EscucharCuatro funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, quienes participaron en la compra de armas a Israel, son investigados por esa cartera a raíz de las diferentes anomalías detectadas en esa transacción por la Contraloría General de la República.
El caso fue confirmado por la ministra de Seguridad Pública, Laura Chinchilla Miranda ,quien señaló que muchas de las irregularidades halladas por el órgano fiscalizador ya habían sido detectadas por la auditoría interna de esa cartera.
La funcionaria prefirió no revelar la identidad de los funcionarios investigados, pero añadió que participaron en el proceso de empacar las municiones que fueron canjeadas con la Industria Militar de Israel (TAAS) y en el traslado de esos materiales hasta los contenedores.
Los investigados pertenecen a la Dirección General de Armamento y al Departamento de Activos del Ministerio de Seguridad Pública, según supo este diario.
Chinchilla dijo que la investigación está a cargo de tres funcionarios de ese Ministerio, y los resultados podrían estar listos en unos dos o tres meses.
Señaló que, dependiendo de los resultados, el caso podría ser enviado al Ministerio Público.
La Contraloría pidió investigar por las presuntas anomalías en la compra de armas a Israel, el pasado 20 de octubre, a los exministros Juan Diego Castro Fernández y Bernardo Arce Gutiérrez, a Oscar Albán Chipsen Jiménez, quien renunció el jueves al cargo de viceministro de Seguridad, y al exproveedor de Aviación Civil Jorge Arguedas Medina.
Fuentes de la Contraloría informaron que Castro se presentó en la mañana de ayer a esa dependencia a realizar una gestión ante el abogado y el auditor que dirigieron las investigaciones en torno a la compra de las armas. No se especificó el tipo de gestión.
Mientras tanto, el exministro de Obras Públicas y Transportes y de Seguridad Pública, Bernardo Arce, presentó un recurso de adición ante la Contraloría con el fin de que se le aclaren partes del informe sobre armas en que se le alude.
Por su parte, los diputados socialcristianos Bievenido Venegas y Alexánder Salas enviaron ayer una nota a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, en la que solicitan ampliar las investigaciones en torno al caso de las armas.
En opinión de estos congresistas, en el informe de la Contraloría no se indica el grado de responsabilidad del presidente de la República, José María Figueres, por lo que solicitan ahondar en este asunto.
Añaden que llama la atención que tampoco se mencione a Josefina Montero, funcionaria del Ministerio de Seguridad Pública y enlace con la Dirección General de Aviación Civil.
