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El país está en este dilema: ¿Cómo ajustar el compromiso económico acordado con el FMI si los actores políticos en campaña rechazan los proyectos de impuestos que fueron incluidos? ¿Será posible la negociación? Esto depende de la voluntad de las partes.
Entre finales de setiembre y principios de octubre, vendrá al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a evaluar el cumplimiento de los acuerdos que Costa Rica firmó para acceder a un crédito de $1.778 millones, a fin de enderezar las finanzas públicas.
La crisis fiscal aún está lejos de solucionarse. Si bien hay una mejoría en los indicadores, la deuda pública hoy equivale a un 69,1% del PIB (casi ¢26,4 millones), el doble de la que teníamos hace solo ocho años.
El Presupuesto Nacional del 2022 se financiará en un 47% con endeudamiento. En los números, el Gobierno evidencia un esfuerzo por contener el gasto, por ejemplo en remuneraciones, pero con este nivel de deuda todavía es difícil pensar en liberar recursos para financiar nuevas aspiraciones, como crear un modelo de pensión universal.
Mas del 43% del Presupuesto se va en pagar intereses y amortización del endeudamiento.
En este marco, la campaña electoral se convirtió en un factor clave para la negociación de los proyectos que forman parte de la agenda acordada con el FMI.
Esta semana, el candidato del PLN, José María Figueres, rechazó dos de los proyectos incluidos por la administración de Carlos Alvarado en el acuerdo.
El candidato pidió prescindir del impuesto a los premios de lotería superiores a ¢225.000, al tiempo que rechazó ampliar el impuesto a casas de lujo a más viviendas.
Independientemente de preferencias electorales, lo cierto es que Figueres lidera la bancada con más diputados del Congreso (17) y, sin el apoyo del PLN, es prácticamente imposible que un proyecto de ley avance.
Por si fuera poco, el jefe de fracción del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, anunció que su bancada no tiene ningún interés en apoyar la agenda del FMI.
Liberación y Unidad suman 25 votos. En realidad política, estos dos planes no tienen posibilidad de avanzar tal como están.
Figueres consideró que el impuesto a la lotería aporta poco y, más bien, molesta a la gente. Sin este plan, el acuerdo con el FMI perdería ¢41.800 millones anuales.
En cuanto a casas de lujo, el verdiblanco rechaza la versión planteada por el Gobierno, la cual extendería el cobro del tributo a casas con construcciones de ¢108 millones en adelante, con una tarifa mínima de ¢750.000 anuales.
El aspirante propone dejar el tributo como está hoy, a partir de los ¢133 millones, y pasar la gestión de cobro a las municipalidades, a las cuales Hacienda tendría que pagar un peaje por recaudación.
Figueres dice que los ayuntamientos podrían hasta triplicar la recaudación de este gravamen, que actualmente es de unos ¢5.000 millones anuales. Es decir, aspira a recaudar unos ¢15.000 millones, la cuarta parte de los ¢60.000 millones que busca Carlos Alvarado.
Sin impuesto a lotería y sin reforma a casas de lujo, el Gobierno ya habría perdido unos ¢85.000 millones en el ajuste fiscal.
El equipo de Figueres considera que ambos son proyectos marginales y que sus aportes se pueden reponer con una mejora en ingresos por reactivación económica.
A su vez, el PLN anunció que apoya el proyecto para reducir el marchamo del 2022, lo que provocaría un faltante de unos ¢57.000 millones en los ingresos del próximo año.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, expresó su molesia con la medida y advirtió de que la rebaja afectaría el cumplimiento del acuerdo con el FMI.
Ante todo este panorama, el jueves, el presidente Alvarado subió su tono político y les achacó a los candidatos y diputados “miedo electoral” y “miedo a decir la verdad”.
“Todos los candidatos, y digo candidatos porque son los líderes de las fuerzas políticas que están en el Congreso, dicen que no más impuestos. Está bien, entonces la pregunta no es a mí; la pregunta es a ellos. ¿Qué proponen, cómo resuelven esto? Yo ya puse mi propuesta, está en la Asamblea; yo no tengo derecho de enmienda; los diputados sí tienen derecho de enmienda.
“Recientemente, los diputados dicen ‘es que tiene que mandar un texto sustitutivo’. ¿Y el derecho de enmienda de los diputados? ¿No pueden cambiar lo que no les parezca? ¿Saben qué creo que hay, con franqueza? Miedo, miedo de decir la verdad de lo que tienen que hacer por un miedo electoral.
“La diferencia entre democracia y populismo está en la verdad y digan la verdad de lo que van a hacer, para resolver esto”, declaró Alvarado durante una visita al vacunatorio instalado en Plaza Lincoln, en Moravia.
El PLN le había exigido al Gobierno presentar textos sustitutivos sobre los planes de reducción de exoneraciones fiscales (expediente 22.369), impuesto a lotería (22.354), tributo a casas de lujo (22.382) y aporte solidario de empresas públicas a la deuda pública (22.384).
Por otra parte, el plan de renta global empezó a caminar en la Comisión de Asuntos Hacendarios con la comparecencia del ministro de Hacienda, mientras que la Asamblea sigue a la espera de la resolución de la Sala IV sobre el plan de empleo público.
Figueres sí se mostró a favor de que se vote esta última reforma impulsada por Carlos Alvarado, al tiempo que una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR reveló que el 75% de la población está a favor con el plan de empleo público.
Es clara la reticencia de la oposición a proyectos de impuestos en campaña, sobre todo a proyectos que implicarían un golpe para muchas familias, como el de casas de lujo.
Sin embargo, debe existir entendimiento sobre cómo sustituir los ingresos que se pierdan, pues también es claro que el país firmó un acuerdo con el FMI y debe cumplirlo. De lo contrario, el Fondo podría frenar el segundo desembolso del crédito con un costo muy alto para la imagen del país.
También, existe la posibilidad de reducir gasto, pero ese es otro tema sensible en tiempo electoral. Entonces, ¿el miedo es a subir impuestos o a reducir gastos?
Esta semana, la firma estadounidense de asesoría financiera y política, Eurasia Group, degradó el indicador de calificación de Costa Rica a raíz de la incertidumbre política sobre el respaldo a las reformas pactadas con el FMI. La nota pasó de positiva a neutral.
La consultora prevé un impacto insignificante en el entorno macroeconómico y empresarial, en los próximos seis meses, por las decisiones políticas en el país.
Reducción de impuesto al empleo
Podríamos ver un ejemplo, de si es posible una negociación en campaña, con el tema de las cargas patronales.
Un reciente estudio del Banco Central (BCCR) señaló que el costo de las cargas patronales, que hoy equivalen al 26,5% de cada salario, “genera desincentivos para la formalización y redunda en una alta tasa de desempleo y una alta tasa de informalidad”.
Por ello, el BCCR evaluó los efectos que tendrían varios escenarios de reducción de estas cargas. Concluyó que aumentaría el empleo formal, crecería la economía y se reduciría el desempleo.
Sin embargo, el aumento de cotizantes y el crecimiento económico no alcanzarían para cubrir el faltante que la medida abriría en el financiamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y demás instituciones que se alimentan de las cargas sociales, como el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el INA.
El Gobierno tendría que aportar la diferencia vía Presupuesto Nacional, ya sea con impuestos nuevos, aumento de impuestos o reducción de gasto.
Cuatro candidatos presidenciales se mostraron a favor de reducir las cargas patronales en al menos una cuarta parte.
Se trata de Lineth Saborío, del PUSC; Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN); Eli Feinzaig, del Liberal Progresista (PLP); y Figueres, del PLN.
El presidente Alvarado les tomó la palabra y dijo estar dispuesto a negociar:
“Hoy vi que varias personas candidatas que aspiran a la Presidencia hablan de la reducción de las cargas sociales.
“Si hay acuerdo entre varias de las personas que tienen representación en la Asamblea, eso es algo que no tiene que esperar un nuevo gobierno; eso se puede hacer desde ya. Y si hay acuerdo en esto, yo esperaría que también eso se pueda materializar”.
El mandatario es del criterio de que no se debe recargar los costos sociales al empleo, sino a la riqueza, pues la liberación de recursos generaría más empleo. Sin embargo, sostiene que se debe garantizar la sustitución de fondos.
La democracia debe ser funcional y la ciudadanía espera resultados. Los actores políticos están sometidos a una alta prueba de madurez en los próximos meses.
Mientras tanto, con la renuncia de la diputada Shirley Díaz al PUSC, seguimos viendo una alta fragmentación de la política, de la cual nos advierte el CIEP para las próximas elecciones.
El Congreso actual empezó con siete fracciones y ahora se divide en 13 partes: siete fracciones, un bloque de independientes (el fabricista Nueva República) y cinco independientes.
Fuerte fragmentación de la Asamblea
FUENTE: Archivo de La Nación || / LA NACIÓN.
Si la política nacional se “municipaliza”, como dice el CIEP, será cada vez más difícil alcanzar acuerdos.
Las siguientes son otras noticias de importancia política de esta semana:
-Welmer Ramos ganó la conveción del PAC y recibió el 50% de sus votos en 12 municipios, en especial en el cantón central de Puntarenas.
-El candidato presidencial y exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, fue sancionado por acoso sexual por comportamientos ocurridos cuando trabajó en el Banco Mundial.
-Rolando Araya aspirará a la Presidencia con la incorporación de figuras del PLN a su campaña.
-Eduardo Cruickshank fue designado candidato presidencial de Restauración Nacional y descartó recurrir a una campaña de polarización.