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En agosto de 1954, la líder feminista Ángela Acuña expresó que con el sufragio femenino empezaba una nueva etapa para consolidar los derechos civiles y políticos de las mujeres:
“[...] la mujer, al obtener que la Constitución de un país haya incorporado en sus artículos el derecho al sufragio, no debe pensar que todo está al alcance de su mano: conquistado ese derecho es cuando empieza, en realidad, su labor efectiva en la conquista por la aplicación de principios jurídico-políticos que la beneficien o puedan beneficiarla en el futuro”. En Costa Rica, las mujeres lograron el derecho al sufragio como resultado de un arduo y prolongado proceso de luchas. A la vez, adquirieron su condición legal de ciudadanas, con derecho a ser postuladas y electas en cargos de elección popular.
La reforma que introdujo el voto femenino se produjo en el contexto de una profunda división política debida a la reciente guerra civil de 1948. Luego de este conflicto, el sector de la oposición encabezado por José Figueres tomó el poder y lo ejerció por 18 meses mediante una Junta de Gobierno.
Primeras votaciones. Al término de esa etapa, el 7 de noviembre de 1949 se aprobó una nueva Constitución, que incluía el voto femenino.
Durante el gobierno de Otilio Ulate (1949-1953), las mujeres ejercieron por vez primera el derecho al voto cuando sufragaron en unos comicios locales, realizados el 30 de julio de 1950, para definir la jurisdicción administrativa de dos distritos de la provincia de Alajuela.
Sin embargo, la primera participación femenina en elecciones nacionales se produjo en las realizadas el 26 de julio de 1953.
Por lo tanto, la campaña política de 1952-1953 tuvo características muy particulares por el contexto en el que se realizó, y también por el hito histórico de que las mujeres votarían por primera vez en las elecciones nacionales.
Las mujeres tenían la posibilidad de ser elegidas y de modificar así significativamente el escenario de la competencia político-electoral. De esta manera, el voto femenino se constituyó en un factor clave para que un nuevo partido político, Liberación Nacional, se consolidase electoralmente.
En la prensa de la época prevaleció la opinión de que las elecciones nacionales de 1953 transcurrieron en un clima de tranquilidad.
Sin embargo, ese proceso no estuvo exento de conflictos y limitaciones ya que era fundamental ofrecer información, cedulación e inscripción eficaces a las nuevas ciudadanas.
En ese proceso tuvieron un papel destacado líderes como Ángela Acuña (por el Partido Unión Nacional), Emma Gamboa (Partido Demócrata), y María Teresa Obregón, Ana Rosa Chacón y Estela Quesada (Partido Liberación Nacional).
Discriminación. La resistencia y las limitaciones habidas en la inscripción electoral de las mujeres, así como un claro sesgo discriminatorio, se evidenciaron en un artículo de protesta que escribió Acuña contra un planteamiento del diputado Eladio Trejos. Aunque sin éxito, ese legislador propuso que se incluyera una moción de reforma al Código Electoral en la que se estableciese que no era obligatorio que las mujeres se inscribieran en el registro de votantes.
Acuña declaró que no la sorprendía la posición antifeminista del diputado Trejos, “pero jamás pensamos que pretendiera echar por tierra parte de nuestras ventajas igualitarias [']. No hay argumento alguno que justifique tal diferencia. Por suprimirla, actualmente están luchando en el mundo de hoy miles de mujeres”.
Por otra parte, Juan Rafael Guzmán, abogado del Comité de Investigación Electoral, consideraba problemática la incorporación de las mujeres a las votaciones. En declaraciones dadas en julio de 1953, manifestó lo siguiente:
“Para la elección venidera del 26 de julio no aconsejo en ninguna forma, se sigan los sistemas indicados, porque la masa de MUJERES VOTANTES producirá un verdadero problema para todo cálculo, y muy difícil de abordar aplicando los métodos ya indicados, debido a la intervención del factor femenino, que es un verdadero enigma”.
Como resultado de los comicios de 1953, se eligió a tres diputadas (6,7% de un total de 45 congresistas), todas del Partido Liberación Nacional: María Teresa Obregón, Estela Quesada y Ana Rosa Chacón (había sido parte de la Liga Feminista).
La cuota. En 1986 se eligió siete diputadas, duplicando la cantidad de 1953 (12,3% del total de 57 parlamentarios). Por lo tanto, continuó prevaleciendo una marcada desigualdad en el acceso de las mujeres a los puestos de elección popular.
Debido a esa situación, en 1996 se aprobó la cuota mínima del 40%. Esto ejerció un impacto muy significativo en el aumento de la representación femenina en los cargos de elección popular, a partir de las elecciones nacionales de 1998 y de los comicios municipales del 2002.
En 1998 se eligió 11 diputadas (19,3 % del total), triplicando casi su cantidad con respecto a los resultados de 1953. Sin embargo, solamente en las elecciones del 2002 se logró un aumento importante en el acceso de las mujeres a los cargos parlamentarios y municipales.
Esa tendencia ascendente se explica en buena medida por las acciones de consulta que plantearon, ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), grupos organizados de mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y los partidos políticos, con el fin de que, por la vía jurisprudencial, el TSE interpretara los mecanismos de aplicación del sistema de cuota mínima.
Las resoluciones del TSE (1999 y 2001) declararon obligatoria la representación de las mujeres en puestos elegibles en un 40%, y que se aplicase el mecanismo de alternancia por sexo en las papeletas parlamentarias y municipales, y en las designaciones de las asambleas distritales, cantonales y provinciales de los partidos.
Así pues, en las elecciones del 2002 resultaron electas 20 diputadas (35% del total), duplicando casi su cantidad con respecto a 1998. Después, en los comicios del 2006 y del 2010 se eligió 22 diputadas, lo que supuso un 38,6% del total.
Aun más reducida fue la representación de las mujeres en los cargos municipales. En 1953 solo fueron elegidas 5 regidoras propietarias (2,1% del total), cifra que subió a 75 (13%) en 1994.
Desde la aplicación de la cuota mínima, la elección de las mujeres en los puestos de regidoras propietarias subió a 34% en 1998 y a 46,3% en el 2002. Sin embargo, por motivos que es necesario investigar, esa proporción descendió a 40,8% en el 2006 y a 38% en el 2010.
Paridad. Finalmente, el artículo 2.° del nuevo Código Electoral (del 2009) incluyó el principio de paridad: la obligación de los partidos de incluir un número similar de mujeres y hombres en los puestos de elección popular. Además, en todas las nóminas de elección debía aplicarse el mecanismo de alternancia por sexo. La ejecución de estas reformas se dará por primera vez en las elecciones municipales de hoy.
Información divulgada por el TSE indica que las mujeres tienen una representación del 49% en las candidaturas de alcaldes, vicealcaldes, intendentes y viceintendentes. Sin embargo, mientras los hombres dominan el 85,5% de las postulaciones para los puestos de alcalde, las mujeres predominan en los puestos para vicealcaldesas en una proporción similar.
Así, la paridad constituye sin duda un avance muy importante hacia la igualdad política, pero aún persiste el desafío de buscar los mecanismos para hacer más efectiva su aplicación. Bien decía Ángela Acuña que las luchas para consolidar los derechos civiles y políticos de las mujeres aún continúan.
LA AUTORA ES CATEDRÁTICA DE LA ESCUELA DE HISTORIA E INVESTIGADORA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERICANAS (CIILA) DE LA UCR.
