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El país gana poco con que el presidente y la principal bancada de la Asamblea Legislativa se empantanen en un conflicto tan frontal como el que están protagonizando.
La confrontación entre el mandatario Carlos Alvarado y Liberación Nacional (PLN) es la noticia más importante de la semana. ¿A qué obedece?
El presidente llegó al tope de su paciencia con la reticencia de los diputados liberacionistas a las reformas de impuestos de la agenda del FMI.
Independientemente de las críticas y propuestas de mejora sobre los proyectos de impuestos, hay un pequeño detalle que no podemos pasar por alto: la Asamblea Legislativa aprobó el crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual va de la mano con la agenda de ajuste fiscal pactada en enero del 2021.
Es más, Costa Rica recibió en agosto los primeros $293 millones del préstamo. Si ahora no honra el compromiso de equilibrar las finanzas públicas, el país se expone a dañar su imagen ante los mercados financieros y a no recibir los cinco desembolsos restantes.
Con la campaña electoral acercándose, el PUSC descartó cualquier apoyo a la agenda del FMI, aunque la mayor parte de sus diputados votó a favor del préstamo. El fabricismo, por su parte, no ha dado señales positivas.
Bajo este panorama, al Gobierno le quedaba la esperanza de encontrar apoyo en fracciones como el PLN y Restauración Nacional, sobre todo en la primera, por ser la más grande y la que más votos aportó para aprobar el crédito (con 15 de sus 17).
Los proyectos de la agenda del FMI entraron al Congreso en febrero, pero el único que avanzó fue la reforma al empleo público.
La Asamblea vivió los trajines normales del 1.° de mayo y luego, en junio, se produjo una comprensible distracción por la convención interna del PLN, en la que el expresidente José María Figueres resultó electo candidato presidencial.
Por al menos dos meses, Figueres mantuvo la posición de que el pacto con el FMI no era “el acuerdo”, sino “un acuerdo”, y que él debía estudiar los proyectos.
En agosto, los ministros de la Presidencia y de Hacienda, Elian Villegas y Geannina Dinarte, desplegaron reuniones e intercambios de cartas con los diputados, en procura de acelerar la agenda.
Además, plantearon la posibilidad de crear una comisión especial para los proyectos FMI, idea que había adelantado la liberacionista Silvia Hernández, presidenta del Congreso; no obstante, la propuesta fue rechazada por la oposición.
En los intercambios, hubo roces y reproches. La ministra Dinarte llegó con cuantificaciones de sesiones para denunciar poco trabajo en las comisiones legislativas que ven los textos del FMI; la jefa del PLN, María José Corrales, reaccionó molesta y le replicó que algunos traspiés obedecieron a ausencias del PAC, sobre todo en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El 26 de agosto, el PLN le exigió a Casa Presidencial presentar textos sustitutivos al señalar que los proyectos contenían errores.
Unos días después, el 1.° de setiembre, Figueres tiró su línea: se opuso a extender el impuesto a casas de lujo y consideró innecesario el impuesto a los premios de la lotería.
Al día siguiente, ya con la presión de tener que presentar textos sustitutivos, el presidente Alvarado empezó a elevar el tono al decir que los candidatos y partidos tenían “miedo electoral” de avanzar con la agenda del FMI. Sin embargo, se comprometió a enviar las nuevas versiones.
Los textos alternativos llegaron al Congreso el 9 de setiembre; en estos, el Gobierno atenuó los incrementos de impuestos en renta global, casas de lujo, lotería, eliminación de exoneraciones fiscales y aporte de empresas públicas a la deuda pública. ¿Cuál sería la reacción del PLN?
Casi una semana después, el 15 de setiembre, la jefa de bancada del PLN, María José Corrales, declaró que su fracción no correría a golpe de tambor, “de manera irresponsable”, con las iniciativas.
Agregó que el avance de la agenda dependía del acompañamiento y de la responsabilidad de los ministros, aunque admitió que la fracción verdiblanca no había tenido tiempo de revisar las nuevas propuestas.
En todo caso, insistió en que es culpa del Gobierno que los planes estén contra la pared.
Tampoco Restauración había visto los nuevos textos. El PUSC sí los analizó y confirmó su oposición.
Por si fuera poco, los diputados de oposición impulsaron el proyecto de rebaja al marchamo del 2022, el cual reduciría los rendimientos fiscales esperados en el acuerdo con el FMI.
La Presidencia, a su vez, indispuso a la oposición al permitir escapar de la regla fiscal al CNP, una institución cuestionada por los altos precios con que vende alimentos a escuelas, cárceles y otras instituciones públicas. Además, para el presupuesto del 2022, el Gobierno insiste en crear 2.000 nuevas plazas en el MEP por un pacto con los sindicatos. En estos casos, los partidos exigieron al Gobierno coherencia en el mensaje de saneamiento de las finanzas públicas.
Finalmente, el 16 de setiembre, el presidente Alvarado desató sus críticas contra el PLN. Dijo que este partido había perdido la vocación de gobernar y que lo tenían en un juego. Alegó que le exigían textos sustitutivos, pero los diputados no ejercían su derecho de enmienda.
“El Ejecutivo no puede legislar. A nosotros nos ofrecen oficinas para ir a trabajar a la Asamblea; la Asamblea es para que trabajen los diputados y las diputadas”, declaró.
Alvarado abrió la tormenta política. El PLN le exigió sacar las manos de la contienda electoral y, en el plenario, los verdiblancos le arrojaron fuertes palabras como “manipulador”, “soberbio” y “descarado”, al tiempo que se profundizó la confrontación con el PAC.
Sí existe margen para negociar los ajustes
No parece popular aprobar reformas de impuestos en la víspera de una elección nacional, pero se corre un alto riesgo si esa decisión se deja para después de mayo del 2022.
Sin embargo, existe margen para criticar y proponer cambios. Ya quedó demostrado que, después de las críticas iniciales, era posible atenuar los ajustes de impuestos, pues el Gobierno dijo que los nuevos textos fueron consultados con el FMI.
Es factible buscar y revelar incoherencias o fallas en los planes, o bien descartarlas, pero para ello hay que concentrarse en la materia.
Según la Contraloría General de la República, la deuda pública cerró el primer semestre ¢240.000 millones por debajo de la meta pactada con el FMI; otros indicadores como el superávit primario, han tenido un buen desempeño.
Sí existe margen para negociar; la pregunta es si existe tiempo. El próximo gobierno no podrá evadir la crisis fiscal si esta no se soluciona en esta administración. El siguiente inquilino de Zapote tendría que decidir entre meter tijera en serio o zocar por el lado de los impuestos.
