EscucharEl presidente Rodrigo Chaves envió su primera convocatoria de proyectos de ley para las sesiones extraordinarias del Congreso que empezaron el 1.° de noviembre y terminarán el 31 de enero. Sobresalen tres planes relacionados con impuestos:
-Reforma a la Ley de Impuesto de Renta para crear el esquema de renta global (expediente 23760). El gobierno presentó este proyecto desde mayo del 2023. La intención del Ministerio de Hacienda es cobrar este tributo sobre la totalidad de los ingresos de las personas. Tal es el caso, por ejemplo, de quienes tienen un salario y, a la vez, desarrollan otras actividades lucrativas. Actualmente, las personas declaran los ingresos por separado.
-Ajuste del IVA a boletos aéreos e implementos médicos (expediente 23763). Este proyecto de reducción de incentivos fiscales también fue presentado en mayo del 2023, pero no ha avanzado en la Comisión de Hacendarios. El texto original plantea un 2% de impuesto al valor agregado (IVA) para los implementos médicos que hoy están exentos, como sillas de ruedas, lentes de contacto, prótesis y camas de hospital, así como equipos odontológico, de rayos x, radiactivo y de laboratorios químico-clínicos.
Además, se aumentaría del 4% al 13% el IVA sobre los boletos aéreos que se compran en el país o que tienen como destino Costa Rica.
-Secuestro de bienes y mercaderías sin intervención de un juez (23759). Este plan, denominado Fortalecimiento del Control Tributario, daría a la Dirección de Tributación la potestad de secuestrar bienes, mercaderías o documentos de contribuyentes investigados, sin la intervención de un juez y sin posibilidad de apelación. El plan ha recibido fuertes críticas de la oposición, la cual ha señalado que los “superpoderes” se pueden prestar para abusos y arbitrariedades en perjuicio de los contribuyentes.
En materia fiscal, el gobierno también agregó el proyecto para postergar dos emisiones pendientes de eurobonos (expediente 24462), al tiempo que fijaría metas menos ambiciosas sobre superávit primario e intereses a la deuda pública, para los años 2024 y 2025.
El panorama es difícil para los proyectos de impuestos debido a que el país entrará en año preelectoral y a que el gobierno no ha mostrado tener músculo negociador, además de que dedicó buena parte de la administración a pregonar que existía estabilidad fiscal, aunque ahora admite un deterioro.
A ello se suma que la Comisión de Hacendarios deberá dedicar buena parte de noviembre a retomar la discusión del Presupuesto Nacional del 2025, el cual tiene importantes faltantes. Todo apunta a que el deterioro fiscal lo heredará el próximo gobierno.
Si bien el Poder Ejecutivo puede modificar la lista en cualquier momento, este primer decreto de convocatoria permite identificar sus prioridades, así como los planes que difícilmente tendrán futuro en estos tres meses, aunque la oposición cuente con los votos para aprobarlos.
Por ejemplo, el gobierno excluyó dos proyectos que los diputados impulsaron recientemente. Uno es el que autoriza el traslado de 2.096 médicos especialistas al salario global ya definido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de evitar una eventual renuncia masiva de personal.
El otro es el que reactivaría los aumentos salariales de los cuerpos policiales, actualmente suspendidos debido a la situación fiscal del país.
El año legislativo se divide en cuatro trimestres: dos controlados por el gobierno (mayo-julio y noviembre enero) y dos por los diputados (agosto-octubre y febrero-abril).
Los siguientes proyectos convocados se refieren a seguridad y energía. Los primeros podrían tramitarse con más facilidad:
Seguridad
-Expediente 22837, para obligar a los proveedores de servicios de activos virtuales a inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a cumplir con la regulación contra la legitimación de capitales.
-Expediente 24019, Ley de Ejecución de la Pena, para otorgar rango de ley al decreto ejecutivo N.°40849-JP, el cual establece las condiciones para que el Ministerio de Justicia pase reos del programa de cárcel permanente al sistema semiinstitucional o de confianza.
-Expediente 24047 contra el sicariato. Impondría de 25 a 35 años de prisión a quien dé muerte a una persona por encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio material, económico o personal.
La misma pena se impondrá a quien haya encargado o acordado la muerte de la persona. La pena privativa de libertad se podrá incrementar hasta en un tercio, si interviene una persona menor de edad.
Energía
-El gobierno convocó el expediente 22.561, que permitiría a los generadores de electricidad vender sus excedentes de energía en el exterior.
-Plan de Ley de Armonización Eléctrica, expediente 23.414, el cual crearía un mercado mayorista donde se comercialice la energía en el país. Este último tiene una cantidad considerable de mociones por tramitar.
Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
