Diputados de oposición y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, entraron en una fuerte confrontación por los recursos públicos destinados al gasto social.
Siete legisladores de Liberación Nacional (PLN) y el Liberal Progresista (PLP) denunciaron formalmente al ministro, ante la Contraloría General de la República, por lo que califican como un desmantelamiento de la inversión social.
Lo acusan de incumplir el artículo 24 del capítulo IV de la reforma fiscal, el cual establece que el Ministerio de Hacienda no puede transferir a los programas sociales menos dinero del que se presupuestó en el 2019.
En el caso del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), hay una brecha de ¢62.000 millones entre las asignación de aquel año y la del 2024. El Fodesaf financia programas como las becas Avancemos, la Red de Cuido de menores, las pensiones para pobres y los bonos de vivienda.
En el 2019, la cifra fue de ¢255.500 millones y, ahora, está en ¢193.500 millones.Este aporte del gobierno es una de las dos principales fuentes de recursos del Fodesaf. La otra es la contribución de los patronos, equivalente a un 5% de cada planilla.
Los diputados, encabezados por Montserrat Ruiz, del PLN, pidieron a la Contraloría sentar responsabilidades administrativas o penales sobre el ministro.
Además de Ruiz, firmaron la denuncia los liberacionistas Óscar Izquierdo, Alejandra Larios, José Francisco Nicolás y Gilberth Jiménez, junto con Kattia Cambronero y Jorge Dengo, del PLP.
En respuesta, el jerarca Nogui Acosta afirmó, en declaraciones a La Nación, que nadie está obligado a lo imposible y que la escasez de recursos obliga a reducir las transferencias.
El ministro fue más allá. Sostuvo que las demandas de la sociedad están por encima de la capacidad del Estado costarricense.
Puso como ejemplo la imposibilidad material de destinar el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación o de pagar el aumento aprobado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para las cuotas estatales que ayudan a financiar las pensiones. De hecho, días atrás, afirmó que ese incremento será “devastador” para las finanzas públicas.
Acosta sostiene que el país no le ha dado al Estado el músculo suficiente para financiar cada uno de estos programas sociales. Agregó que Hacienda procura hacer la distribución más justa posible y que es necesario hacer un sacrificio fiscal, en este momento, para equilibrar los errores del pasado.
Dijo que, si el país logra atenuar la deuda pública por debajo del 60% del PIB, podrá liberar ¢85.000 millones para otros gastos, entre ellos los programas sociales.
Las partes protagonizan un interesante debate entre el cumplimiento de la ley y la capacidad real del Estado.
Sin embargo, actualmente, en el campo político, no tiene fuerza ninguna propuesta de reforma legal que busque dirimir el dilema fiscal, ya sea mediante la eliminación de obligaciones incumplibles, derogación de exoneraciones fiscales, aumento de recursos tributarios o reducción del Estado.
Hacienda planteó algunas aproximaciones que pronto chocaron con la pared. Así ocurrió con los proyectos que habrían aumentado los impuestos a los salarios, las ganancias de pequeñas y medianas empresas, los boletos de avión y los implementos médicos como sillas de ruedas y lentes de contacto, entre otras cosas.
Asimismo, el propio gobierno retrocede cuando surgen las críticas y niega que sus proyectos tengan fines fiscalistas. Se mantiene en el argumento de que solo busca una modernización tributaria sin aumentar los ingresos.
El Ejecutivo sí propuso la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) para bajar la deuda pública, pero, en medio de su permanente confrontación con el Congreso, los planes nunca recibieron suficiente apoyo político.
En tanto, siguen vigentes exenciones que se discutieron en campaña, como la del impuesto de renta para las cooperativas.
El ministro de Hacienda ha mostrado apertura a hablar del impuesto del 15% fijado por la Unión Europea (UE) a las empresas multinacionales, con un primer paso en busca de que esta medida se globalice, pero el gobierno no ha ido más allá.
Más bien, siguen las tensiones por el presupuesto y el endeudamiento internacional solicitado por el gobierno mediante créditos de organismos financieros.
Esta semana, por ejemplo, los diputados restituyeron ¢12.000 millones a las becas Avancemos y aprobaron una reforma legal que obliga al gobierno a hacer efectivo el traslado del dinero del impuesto a las personas jurídicas a los cuerpos de seguridad.
Me despido dejando tres recomendaciones de artículos. En los dos primeros, queda claro cómo se dividieron las fuerzas políticas cuando se votó el informe de la investigación sobre la campaña electoral del 2022, el cual señala al presidente Rodrigo Chaves como autor intelectual de una presunta estructura de financiamiento ilegal. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
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