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El déficit fiscal del 2019 cerró en casi un 7% del PIB, muy por encima del 6,3% previsto por el Banco Central (BCCR), lo que encendió las alarmas en todos los frentes.
Luego de conocerse los resultados, el 20 de enero, los diputados aprobaron una moción para interpelar, en el plenario legislativo, al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, a fin de que explicara los resultados, en vista de que esperaban un mejor panorama tras un año de vigencia de la reforma fiscal de diciembre del 2018.
El déficit fiscal del 2019 fue el mayor desde 1980.
La comparecencia quedó prevista para el lunes 10 de febrero y, en el ínterin, los ánimos políticos se atizaron con la noticia de que el desempleo se mantuvo alrededor de un 12% en el cuarto trimestre del año pasado, cumpliendo dos años de tendencia al alza.
Antes de la comparecencia, los diputados aumentaron la presión sobre el presidente Carlos Alvarado para que respondiera con medidas de recorte al gasto y de reactivación económica. Incluso, varios legisladores se mostraron dispuestos a discutir la fusión o reestructuración de instituciones públicas.
En esa línea, se pronunciaron, por ejemplo, los jefes del PLN, el PUSC y Restauración, Silvia Hernández, Pedro Muñoz y Eduardo Cruickshank.
A la vez, exigieron medidas para promover el empleo como una readecuación de las cuotas obrero patronales de la CCSS.
El lunes 10 de febrero, el ministro de Hacienda llegó al Congreso para su interpelación y, en esta, tomó un papel proactivo al anunciar una propuesta para reducir la deuda pública.
Antes de hacerlo, Chaves anunció dos datos claves en la discusión. El primero es que, si bien el déficit fiscal subió a un 6,96% del PIB en el 2019, este se habría disparado a un 8,4% de no ser por los ingresos adicionales y las medidas de ahorro de la reforma fiscal.
Llegar a ese 8,4% del PIB, dijo Chaves, habría producido una "recesión importante, una crisis".
El segundo dato expuesto por Chaves es que, al ritmo actual, el tamaño de la deuda pública superará el 72% del PIB en el 2024.
Chaves sostiene que, con ese nivel de deuda, el país se metería en un círculo vicioso de desaceleración hasta llegar a una crisis, debido al encarecimiento del financiamiento para el Gobierno en los mercados nacional e internacional, lo que estrujaría al sector privado y reduciría la inversión.
Sin embargo, lo más sorprendente del dato es que la previsión de Hacienda es peor y diferente a la que presentó el Banco Central el 30 de enero.
El BCCR había previsto que, luego de llegar a un 64,6% del PIB en el 2022, la deuda empezaría a bajar. Ahora, Hacienda expone que ni siquiera habrá un freno ese año; más bien, el endeudamiento seguirá creciendo aun con la aplicación de la regla fiscal.
De hecho, este año la deuda pública sobrepasaría el umbral del 60% del PIB, lo que implicaría que el gobierno no solo tendrá que ponerle un techo al gasto corriente (salarios, transferencias e intereses), sino que también tendrá que hacerlo con el gasto de capital, el cual se destina a construir carreteras o escuelas, es decir, a obra pública.
Así lo establece la estructura de la regla fiscal.
Con ese panorama, el ministro de Hacienda presentó un plan para darle un "guamazo" a la deuda con la intención de que quede en un 56,5% del PIB al terminar este gobierno.
El paquete de medidas incluye:
-Una reforma al empleo público para bajar el gasto
-Tomar superávits de 11 instituciones para reducir la deuda en ¢226.000 millones
-Sustituir deuda cara por deuda barata mediante préstamos de apoyo y eurobonos
-Tomar una porción de las utilidades de los bancos públicos y del INS para saldar deuda por diez años
-Concesionar o vender la FANAL y vender BICSA
De esas medidas, la reforma al empleo público era exigida por buena parte de los diputados, por lo que podría avanzar bien.
La propuesta de tomar utilidades de los bancos y del INS también parece tener aceptación, incluso en los bancos, los cuales le pidieron al gobierno imponerles, de una vez, una sola contribución sobre sus utilidades anuales en lugar del esquema actual, en el que deben hacer aportes fijados por diversas leyes a varias instituciones.
Una posibilidad, según el ministro, es cobrarles un solo porcentaje y que el gobierno distribuya el dinero según las necesidades reales entre el pago de la deuda e instituciones como el Infocoop.
El plan de conseguir préstamos internacionales para pagar la deuda cara interna sí genera más recelo entre los diputados, no porque no crean en el mecanismo, sino porque exigen más control de gasto.
En este punto, es donde entra de nuevo a jugar de nuevo la regla fiscal.
En una conferencia conjunta, el PLN y el PUSC se declararon insatisfechos con la explicación del ministro de Hacienda sobre el déficit e hicieron mucho énfasis en la respuesta del funcionario cuando se le preguntó si estaba de acuerdo en aplicar la regla fiscal como lo exige la Contraloría General de la República (CGR).
La regla fiscal es un tope al gasto que se impone de acuerdo al nivel de deuda del país y a la situación económica. A mayor endeudamiento público y menor aceleración económica, el tope es más estricto. Para este año, por ejemplo, el techo fue de un 4,67% sobre el gasto corriente.
La diferencia de criterios está en el monto sobre el cual se aplica el tope.
El Ministerio de Hacienda sostiene que el límite debe aplicarse sobre el presupuesto original del año anterior, mientras que la Contraloría y los diputados consideran que debe hacerse sobre el gasto realmente ejecutado el año pasado.
Entre esas dos formas de cálculo hay una diferencia de ¢433.000 millones este año, más de un 1% del PIB.
Con la interpretación de la CGR, los números son estos: el gasto realmente ejecutado en el 2019 fue de ¢7,13 billones, por lo que el gasto en el 2020 podría subir a ¢7,56 billones.
Con la interpretación de Hacienda, los números dicen: el presupuesto para gasto corriente en el 2019 fue de ¢7,53 billones, por lo que podría subir a ¢7,89 billones este año.
La Contraloría sostiene que la clave está en la subejecución del Gobierno, pues su promedio de gasto en los últimos 12 años es de un 94%.
Añade que, al aplicar la regla sobre el gasto realmente ejecutado, el nivel de deuda pública se vería beneficiado en el largo plazo, pues le evitaría al país endeudarse más y, en siete años, el nivel de deuda será siete puntos porcentuales más bajo.
El ejercicio de la Contraloría demuestra que, para febrero, ya se conoce el gasto realmente ejecutado del año anterior, lo que permitiría hacer un ajuste al presupuesto, en el Congreso, para adaptarlo al cumplimiento de la regla fiscal.
Asimismo, la CGR recuerda que la ley le encomienda verificar el cumplimiento de la regla con base en los presupuestos ejecutados.
El ministro de Hacienda, en tanto, afirma que esa fórmula no es buena para el país porque generaría una desaceleración demasiado rápida.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, al entrar en el debate, fue más allá y dijo que aplicar la regla fiscal, como lo piden la Contraloría y diputados, obligaría a cerrar ministerios y él no puede permitir que se cercenen brazos institucionales necesarios para el país: “Porque la gente aquí cree que cerrar instituciones es un deporte. Entonces, si cerramos algo del MAG y Senasa, la gente se pone feliz, pero después no podemos hacer exportaciones a China”.
Además, alzó la voz en el encontronazo político: “Hablemos en serio. Durante los últimos 20 años, quienes propugnaron cierre de instituciones las duplicaron de 150 a más de 300. Quienes propugnaron la reducción del Estado duplicaron la planilla pública y ampliaron los pluses. Eso hicieron los últimos 20 años. ¿Y ahora yo soy el gastón? ¿Es esa la discusión seria que estamos teniendo aquí en este país?”.
“Seamos serios entonces. ¿No hicieron eso antes? ¿Y ahora yo soy el gastón? ¿Quién trajo a este país esta hipoteca? ¿Yo? No. Yo la estoy sacando esta hipoteca y estoy haciendo el máximo esfuerzo, pero como pasaron ya las (elecciones) municipales, hay unos que ven muy fácil jugar de poses, decir cosas al aire”, cuestionó el mandatario.
“Se están paseando en el país por politiquería y lo hicieron antes. Y yo me estoy tragando este costo, pero para hacer algo para este país. Eso es lo que estoy haciendo”.
Si uno analiza el gasto público realmente ejecutado entre los años 2007 y 2018, se puede dar cuenta de lo siguiente:
-Entre esos años, desde el segundo del gobierno de Óscar Arias hasta el último de Luis Guillermo Solís, los gastos del Gobierno Central crecieron un 87%, pero los ingresos reales solo un 39%.
-Eso obligó a aumentar el financiamiento en un 233%.
-El costo del pago anual de la deuda creció en un 52%, el de las remuneraciones subió en un 98% y el de las transferencias a instituciones, en un 145%.
-La planilla del Gobierno Central creció en un 31% y el costo por funcionario en un 51%.
Para este año, el gasto corriente tendrá un freno. Luego de crecer a una tasa promedio de un 9,2% entre el 2011 y el 2019, aumentará un 3,9% este año.
Lamentablemente, el rubro más bajo del Presupuesto Nacional es el del gasto en obra pública que, si bien subió, es muy bajo frente a los demás. En el 2018, por ejemplo, el gasto de capital era de ¢494.000 millones, mientras que el pago de la deuda era más de seis veces mayor.
El ministro Rodrigo Chaves sostiene que el gobierno está decidido a invertir en esa materia y, en un contexto de déficit fiscal, la mejor vía para hacerlo son los préstamos de organismos multilaterales con intereses bajos, de manera que pesen menos en la deuda pública. Tal es el caso del préstamo del BCIE, por $550 millones, para financiar la contraparte del Estado en la construcción del tren eléctrico.
Ese es el préstamo más grande en la historia del BCIE.
¿Qué pasará con el gasto en obra pública? El próximo año se le impondría un tope, pese a las grandes necesidades que tiene el país.
La decisión no es fácil. La ciudadanía urge de poder respirar en su movilización, así como el sector productivo- ¿Dejarán los políticos que se desacelere la obra pública o negociarán una solución?
Si la tesis de la Contraloría es correcta, la propia regla fiscal podría ayudar a evitar temporalmente el siguiente escalón de la regla fiscal, en el que se estruja el gasto de capital.
Todo depende de la implementación de medidas urgentes para reducir el nivel de deuda. Tanto Hacienda como la Contraloría y los diputados proponen medidas que podrían ayudar, aunque no coincidan en todos los puntos.
Una mezcla de todas las voluntades podría ser beneficiosa en una democracia fuerte con la costarricense, donde un ministro responde durante 12 horas los cuestionamientos válidos de los diputados, sin necesidad de militares detrás de sus curules. Sin embargo, el tiempo se agota.
