsen.

CONCLUSIONES ESPECIFICAS

Que la compañía norteamericana Energía Global Inc. (Energy Global Inc.) "ha estructurado toda una estrategia empresarial" para asegurar su "predominio" en el mercado de la generación eléctrica privada mediante planteamientos "cuestionables desde el punto de vista ético y moral" que se fundamentan en la creación de compañías, en forma conjunta, con los jerarcas de los gobiernos.

Que dicha estrategia "se pudo verificar" en nuestro país mediante la incorporación en la constitución de empresas de diversos funcionarios y exfuncionarios de la actual administración.

Que el Presidente de la República actuó como socio fundador, presidente de la Junta Directiva y es "copropietario" de la empresa Energía Global de Costa Rica S.A., junto con parientes suyos, a través de la Empresa Sociedad Agroindustrial San Cristóbal S.A.

Que miembros del Gabinete del Presidente Figueres pudieron haber favorecido a un grupo de empresas. Se citan, por ello, al exministro de Obras Públicas y Transportes Bernardo Arce Gutiérrez, junto a Douglas Loría Coto, quien fue exviceministro de Gobernación.

Bernardo Alfonso Arce Gutiérrez, como ministro del MOPT, gestionó un permiso de explotación de cauce público. Los materiales extraídos del tajo Don Jaime se emplearon --supuestamente-- en la construcción de los proyectos hidroeléctricos Don Pedro S.A y Río Volcán. Arce aparece en los registros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como representante legal de la primera empresa.

Que el actual ministro del MOPT, Rodolfo Silva Vargas, continuó gestiones para la explotación del tajo Don Jaime, en supuesto provecho de las empresas citadas.

Que la participación de ciertos accionistas costarricenses de las empresas subsidiarias de Energía Global Inc., que estaban en puestos de decisión en el Gobierno de Figueres, pudieron haber influido en la actuación de las instituciones estatales.

Se exhibe la forma en que el Presidente de la República, sus familiares y principales colaboradores de Gobierno han tratado de salvar los límites --que a nivel legal-- se establecen para la participación de las personas físicas y jurídicas en los proyectos de cogeneración eléctrica.

Dictamen del PLN

  • Todo en orden
Los diputados liberacionistas Carmen María Valverde y Luis Román, de la comisión especial encargada de investigar la adjudicación de contratos de cogeneración eléctrica, determinaron que no han existido anomalías en ese campo y, más bien, recomendaron medidas para incentivar la participación de capital privado.

Estas fueron sus conclusiones y recomendaciones expuestas en el dictamen de minoría que presentaron.

1. En la cogeneración eléctrica participaron muchos costarricenses y empresarios locales, entre ellos figuras de renombre nacional e inclusive un expresidente de la República.

2. La comisión no detectó ninguna clase de injerencia política, por parte de miembros de los poderes de la República, en el otorgamiento de los contratos de cogeneración eléctrica.

3. Luego de estudiar los contratos que se han establecido en nuestro país entre empresarios privados y el Instituto Costarricense de Electricidad, la comisión no encontró irregularidad alguna ya que todos se han realizado al amparo de las normas legales establecidas y fueron debidamente refrendados por el Servicio Nacional de Electricidad.

4. Se recomienda a la comisión especial mixta para analizar y dictaminar los proyectos de reforma del ICE, contemplar el estudio de los topes establecidos para la cogeneración eléctrica porque, si bien se han presentado solicitudes para desarrollar proyectos por 600 megavatios, no pueden ser aprobadas ya que el ICE, por ley, está limitado a comprar sólo el 15 por ciento del total de la electricidad que produce.

5. Se exhorta a la comisión antes citada para que estudie las posibilidades de que el ICE amplíe las alianzas estratégicas con el sector privado y garantice así al país la seguridad eléctrica, en vista de que estudios realizados por el Instituto han demostrado que, por sí solo, el ICE no podrá hacer la inversión necesaria en el futuro para el desarrollo de la generación eléctrica.

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