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Una investigación de la Procuraduría de la Ética confirmó que la Cancillería nombró en el servicio exterior a 47 personas ajenas a la carrera diplomática y sin apegarse a la transparencia que debe regir en la función pública.
Veintitrés de esos nombramientos favorecieron a individuos que trabajaron en la campaña electoral de Laura Chinchilla o que tienen vínculos con el Partido Liberación Nacional (PLN).
Eso permitió que dirigentes electorales, familiares de diputados y hasta un exlegislador (Olivier Jiménez, cónsul en David, Panamá) ocuparan altos cargos en embajadas, consulados y en la Cancillería.
La Procuraduría de la Ética analizó 48 casos a raíz de tres denuncias. Cuarenta de esos nombramientos fueron hechos por este Gobierno mientras René Castro, actual ministro de Ambiente, fungió como canciller de la República. Los demás, los efectuó la administración de Óscar Arias.
Según el informe, firmado por la procuradora Tatiana Gutiérrez Delgado, los nombramientos analizados “no se ajustan a las exigencias derivadas del principio de transparencia, legalidad, rendición de cuentas y, principalmente, a un ejercicio de la función pública basado en los postulados de la ética de la responsabilidad”.
Anoche, Castro dijo: “Claramente se me exime de cualquier ilegalidad”.
Para hacer estos nombramientos, la Cancillería debe fundamentar claramente la necesidad y detallarla en los acuerdos que se sellan con la firma del ministro de Relaciones Exteriores y del presidente de la República.
Solo en uno de estos 48 casos se hizo la fundamentación requerida (Jairo Hernández, director de Política Exterior). “En el resto, se omite completamente cualquier indicación al respecto o se utilizan frases imprecisas”, dice la Procuraduría.
Incluso, en los casos en que se alegó inopia, el informe señala que la Cancillería “olvidó” mencionar el concurso que se declaró desierto y que constató la necesidad de contratar personal ajeno a la carrera diplomática.
El resto es graduado en Ingeniería Civil, Educación Preescolar, Veterinaria, Ciencias Contables, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Exterior o Sociología.
“La aceptación de un título universitario distinto a los enumerados por el artículo 14 del Estatuto (del servicio exterior), sin que exista una demostración de las razones justificativas, constituye una seria inconsistencia que atenta contra el requisito constitucional de idoneidad comprobada”, dice el informe.
Además, señaló, se nombró en altos cargos a siete personas no profesionales, “en momentos en que resulta evidente la existencia de suficiente oferta de personal titulado que podría estar interesado”.
El informe también rebate un argumento que René Castro dio a la Asamblea Legislativa, en junio pasado, cuando compareció para referirse a los nombramientos.
En aquella ocasión, el excanciller argumentó que 14 plazas estaban disponibles debido a que sus titulares gozaban de permisos sin goce de salario. Pero esos puestos no coinciden con los cargos cuestionados, dice el informe.
Sobre las personas ligadas al PLN, la Procuraduría dice que ser simpatizante de un partido no es razón para descalificar a alguien. Sin embargo, además de la falta de fundamento, señala que el alto porcentaje de casos genera una “sospecha de clientelismo político”.
Pese a los hallazgos, la Procuraduría no pidió sanciones, sino que el canciller, Enrique Castillo, revisar de inmediato los acuerdos.
Gilberth Calderón, procurador de la Ética, alegó que los hallazgos son deficiencias administrativas que su institución no entra a perseguir. Pero, si en su revisión, el canciller encuentra faltas graves o corrupción, sí buscarían que se sancione como se debe.