EscucharUn multimillonario y escandaloso fraude, por el que han sido encausados miembros de acaudaladas familias salvadoreñas, ha sacudido las estructuras económicas, políticas y sociales de este país.
La histórica defraudación por unos 1.000 millones de colones salvadoreños (cerca de ¢26.468 millones de Costa Rica), que 1.400 personas invirtieron en dos instituciones financieras, fue detectada por las autoridades cuando algunos de los usuarios reclamaron la devolución de sus fondos, sin recibir una respuesta satisfactoria.
La Financiera de Inversiones Seguras Productivas (Finsepro) fue establecida legalmente desde 1994, mientras que la otra empresa, Inversiones Seguras Productivas (Insepro), funcionó ilegalmente desde 1989, sin aprobación de la Superintendencia del Sistema Financiero salvadoreño.
La mayor parte del fraude, 600 millones de colones (cerca de ¢15.890 millones) fue detectado en Insepro, que otorgaba al usuario intereses de entre el 16 y el 25 por ciento anual, superiores a los vigentes en el mercado local.
Mientras, Finsepro, en la cual la estafa alcanzaría los 400 millones de colones (cerca de ¢10.578 millones), pagaba intereses de mercado, entre 11 y 16 por ciento.
Ambas firmas integraban un consorcio que servía de sostén a otras empresas dedicadas a la construcción y a agencias de distribución o arrendamiento de vehículos.
Perjudicados
Entre los estafados se encuentran instituciones del Gobierno que depositaron 90 millones de colones (unos ¢2.376 millones) y la Iglesia Católica, con 1,8 millones de colones (cerca de ¢47 millones) en Finsepro.
Funcionarios de la Superintendencia del Sistema Financiero y la policía, auxiliados por investigadores estadounidenses, también averiguan posibles nexos con el narcotráfico y el lavado de dólares.
La Policía Internacional (Interpol) también ha sido alertada y se le pidió colaboración para establecer el paradero de fondos que los acusados sacaron del país, dijo el nuevo superintendente del Sistema Financiero, Francisco Bertrand. Ayer, la policía capturó al exsuperintendente del Sistema Financiero, Rafael Rodríguez, quien se declaró inocente.
Los ahorristas o inversionistas con cantidades menores a los 55.000 colones (cerca de ¢1,5 millones de Costa Rica) recibieron sus pagos varios días después de descubierto el fraude, mientras que quienes habían invertido sumas superiores sólo han recibido la mitad de sus fondos.
El dinero para los pagos fue aportado por el Banco Central y por la adquisición de la cartera de ambas empresas, con un fondo de 210 millones de colones (cerca de ¢5.545 millones) reunido por los bancos del sistema comercial salvadoreño.
Los vínculos de este fraude alcanzaron a tres empresas distribuidoras de automóviles y arrendadoras, constructoras y otras relacionadas a miembros de las acaudaladas familias Mathies, Hill, Regalado, Laennec y Annicchiarico.
El presidente Armando Calderón Sol prometió que se castigaría a los responsables sin importar sus relaciones, cargos o apellidos.
