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Los ingresos por impuestos caerán este año en casi ¢1,2 billones por causa de la crisis económica desatada por el coronavirus, según revela una reciente certificación que la Contraloría General de la República le extendió al Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, el Gobierno tiene en este momento un hueco de ¢1,2 billones (millones de millones) en el financiamiento del Presupuesto Nacional del 2020.
Perdone que repita la cifra, pero el hueco de ¢1,2 billones equivale a los siguientes ejemplos:
-El 46% de lo que el Gobierno gasta en salarios
-Más de lo que consumen anualmente, juntos, los ministerios de Seguridad, Gobernación, Obras Públicas, Hacienda, Relaciones Exteriores, Agricultura, Economía y Justicia
-Más de dos veces lo que se destina al financiamiento del Poder Judicial
La caída equivale a un 21% de los ingresos corrientes que el Poder Ejecutivo previó recaudar este año mediante impuestos y otros recursos frescos, así como a un 11% del presupuesto total.
Si la situación económica empeora aún más por la pandemia, ese hueco seguirá ensanchándose, y el panorama sanitario en este momento es incierto.
Además, estamos hablando de dinero presupuestado, es decir, de expectativas de ingreso.
Cuando el Presupuesto Nacional es elaborado, el dinero para financiarlo todavía no existe y, en la crisis actual, esa expectativa inicial se ha ido esfumando principalmente por la caída en los impuestos a las ventas de bienes y servicios, como el IVA, y en los tributos a los ingresos y utilidades, como el de renta.
Hueco en presupuesto 2020
FUENTE: CGR || INFOGRAFÍA JUAN C. ALPÍZAR/ LA NACIÓN.
¿Cómo hará el país para tapar ese hueco?
El Presupuesto Nacional del 2020 prevé gastos por ¢10,6 billones y el Congreso permitió al Gobierno financiarlos por dos vías: ¢5,46 millones mediante ingresos corrientes y el resto mediante endeudamiento, o sea, mediante dinero prestado.
Ahora, que los ingresos corrientes apenas superarían los ¢4,3 billones, ¿cómo se cubrirá la diferencia?
Hasta el momento, la fórmula planteada por el Gobierno es la siguiente: un recorte de ¢355.000 millones en el gasto público y un aumento de unos ¢800.000 millones en el endeudamiento interno o externo, si los diputados aprueban ambas medidas.
Sin embargo, los diputados de oposición advierten a Zapote de que el recorte debe ser más ambicioso, para no cargar tanto la mano al endeudamiento, debido a las consecuencias negativas que el incremento de la deuda tendría para la economía y los contribuyentes.
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El PLN espera una reducción de al menos ¢500.000 millones; el PUSC y Restauración hablan de ¢700.000; y Nueva República dice que se podría recortar hasta ¢2 billones.
Sin embargo, no es lo mismo el discurso político que la realidad.
Existe la posibilidad de que los diputados y el Gobierno no logren un acuerdo y fracasen, por diversas razones, tanto el recorte como el aumento del endeudamiento.
Una situación como esa llevaría paulatinamente al Gobierno a la incapacidad de pagar lo que había presupuestado.
No habría suficiente dinero para obras públicas, ayudas sociales, transferencias a otras instituciones y compromisos salariales.
En una situación tan delicada como la actual, en la que miles de personas han visto detenida su actividad económica, un recorte a los programas de asistencia social sería un fuerte golpe a la sostenibilidad de las familias más vulnerables. Lamentablemente, el gasto social y la obra pública son los rubros más susceptibles a la tijera.
La obra pública fue la gran sacrificada durante las últimas décadas, por ejemplo.
Los diputados están en todo el derecho de exigir más tijera al Gobierno y, si lo hacen, el Ejecutivo tendrá que procurar una mayor adaptabilidad a la realidad.
Sin embargo, los legisladores deben ser congruentes con su propio discurso. No se vale que los diputados exijan mayores recortes si, después, van a ceder a los grupos de presión y terminarán disminuyendo el ahorro en perjuicio de los contribuyentes.
El Ejecutivo también debe ser firme y definir las prioridades del país.
Veremos a los grupos de presión en fila por Casa Presidencial y el Congreso para que los protejan. Todos los sectores se opondrán y plantearán sus razones legales para hacerlo.
Ya vimos al rector de la UCR decir que es inconstitucional recortar la transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), luego de que Hacienda propusiera bajar en ¢66.000 millones los ¢512.000 millones previstos para este año.
Las municipalidades también se oponen al recorte de ¢41.500 millones en las transferencias para atender vías cantonales. Ya las organizaciones de alcaldes negocian con el Gobierno para atenuar su recorte, de manera que se traslade parte de la disminución al presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el cual financia las obras nacionales dirigidas por el ministro Rodolfo Méndez Mata.
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Por su lado, los sindicatos de educación rechazan la rebaja de ¢85.000 millones en algunos de los incentivos salariales que paga el MEP, como el plus por laborar en “zona de menor de desarrollo”, el cual no se está ejerciendo porque no hay clases presenciales.
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Todos tendrán una razón para oponerse y muchos de esos argumentos nacen en reformas legales del pasado que crearon obligaciones sin aportar recursos.
Será interesante ver la reacción de los diputados. ¿Se plegarán al criterio de las municipalidades y dirán que no se les puede recortar el presupuesto? Recién, los legisladores y el Gobierno aprobaron una polémica ley que les permitió a los ayuntamientos aumentar el gasto administrativo.
¿Asumirán el Gobierno y los diputados la responsabilidad o pensarán electoralmente en el 2022?
Fracciones como el PUSC y Restauración exigen cortar partidas como viáticos, propaganda y publicidad; el ministro de Hacienda sostiene que así se hará.
Existen algunas vías que podrían otorgar respiros, pero no garantiza un equilibrio ante la magnitud de la crisis.
Una es la regla fiscal, la cual establece que el Gobierno no podrá destinar al gasto corriente (salarios, intereses y transferencias) más de ¢7,45 billones, aunque haya presupuestado ¢7,88 billones. Esa medida ahorraría unos ¢433.000 millones.
El PUSC también tiene una propuesta interesante que obligaría al Ejecutivo a subejecutar un 15% de todas las partidas, lo que ahorraría unos ¢355.000 millones.
Encima de todo esto, la CCSS informó en el Congreso de que le cobra al Gobierno una deuda de ¢5,9 billones por el traslado de los servicios de atención primaria que administraba el Ministerio de Salud hasta los años 90. Esta última cifra fue calificada de ilógica por el ministro de Hacienda, Elián Villegas; mientras algunos diputados presionan para el pago.
Ya pasamos la mitad del año. El tiempo se agotó. Nos alcanzó el pasado, el presente y el futuro.
