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Con una votación muy ajustada, que por momentos estuvo incluso empatada, los diputados aprobaron este martes, nuevamente en primer debate, el proyecto de ley que legaliza el patrocinio de marcas de licores y bebidas alcohólicas a actividades y equipos deportivos.
La votación recibió 22 votos afirmativos, mientras que 16 legisladores presentes en el plenario votaron en contra de la propuesta, firmada por los liberacionistas María José Corrales y Roberto Thompson, pero originalmente impulsada por el socialcristiano Erwen Masís.
La primera vez que se aprobó el proyecto de ley, el 13 de octubre, la votación estuvo más peleada, con una aprobación apenas por un voto de diferencia.
Esta vez, luego de discutir varias propuestas para introducir modificaciones en el expediente legislativo, dieron su voto afirmativo cinco congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tres del Partido Acción Ciudadana (PAC), 11 del Partido Liberación Nacional (PLN) y tres independientes.
En contra votaron cinco legisladores del PAC, una del PUSC, dos del Partido Integración Nacional (PIN), dos de Restauración Nacional (PRN), uno del Frente Amplio, tres del bloque independiente Nueva República, y dos independientes.
En el momento de la votación, solamente estaban 38 legisladores presentes en el salón del plenario, y aunque se habían registrado 13 congresistas más, antes de esa votación, estuvieron ausentes en el momento de que se tomaría la decisión sobre este plan.
Se trata de Luis Antonio Aiza, Carlos Ricardo Benavides, Wagner Jiménez y Yorleny León, del PLN; Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank, Giovanni Gómez y Melvin Núñez Piña, de Restauración Nacional; así como Welmer Ramos, del PAC; las fabricistas Marolin Azofeifa y Carmen Chan, y el independiente Erick Rodríguez Steller.
El proyecto reforma el artículo 12 de la ley 9047, Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, para que ahora diga que se permite la publicidad de bebidas con contenido alcohólico en todo tipo de deporte, por parte de empresas públicas o privadas productoras, comercializadoras o distribuidoras de esas bebidas.
Esa publicidad podría ser de marcas o nombres de bebidas, tanto en publicidad de los deportes, vallas publicitarias en estadios y gimnasios, uniformes, medios de transporte de los equipos y artículos deportivos.
Las marcas no se podrán colocar en los uniformes de las ligas menores y se tendrá que hacer un fondo nacional para el financiamiento de los deportes de alto rendimiento, administrado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), nutrido con un impuesto a esos patrocinios.
En la versión antes aprobada, el impuesto era del 8%, pero ahora se redujo a un impuesto del 6% sobre la publicidad, propaganda y patrocinios de marcas de bebidas alcohólicas.
El dinero del fondo se repartirá entre el Comité Olímpico Nacional (CON), los comités cantonales de deportes, el Comité Paralímpico Nacional y el Icoder, con el fin de que este último elabore y ejecute acciones para prevenir la violencia intrafamiliar.
La votación en contra generó una particular alianza entre diputados del oficialismo, del Frente Amplio, la independiente Paola Vega y las fracciones más conservadoras: Restauración Nacional y el bloque fabricista, todos opuestos al plan por razones distintas.
Las legisladoras del PAC que votaron contra lo hicieron por considerar que el consumo del licor por parte de los aficionados a los deportes ha hecho estragos en las relaciones familiares y, en particular, ha generado muchos casos de violencia hacia las mujeres.
Ese argumento también estuvo presente entre los discursos de legisladoras como Shirley Díaz, con el añadido de que se trata de una posición en contra de la presencia de marcas de bebidas alcohólicas con actividades saludables y de recreación, además promovidas para los menores de edad.
En cambio, la jefa del PLN, María José Corrales, manifestó que se trata de la mejor noticia para el deporte, en los últimos años, principalmente porque afirma que ese fondo para el financiamiento del alto rendimiento traerá beneficio para los atletas olímpicos, paralímpicos y los comités cantonales de deportes.
“Este es el mejor legado que podemos dejar para la proyección del deporte nacional de cara al futuro”, dijo la verdiblanca.
Entre las dudas que había planteado la Contraloría General de la República estaban que se crea un impuesto con un destino específico, sin que haya claridad sobre la recaudación que se espera recibir con ese tributo.
Además, se objetó que el Comité Olímpico Nacional (CON) administre parte de los recursos que se recaudarían con la iniciativa legal, puesto que se trata de una entidad privada administrando fondos públicos.
