LIMA (AFP) Los funerales de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, asesinados en 1992, se realizarán entre este viernes y el sábado, 16 años después de que un escuadrón militar de aniquilamiento perpetró el crimen, por el que actualmente se juzga al ex presidente Alberto Fujimori.
De las diez víctimas sólo seis pudieron ser identificadas, y de las restantes cuatro sólo quedan algunas osamentas, imposibles de identificar, según refirió la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Los familiares de los asesinados recién pudieron recibir los restos el miércoles tras una orden de la juez Inés Villa Bonilla, quien lamentó que no se pudiera identificar a todas las víctimas.
Los cuerpos fueron sepultados sin identificación en 1996 y exhumados por decisión judicial en 2007 para ser llevados y sometidos a exámenes forenses en Francia.
"Nuestra lucha comenzó hace 16 años, pero continuará hasta conseguir sanción a los culpables bajo el lema 'ni olvido ni perdón'", sostuvo Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes.
Los restos óseos serán velados este viernes en el claustro de la Universidad La Cantuta, al este de Lima, al cumplirse 16 años de la matanza, cometida el 18 de julio de 1992, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, y sepultados el sábado.
Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, es sindicado como autor intelectual de esa matanza, y de otra cometida en 1991 en el vecindario de Barrios Altos donde fueron asesinadas 15 personas -entre ellas un niño- durante los años más duros de la guerra interna contra la agrupación maoísta Sendero Luminoso.
Los parientes lamentan que hasta ahora las autoridades no cumplan con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en diciembre de 2006 ordenó al Estado peruano pagar una indemnización global de unos dos millones de dólares a los familiares.
Se cumpla o no con ese pago, Ortiz declaró a la prensa que "nada logrará compensar la tristeza que aún tiene mi familia ni la depresión que por este caso me llevó a tener el suicidio como una opción".
El crimen fue cometido por el escuadrón de la muerte denominado Colina, integrado por militares, cuyos miembros irrumpieron de madrugada en la Universidad La Cantuta de donde extrajeron a sus víctimas.
A la fuerza fueron llevados a una zona deshabitada en los extramuros de Lima, en donde los mataron a sangre fría con disparos en la cabeza. Los cuerpos luego fueron incinerados y sepultados en una fosa común.
El exterminio fue una respuesta de los servicios secretos a un atentado de Sendero Luminoso que hizo detonar un coche bomba en una concurrida arteria del barrio limeño de Miraflores, con un saldo de 25 muertos y un centenar de heridos.
En el juicio a Fujimori los abogados de los familiares sostienen que la matanza de La Cantuta fue ordenada por el ahora condenado Vladimiro Montesinos, ex jefe de los servicios secretos y privilegiado asesor de Fujimori, y que el hecho era de pleno conocimiento del ex mandatario.
En el proceso, el ex gobernante ha negado tener toda vinculación con la matanza, mientras que los jefes militares llamados a declarar como testigos han sostenido que los crímenes de La Cantuta y de Barrios Altos fueron "excesos" de las fuerzas operativas, sin conocimiento de los mandos.
En cambio, el fiscal supremo adjunto Avelino Guillén, considera que ambos hechos "no fueron simples excesos" sino que fueron "fríamente calculados por el gobierno de Fujimori como parte de una guerra sucia" contra la subversión.
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