EscucharUna vez más, la Contraloría General de la República se ve obligada a meter el diente en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), cuyos fondos, supuestamente destinados al desarrollo local, provienen de las ventas del Depósito Libre Comercial de Golfito. Todo, sin embargo, ha resultado una quimera, como muchos de estos proyectos en nuestro país.
Hay oficinas, instituciones, juntas de desarrollo y otras parecidas en la esfera del Estado que se crearon un buen día –o un mal día– y que están el aire. Si se indaga sobre su desempeño, a lo largo de los años, nadie da cuenta de sus resultados; si se averigua quiénes han sido los responsables de sus labores, no hay respuestas concretas, y si se pregunta sobre sus planes futuros, nadie da una explicación cabal.
Digo esto por cuanto, por largo tiempo, he tratado vanamente de descifrar este misterio en Golfito, recubierto por un nombre pomposo. ¿Por qué ha ocurrido esto? La respuesta queda en manos de los expertos en la materia, si los hubiere. Lo cierto es que la prensa brinda vagas informaciones sobre el particular, cuando este tema sale a flote, sobre la existencia de este tipo de oficinas o sobre sus movimientos financieros, pero siempre prevalecen las preguntas sin respuesta. Tampoco, por supuesto, los dirigentes de estas entidades se preocupan por informar.
¿Qué se han hecho los recursos derivados de estos negocios? La Contraloría descubrió diversas deficiencias, pero, como en otros proyectos, todo se esfumó. En el 2009 y el 2011, la Junta dejó de percibir intereses por unos ¢196 millones, producto de erróneas prácticas de inversión. La morosidad causada por la débil gestión en el programa de becas universitarias y otros proyectos ascendió a ¢6.200 millones. La calidad de las decisiones financieras de la Junta arroja serias dudas. La cartera de inversiones alcanzaba, según el editorial de este periódico, ¢11.599 millones, y los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus padecen toda clase de necesidades.
La cadena de anomalías denunciadas por la Contraloría no tiene fin. En el 2011 la presidenta Chinchilla pidió la renuncia de la Junta en pleno, la injerencia del diputado liberacionista Jorge Angulo ha sido nefasta y en el 2008 se tuvo noticia de un superávit acumulado, por mala gestión, de ¢10.700 millones. Podríamos continuar con esta serie de actos de corrupción en los más diversos niveles de gestión, pero estos datos son suficientes para preguntarse por qué ha sido posible este desastre moral y financiero.
¿Por qué? nos hemos preguntado por años, pero nadie ha respondido.
