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El mandatario Rodrigo Chaves emprendió una nueva estrategia política que parte de una fuerte contradicción. Le retiró el apoyo al proyecto de Ley de Ejecución de la Pena que su gobierno había impulsado en la Asamblea Legislativa, incluso con discursos favorables de la diputada Pilar Cisneros, para dar paso a una nueva versión que podría surgir del asesoramiento del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele.
La estrategia no pretende la negociación, sino el conflicto y espacios para desacreditar a personas que no le son afines.
A la luz de lo dicho por Chaves para justificar el retiro del texto de la corriente legislativa, el Poder Ejecutivo habría tardado un año en darse cuenta de que el proyecto no es lo que considera necesario para el sistema carcelario.
El expediente 24019 lo elaboró la Corte Suprema de Justicia y formó parte de los proyectos que los tres poderes de la República acordaron impulsar, a principios del 2024, para mejorar la seguridad ciudadana. El presidente y sus ministros participaron en el acuerdo.
El objetivo del plan es regular la ejecución de las penas de cárcel, tanto en el régimen penitenciario como en el semiinstitucional. La idea también es agrupar las normas en una sola ley, pues el sistema actual depende de artículos dispersos en el Código Penal y circulares del Ministerio de Justicia. De hecho, el gobierno había presentado un proyecto parecido en el 2023, con la misma intención de crear un único marco legal.
El proyecto fue dictaminado positivamente por unanimidad el 3 de octubre. Ese día, la vocera del gobierno, Pilar Cisneros, celebró la aprobación en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
“Desde el 2015, la Sala Tercera había advertido sobre la necesidad de aprobar esta ley y, sin embargo, no ha sido posible. Han pasado casi diez años y yo veo que hay una gran coincidencia en la necesidad absoluta de aprobarla”, declaró Cisneros ese día.
Un mes después, el presidente Chaves convocó el proyecto en la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias que empezaron el 1.° de noviembre. Con ello, el plan entraba en su recta final para ser sometido a primer y segundo debate.
Sin embargo, Chaves lo desconvocó el 27 de noviembre sin dar explicaciones. Luego, el 4 de diciembre, argumentó que el plan se trata de un “mamotreto”, acusando a la magistrada Patricia Solano y a la diputada independiente Gloria Navas de ser sus autoras junto con otros “alcahuetes de criminales”. Adelantó un eventual veto e instó a los diputados a buscar 38 votos para resellar el texto. Además, faltó a la verdad al hablar de “jueces anónimos”, figura que no existe en Costa Rica.
Los hechos que cambiaron la posición de Chaves fueron la visita de Bukele, quien prometió un diagnóstico sobre el sistema carcelario costarricense, y el sistemático ataque del mandatario a los poderes Judicial y Legislativo.
La Corte Suprema de Justicia, de hecho, interpretó el retiro del proyecto como una señal de que se avecina un “populismo punitivo”. Así se le denomina a la estrategia de recaudar apoyo electoral con base en el discurso de que aumentar las penas y la severidad de los castigos reduce la criminalidad, sin tomar en cuenta otros factores como las causas del problema social y con riesgo para los derechos humanos.
Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
