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El Tribunal Contencioso-Administrativo admitió una demanda legal contra el decreto ejecutivo que el presidente Alfredo González Flores firmó el lunes 18 de octubre de 1915 para que parte de la península de Nicoya dejara de ser de Nicoya y quedara en manos del cantón Central de Puntarenas.
El Tribunal notificó la admisión de la demanda justamente el pasado 25 de julio, mientras cientos de guanacastecos mostraban a la presidenta Laura Chinchilla su clamor para que los distritos peninsulares de Cóbano, Lepanto y Paquera integren un nuevo cantón y vuelvan a la provincia a la que pertenecían hace casi un siglo.
Los 1.075 kilómetros cuadrados que dan suelo a los tres distritos y varias islas del Golfo podrían retornar a Guanacaste si los jueces acogen el argumento del exdiputado Mario Arredondo y de la Municipalidad de Nicoya, que interpusieron la demanda, junto con el abogado José Miguel Villalobos.
Argumentan que el presidente González Flores firmó el decreto de manera ilegal, con el argumento de que el acceso a la Península era muy difícil desde el norte y más fácil, vía marítima, desde el cantón Central puntarenense.
“En estos tiempos esa justificación está totalmente fuera de lugar. Igualmente se dijo que la cesión de esa región era momentánea, pero el tiempo pasó y nunca se volvió al estado original de las cosas”, comentó Mario Arredondo, legislador nicoyano durante la administración de José Joaquín Trejos (1966-1970).
El siglo XX avanzó y la península con las islas, incluida San Lucas, se desarrollaron con sus nexos políticos y administrativos anclados en Puntarenas. Fueron representados por diputados puntarenenses como el actual ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, congresista entre 2002 y 2006.
Disputa viva. El conflicto entre guanacastecos y puntarenenses se alimentó y hasta incluyó un plebiscito en 1999, cuyos resultados no reconocen los guanacastecos.
Por eso ahora impulsan un proyecto de ley para ordenar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizar otra consulta popular para que, de nuevo, los casi 30.000 habitantes del territorio decidan si quieren pertenecer a Guanacaste o seguir siento puntarenenses.
El Gobierno ha insistido en que quiere ser neutral. Dejará que los diputados muevan este proyecto y que, en caso de aprobarse, sean los pobladores los que decidan, reiteró Laura Chinchilla el 25 de julio en la celebración de los 188 años de la Anexión del Partido de Nicoya.
Ahora, los promotores de recuperar la península para Guanacaste emprendieron la lucha judicial.
“Esto se me ocurrió después de leer unos pronunciamientos de la Sala Constitucional en los que señaló que la validez de ese decreto de 1915 no es un asunto constitucional, sino de legalidad. Yo estudié el voto y revisé documentos desde 1821 y concluí que es abiertamente ilegal”, dijo el abogado Villalobos.
Carlos Ricardo Benavides se limitó ayer a resaltar el respeto a las gestiones judiciales; indicó que prefería no opinar. Aunque cuando fue diputado manifestó su criterio favorable a dejar las cosas como están, ahora se declara imparcial.
El alcalde puntarenense, Rafael Ángel Rodríguez, criticó la intención de los guanacastecos y los culpó de querer ganarse una plaza más de diputado para su provincia. “Yo soy de Cóbano y le digo que no tenemos ni un ladrillo llevado por guanacastecos. Tengo 50 años de escuchar a los guanacastecos con la misma cantaleta y solo nos han dado unas canciones”, expresó.
