![](https://www.nacion.com/resizer/v2/4GGEDYGQMVB2VM27UOXTTDIEZI.jpg?smart=true&auth=9cb4962bdc9591e1a0e36230dd4e825720c99018fba6a6e8aab5eab039f39475&width=640&height=480)
San José (Redacción). La Contraloría General de la República le abrió un procedimiento administrativo, tendiente a imponer eventuales sanciones, a 21 funcionarios y exfuncionarios públicos por el caso de la construcción de la trocha fronteriza 1856.
El proceso incluye a altos jerarcas como el viceministro de la Presidencia y comisionado antidrogas, Mauricio Boraschi; el viceministro de Seguridad, Wálter Navarro; y la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales,
De hecho, una funcionaria de la Contraloría llegó al Congreso esta mañana a notificar al exdirector del Conavi, Carlos Acosta Monge, así como a los funcionarios del Conavi, Miguel Ramírez y Manuel Serrano, cuando estos terminaron una comparecencia sobre el tema en la comisión de Gasto Público.
El proceso de la Contraloría también incluye al exministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez; la exviceministra de Obras Públicas, María Lorena López; la viceministra de Ambiente, Ana Lorena Guevara; y el exviceministro de Ambiente, Andrei Bourrouet Vargas.
También, se incluye a Juan Carlos Pacheco Romero, Roy Barboza Sequeira, José Villalobos Villalobos, Adolfo Ortiz Barboza, Orlando Esquivel Hernández, Mario Quesada Aguirre, Antonio Carvajal Abarca, Krysbell Ríos, Enrique Angulo Zeledón y Jorge Montero Cabezas.
Según el documento de notificación, las sanciones pueden ir desde una amonestación escrita hasta la separación del cargo.