EscucharEra previsible. El chavismo empezó a atacar a una nueva institución y una nueva funcionaria. El mandatario Rodrigo Chaves inició la ofensiva con afirmaciones alejadas de la realidad y los perfiles chavistas empezaron a replicarlo, en redes, con ataques directos a una mujer.
La institución es el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la funcionaria es Eugenia María Zamora, la magistrada presidenta del órgano electoral.
En otros países, ha ocurrido lo mismo. Después de los ataques a los contrapesos y órganos de fiscalización como la Contraloría, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso, el turno le toca al órgano electoral.
Conforme se acerquen las elecciones, es de esperar que se intensifique la campaña gubernamental contra el TSE, una institución muy bien valorada por los ciudadanos. Según las encuestas del CIEP, es una de las cinco entidades con mejor nota.
De hecho, el chavismo llegó al poder en un proceso electoral organizado por este Tribunal de Elecciones.
Sin embargo, la labor del TSE es cumplir con la Constitución Política y la ley, y las investigaciones derivadas de estas potestades incomodan al gobierno.
Hasta el momento, existen fricciones por tres temas: las investigaciones sobre presunta beligerancia, un proyecto de ley del TSE para transparentar la propaganda digital y las indagaciones sobre el financiamiento electoral de la campaña de Chaves.
1. La Sección Especializada del TSE ordenó abrir una investigación sobre una presunta beligerancia de Chaves por la forma en que se dirigió a estudiantes y otros presentes durante la inauguración del curso lectivo del 2025 en un colegio. El expediente surgió a partir de dos denuncias, en las que se indicó que el político habló a los jóvenes de la necesidad de elegir diputados afines a él.
Tres magistrados suplentes pidieron a la Inspección Electoral abrir un proceso para verificar si el presidente violó su obligación constitucional de neutralidad. La Constitución exige al TSE garantizar que los ciudadanos acudan a las elecciones sin interferencias del Estado ni de empleados públicos (artículo 102, inciso 5).
La institución también llamó a Chaves a no pasarse de la raya y atiende otras denuncias.
2. En el 2023, el TSE presentó un proyecto de ley para combatir el uso oculto de dinero para pagar troles en las campañas. Básicamente, el texto procura prohibir que se pague publicidad electoral en redes sociales desde el anonimato, sin que los votantes puedan saber quién financió los anuncios. Para ello, exigiría a las plataformas revelar quiénes son los financistas.
3. Una diputada oficialista presentó una acción legal contra el TSE por el hecho que se reveló, en la prensa, el informe sobre las presuntas estructuras paralelas de financiamiento de Chaves.
El miércoles 12 de marzo, Chaves dijo que las investigaciones por presunta beligerancia son para callarlo y darle un “golpe de Estado de leguleyadas”.
Además, mencionó, faltando a la verdad, que el proyecto del TSE pretende impedir que los ciudadanos opinen sobre política y que él lo vetaría.
Acto seguido, perfiles chavistas empezaron a divulgar fotos de Eugenia Zamora, presidenta del TSE, tratando de desprestigiarla.
El Tribunal de Elecciones reaccionó y, con un mensaje claro, explicó el verdadero objetivo del proyecto y desmintió las afirmaciones del presidente.
El plan de ley no tiene altas posibilidades de avanzar en el Congreso. Si bien está dictaminado, solo queda un mes y medio de sesiones ordinarias y es previsible que el gobierno recurra al filibusterismo para bloquear el texto con decenas de mociones, como ha hecho con otros proyectos.
Luego, de mayo a julio, el gobierno tomará el control de la agenda legislativa y excluirá el plan del quehacer legislativo. Para cuando los diputados retomen el control, ya estaremos en agosto, casi en campaña.
Aun así, la tensión persistirá y podrán surgir más razones para ello.
Me despido anotando, abajo, tres recomendaciones de lectura de la semana. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
