El TSE le rechazó al Partido Acción Ciudadana (PAC) casi ¢1.200 millones de los gastos que aseguró haber tenido en la pasada campaña electoral, lo cual equivale a casi una cuarta parte del monto reportado.
El principal grupo de oposición alegó costos por poco más de ¢4.270 millones. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo estimó válidos ¢3.099 millones.
Así lo indica un informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE del pasado 20 de octubre, el cual ya fue remitido a los magistrados para su evaluación. Este dictamen puede ser apelado por el PAC.
La mayor parte de los gastos rechazados corresponde al rubro de servicios especiales porque, en criterio del Tribunal, Acción Ciudadana incluyó allí montos que en realidad correspondían a honorarios profesionales.
Tal es el caso, por ejemplo, de un pago de ¢10 millones para la gerencia de los encuentros ciudadanos (actividades políticas del PAC con simpatizantes), así como otro de ¢16 millones para realizar una investigación sociopolítica sobre programas de capacitación.
Los servicios especiales en realidad corresponden a trabajos temporales que no sean profesionales o técnicos, añade el dictamen.
Entre otros rubros, el Tribunal también se negó a reconocer un monto de ¢55 millones que el PAC le pagó a la CCSS por concepto de intereses moratorios. Ese no es un gasto electoral, dice el informe.
También se objetaron ¢98 millones en pauta televisiva por falta de justificantes de pago y otros ¢39 millones porque los documentos fueron entregados fuera del plazo.
Margarita Bolaños, secretaria general del PAC, dijo que los dirigentes analizan el informe y necesitan unos dos días más para emitir un criterio al respecto.
Por cantidad de votos recibidos, el Partido tenía derecho a ¢3.741 millones de la deuda política, pero la agrupación le pidió al Tribunal reservarle parte de su deuda política para organización y capacitación.
Además, el TSE le deducirá ¢228 millones entregados en campaña como deuda adelantada.
Con estas condiciones, el PAC recibirá unos ¢2.800 millones y podrá cubrir el 93% de su emisión de bonos A de ¢3.000 millones. Sin embargo, quedan al descubierto los ¢1.220 millones que colocó en bonos B a proveedores y financistas.
Los bonos A fueron dados principalmente a los bancos de Costa Rica (BCR), BCT y Lafise como garantía para préstamos. Algunos de estos, otorgados de más, podrían ser recuperados por el partido para pagar deudas de bonos B.