Durante los últimos años, el sentido real de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha desvirtuado. Hemos cambiado la reflexión sobre la situación actual de los derechos de las mujeres por carreras, ferias, caminatas y otras actividades que invisibilizan no solo las conquistas y la génesis de estas, sino que impiden que las personas en el país reflexionen sobre las carencias, la pobreza, la falta de acceso a educación, la desigualdad e inequidad social, la discriminación, la violencia, las dificultades de acceso a servicios universales de salud reproductiva y la falta de respuestas institucionales y legislativas a los derechos de las mujeres.
Para la Asociación Demográfica Costarricense (ADC), la conmemoración del 8 de marzo significa posicionar ante el Estado costarricense la reivindicación de los derechos de las mujeres, en especial el reconocimiento de la autonomía, autodeterminación y dignidad con respecto a las decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su proyecto de vida. En ese sentido, invertir en la salud reproductiva de las mujeres es, sin duda alguna, la mejor herramienta para mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza, eliminar las desigualdades e inequidades de género, mejorar el empoderamiento y construir sociedades más justas.
A nivel internacional, Costa Rica ha ratificado sin reservas las convenciones y conferencias internacionales, las cuales confieren a los derechos sexuales y derechos reproductivos el estatus de derechos humanos.
En 1984 se ratificó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW), que hace referencia directa a la necesidad de tomar medidas oportunas para asegurar que los hombres y las mujeres en condición de igualdad tengan el derecho a información y educación sobre salud sexual y salud reproductiva, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, a decidir el número de hijas e hijos que se desean tener, así como el intervalo entre los nacimientos.
Educación sexual. En julio de 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su período de sesiones N.° 49, en materia de educación, exteriorizó su preocupación por la falta de un programa de educación sobre los derechos sexuales y reproductivos, pese al hecho de que el embarazo entre las adolescentes es una de las causas de la deserción escolar entre las niñas. Ante esta situación, recomendó introducir un programa amplio de educación sexual tanto para las niñas como para los niños, como parte ordinaria del plan de estudios en las escuelas.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Costa Rica 2010 respaldan esta necesidad y señalaron que el 93% de las personas entrevistadas están de acuerdo con que los centros educativos impartan educación sexual integral (a partir de los 10 años).
Asimismo, en materia de salud reproductiva, el comité expresó su intranquilidad por el insuficiente reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado costarricense. Entre otros, exterioriza su preocupación de que las mujeres no tengan acceso al aborto legal, debido a la ausencia de directrices médicas claras en que se esboce cuándo y cómo puede permitirse un aborto legal.
También, el informe recalca la falta de acceso a los métodos anticonceptivos más seguros y tecnológicamente más avanzados y por su disponibilidad, incluidos los métodos anticonceptivos de emergencia y los limitados servicios de reproducción asistida disponibles para las mujeres, incluida la fecundación in vitro, que está prohibida por el Estado y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el año 2000.
Es evidente que en algunos casos la legislación nacional obstaculiza el disfrute de estos derechos. Exijamos que el Estado costarricense se comprometa a cumplir las recomendaciones de la CEDAW a invertir en la salud de las mujeres, en especial en el acceso universal a la salud reproductiva, eliminando de esta forma las cargas desproporcionadas que se les imponen a las mujeres al negarles el derecho a vivir una salud sexual y reproductiva libre, sin violencia y discriminación.
¡Los Gobiernos tienen la obligación fundamental de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos!
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