EscucharUna de las noticias más insólitas de esta semana fue la solicitud de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, de que le den tiempo hasta el 26 de mayo del 2025 para presentar la política educativa que le solicitó la Contraloría General de la República (CGR).
Desde diciembre del año pasado, la CGR ordenó a la ministra elaborar una política de planificación para los ciclos bajo su rectoría: preescolar, primaria y secundaria. El plan debía especificar los enfoques de trabajo, metas e indicadores de evaluación. Müller tenía ocho meses para cumplir (la fecha límite era el pasado 30 de agosto), pero ahora solicitó nueve meses más.
Para cuando llegue el 26 de mayo del 2025, habrán pasado más de tres años de gobierno. En forma paralela, la administración actual lleva dos años y cuatro meses y el país aún no conoce la “ruta de la educación” que Müller anunció en febrero del 2023 como un invento suyo.
Hay que recordar la frase que la ministra pronunció hace un año, en setiembre del 2023: “La ruta de la educación sí existe, solo que la ruta me la inventé yo, nunca ha habido una ruta de la educación y ahora hasta la Contraloría de la República quiere decirme cómo es el documento que yo debo entregar, el que todo mundo está esperando. Yo de la Ruta ya tengo más de la cuarta parte ejecutada”.
La solicitud de prórroga de la ministra se conoció en la misma semana en que el gobierno presentó el Presupuesto Nacional del 2025, en el que se asignó al Ministerio de Educación Pública (MEP) el presupuesto más bajo de la época reciente, como porcentaje del producto interno bruto (PIB).
El Poder Ejecutivo presupuestó para el MEP un 4,9% del PIB, una cifra que llama la atención si se considera que hace cuatro años, en el 2020, el porcentaje había llegado a un 7,3%.
Para el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, fue un error establecer, en la Constitución Política, que el país destinara un 8% del PIB para la educación. Argumentó que la recaudación de impuestos no sube al mismo ritmo que el producto interno bruto porque este incluye las zonas francas, que están libres de impuestos.
Acosta adujo que, en impuestos, el gobierno únicamente recauda un monto equivalente al 15% del PIB, lo que hace imposible destinar un 8% a la educación.
En tanto, en medio de la misma tensión presupuestaria, el gobierno estableció un 0% de aumento para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), después de que no logró un acuerdo con los rectores de las universidades.
La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de definir el FEES en estos casos de diferendo, según el artículo 85 de la Carta Magna, pero el ministro dijo que, si los diputados lo aumentan, él no garantiza la entrega de los fondos adicionales en caso de que no los considere razonables.
Nogui Acosta adelantó que, en ese escenario, simplemente no acatará la disposición de los legisladores porque el presupuesto es una autorización de gasto, no una obligación.
Ese argumento es cuestionable, pues el FEES es una transferencia constitucional. Además, recientemente, la Sala IV ordenó al ministro girar la totalidad de la transferencia prevista legalmente para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), pues había un incumplimiento.
Esta misma semana, la ministra de Educación sorprendió con una moción de última hora, en la discusión del V presupuesto extraordinario del 2024, en la que solicitó ¢1.900 millones más para pagar salarios de funcionarios suplentes debido a un fuerte incremento de las incapacidades. La moción prevé tomar el dinero principalmente de la partida destinada a pagar las cotizaciones de las pensiones de los docentes, situación que preocupó a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
El propio mandatario Rodrigo Chaves dijo el sábado 31 de agosto que los impuestos que recauda el Gobierno son insuficientes para cubrir el gasto y reclamó que varios sectores pidan más recursos, como las universidades y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La presentación del presupuesto abrirá un intenso periodo de discusión en el Congreso. El Ministerio de Hacienda, por cierto, confirmó que los salarios públicos no se descongelarán antes del 2028 debido a la situación fiscal.
