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No podemos echar por la borda la tutela de los derechos humanos que nos ha caracterizado.
Ningún costarricense puede ser forzado a abandonar el territorio nacional.
Perpetuarse en el poder o ampliar el período de cuatro años es prerrogativa de una asamblea constituyente.
La Ley Marco de Empleo Público ha sido objeto de distorsiones que ameritan una reforma.
Entre otras razones, el tiempo podrían emplearlo en actuar exclusivamente como jueces y resolver los casos.
La falta de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo es posible resolverla con una reforma constitucional.