Un acuerdo político dejó sin resarcir a hijastra de Ortega

La hijastra del presidente nicaraguense Daniel Ortega estuvo a punto de lograr un acuerdo con el Estado en el 2002 para que se le resarciera la falta de atención judicial a un caso de abuso sexual de parte de su propio padrastro.

Estuvo a punto, pero el presidente Enrique Bolaños tomó la calculadora política, sacó cuentas con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), subrayó la prioridad de procesar por corrupción al liberal Arnoldo Alemán y descartó todo.

Llegar a un acuerdo con ella era agraviar al FSLN y lanzar por la borda la estrategia para llevar a Alemán por la ruta judicial.

Esa es la versión que Narváez, hija de la actual primera dama, Rosario Murillo, contó a la Embajada de Estados Unidos en Managua, sede que se convirtió casi en una plataforma para las intenciones de la joven de elevar el tono a sus denuncias contra Daniel Ortega, conocidas desde 1998.

Fue entonces esta versión la que el embajador estadounidense Paul Trivelli incluyó en un cable confidencial dirigido a Washington el 28 de marzo del 2006, en la antesala de una campaña electoral que le permitió a Ortega alcanzar la silla presidencial y gobernar como lo ha hecho hasta ahora al lado de su esposa.

Un caso largo. Ortega triunfó a pesar de que los diplomáticos estadounidenses pensaron que podían afectarlo al elevar el volumen a los presuntos abusos deshonestos, violación y acoso sexual que ella habría sufrido durante varios años.

La demanda fue interpuesta en 1998 ante un juzgado que remitió el expediente a la Asamblea Nacional, porque Ortega se amparó en su inmunidad.

Narváez, quien en ese momento renunció al apellido de su padrastro y se puso el de su padre biológico, manifestó en el expediente que que Ortega supuestamente la violó y abusó sexualmente desde los 11 años, cuando vivían en Costa Rica, hasta cumplir 19.

Rosario Murillo nunca apoyó la causa de su hija, a quien acusó de mitómana. Tomó distancia de ella y siempre respaldó a Ortega. La joven llegó a quejarse de que su madre la trataba como “desecho” durante los años de los supuestos abusos sexuales.

En el 2001 otro juzgado nicaraguense desestimó los cargos con el argumento de que los delitos habían prescrito.

Derechos y política. El caso llegó entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta setiembre del 2008, cuando Narváez pidió cancelar el proceso por considerar que estaba siendo sobreexplotado en el ambiente político local.

“Ningún interés personal o de grupo político puede estar por encima de los derechos que por naturaleza me corresponden”, se lee en una carta que ella envió el 24 de setiembre del 2008, cuando partidos locales y grupos civiles, sobre todo de feministas, preparaban una ofensiva con tinte electoral.

Y tenía razón. Ella misma había compartido varias veces detalles de su caso con los diplomáticos estadounidenses que pretendían así minar el apoyo que recogía Ortega tanto para las elecciones presidenciales del 2006 como para los comicios municipales del 2008.

“La Embajada está usando sus fondos para la democracia para que la CPDH (Comisión Permanente de Derechos Humanos) ayude a Narváez en el trámite de su caso así como a fortalecer la fundación de ella Sobrevivientes, que trata con la violencia doméstica”, dice un cable secreto del 19 de mayo del 2006.

“La Embajada ha buscado ayuda burocrática para establecer reuniones en el Departamento y con la ONG. Al facilitar los esfuerzos de Narváez para lograr una audiencia, se atraerá atención hacia el carácter de Ortega y los problemas de género en Nicaragua”, agrega.

“Estamos ayudando a facilitar apoyo del sector privado para que Zoilamérica viaje a Washington en octubre para su audiencia en la CIDH”, dice otro mensaje enviado en setiembre del 2006.