EscucharLos hechos relacionados con la destitución de Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, evidencian la repetición de dos patrones de comportamiento en este gobierno.
El primero es el uso de atajos para adjudicar contratos mediante vías de excepción, evitando los procesos ordinarios de contratación que conllevan un mayor control.
El segundo es la denuncia de que el poder se está usando para perjudicar a personas específicas. Amador alega que le endosaron presuntas anomalías “por cuestiones meramente políticas” y que optó por exiliarse donde no lo alcancen “los tentáculos del mal”.
En cuanto al primer patrón de comportamiento, Amador fue destituido como el responsable político de un contrato por ¢21.800 millones, hecho aparentemente a la medida de Constructora Meco, el cual fue adjudicado al amparo de la Ley Nacional de Emergencias.
Esta vía excepcional impidió que la Contraloría General de la República (CGR) revisara la legalidad de la adjudicación cuando el Consorcio Pedregal presentó un recurso de apelación.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) escogió una oferta ¢1.000 millones más cara que la de Pedregal, pues solo MECO cumplía el requisito de experiencia exigido en los términos de referencia enviados por el MOPT y Aviación Civil, para reparar la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.
Sin embargo, hay más. El contrato lo adjudicó la CNE porque, en junio del 2023, el presidente Rodrigo Chaves incluyó esta pista en un decreto de emergencia promulgado casi un año antes, en julio del 2022, con motivo de la tormenta Bonnie.
El decreto del 2023 citó registros inexactos de lluvias e ignoró que la infraestructura de aterrizaje presentaba daños desde mucho tiempo antes de Bonnie, lo que pone en tela de duda si calificaba para el mecanismo de excepción. El cantón de Liberia ni siquiera estaba incluido en el primer decreto de emergencia.
Pese al aparente sobreprecio señalado por el propio gobierno, el mandatario afirmó que ahora es preferible perder ¢1.000 millones que parar la ejecución del contrato de MECO.
Visto el desenlace de este caso, es importante repasar cómo las fuertes polémicas del gobierno, sobre contratos públicos, han estado asociadas al uso de mecanismos de excepción.
-El millonario negocio de los escáneres iba a ser adjudicado directamente a la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa), la cual a su vez se había asociado a un consorcio privado mediante un proceso confidencial.
El gobierno se aprestaba a hacer la adjudicación sin concurso público y sin estudio de mercado, cuando la Contraloría lo detuvo.
-La revisión técnica vehicular fue adjudicada mediante la figura de uso en precario. En el proceso, el entonces ministro Luis Amador intervino para que se escogiera a la firma alemana Dekra, a pesar de que la comisión evaluadora del Cosevi había concluido que la empresa sueca Opus Group AB tenía la mejor oferta porque ofrecía una menor tarifa para los usuarios.
No obstante, el uso de la figura de permisionario de uso en precario evitó que la Contraloría analizara un recurso de objeción de la firma sueca, pues no se trataba de una contratación normal.
-El gobierno quiere que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se encargue de adjudicar todos los contratos de construcción de Ciudad Gobierno, pero choca con la Contraloría, la cual le advirtió de que esa opción no está prevista en la ley porque los terrenos son propiedad del Estado.
-El gobierno adquirió los servicios de comunicación del empresario Christian Bulgarelli, por $405.000, mediante una contratación hecha por el BCIE. Luego, se descubrió que Bulgarelli había preparado los términos de referencia adaptados a las condiciones de su empresa y Presidencia se los envió al BCIE para que sacara el contrato a concurso.
-Diversas instituciones, como la JPS y el AyA, recurrieron a un mecanismo de excepción para adjudicar millonarios contratos de manejo de publicidad al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), en contra de criterios técnicos internos o con base en escuetos estudios de mercado.
Recurrieron a la figura de contratación entre instituciones públicas, la misma que se pretendía utilizar para los escáneres de Racsa. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.
El AyA, por ejemplo, se arrepintió de contratar al Sinart. Tanto la JPS como el AyA recibieron solicitudes presidenciales para otorgar los contratos al Sinart.
Denuncias sobre el uso del poder
En cuanto al segundo patrón de comportamiento, Amador declaró que prefería alejarse de los “tentáculos del mal” cuando aún estaba fresco un nuevo caso de aparente persecución política.
-El viernes 8 de marzo, la diputada Vanessa Castro, del PUSC, dijo que el embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, le relató la forma en que Chaves le solicitó contactarlo con el dueño de una multinacional para que ella perdiera un contrato de servicios profesionales que había tenido por 18 años.
Presidencia admitió haber preguntado por el tema. En tanto, Fernando Contreras, presidente de Repretel, empresa que forma parte de la compañía multinacional de medios Albavisión, del empresario mexicano-guatemalteco Ángel González, confirmó que en la casa matriz se recibió una llamada del embajador Abarca.
Contreras agregó que el propio Chaves le preguntó por los servicios que Vanessa Castro daba a Repretel, pero sostuvo que el contrato fue cesado por políticas de la empresa.
-El empresario Leonel Baruch, accionista del medio CRHoy, denunció que el gobierno utilizó a la Dirección de Tributación como arma de persecución política en su contra, con la difusión de la denuncia sobre un supuesto megacaso de evasión.
La situación llegó al grado de que la Sala IV denunció penalmente al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por no entregar a Baruch el informe técnico del supuesto megacaso, mientras que el jerarca admitió la inexistencia del documento.
-La expresidenta del PANI, Gloriana López, relató que un asesor del mandatario Rodrigo Chaves la llamó para pedirle que procediera “con cuidado” ante una solicitud de custodia relacionada con los hijos de Leonel Baruch.
López consideró la solicitud inusual e inapropiada porque se trataba de una persona con la que el gobierno mantenía un enfrentamiento.
Después, trascendió que la expareja con la que Baruch tenía la disputa sostuvo seis reuniones en Casa Presidencial. Esta persona alegó que aconsejaba al gobierno en temas como el VIH, aunque nunca había trabajado en ello.
-Gloriana López también declaró que el presidente Chaves le ofreció la embajada en Perú para que dejara el cargo en el PANI y que, como ella se negó a renunciar y le pidió que la destituyera, el mandatario le dijo una frase con la que ella se sintió amenazada: ‘Entonces, voy a tener que contar...’.
-La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, reveló que Chaves ordenó a la DIS revisar teléfonos de ministros y que ordenó suspender “toda publicidad” estatal en cuatro medios de comunicación: La Nación, Canal 7, CRHoy.com y el programa radial Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda.
-La periodista Vilma Ibarra, conductora del programa Hablando Claro, aseguró que el Conavi declaró confidencial una auditoría externa para sostener una “mentira” pronunciada en su contra por Chaves y Amador, en relación con un contrato de comunicación sobre la ruta 32. La Sala IV ordenó hacer público el informe, el cual no la citaba a ella.
El diputado Carlos Felipe García, en una reciente entrevista con el periodista Aarón Sequeira, dijo que hay que investigar a profundidad si Casa Presidencial está utilizando el poder para interferir en la vida de las personas.
Les deseo una excelente semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
