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El aparato de comunicación del gobierno puso a los directores policiales a atacar a los diputados y a decir “no somos un narcoestado”.
La noche del viernes, la Presidencia de la República y el Ministerio de Seguridad difundieron un video de 2:55 minutos con el que metieron a los jefes de 10 cuerpos policiales en la arena política. Uno por uno, junto al ministro de Seguridad, Mario Zamora, los directores lanzan reclamos políticos a los congresistas de oposición, en medio de música e imágenes de operativos.
Esta incursión política es preocupante, pues el artículo 12 de la Constitución Política prohíbe a las fuerzas de policía “deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”; además, garantiza la subordinación de los cuerpos policiales al poder civil.
Este es el mismo artículo que abolió el ejército como institución permanente, lo que ha servido como una garantía para evitar la toma del poder por la fuerza, como ocurre en otros países. Basta con recordar el penoso acto reciente, en que las fuerzas armadas de Venezuela juraron lealtad a Nicolás Maduro después de un proceso electoral fraudulento.
Diputadas de oposición advirtieron de que el video es una manipulación de los cuerpos policiales y recordaron que, más bien, la Asamblea Legislativa ha procurado dotar de más recursos a los cuerpos de seguridad. Fue el Congreso el que, por ejemplo, incluyó recursos para crear 300 plazas más en el Ministerio de Seguridad este año, pues el gobierno no lo previó. Por su parte, la expresidenta Laura Chinchilla afirmó: “Si Costa Rica tuviese Fuerzas Armadas, ya las habrían enviado a tomar por asalto nuestras instituciones republicanas”.
En el video, Juan Carlos Alvarado, jefe de Operaciones de la Policía Guardacostas, se dirige a la diputada Dinorah Barquero (policía penitenciaria, por cierto) para decir que su cuerpo policial sí sabe utilizar radios y armas para combatir el narcotráfico. Luego, llega el punto más álgido cuando Sergio Méndez, de la Policía Turística, dice: “No somos un narcoestado”.
“Les pedimos, diputados, respeten nuestro uniforme”, concluyen en coro los jefes policiales y el ministro, al estilo del video conocido como “No entendemos”.
El clip surgió después de fuertes críticas a la forma en que el gobierno está manejando la seguridad ciudadana. Esta semana, trascendieron cuatro hechos de alta relevancia en este campo:
-El gobierno retiró de Bahía Drake, en Osa, un equipo estratégico de Guardacostas que estaba destinado a frenar lanchas del narcotráfico, como las que entran por el río Sierpe. Los oficiales fueron reubicados en Quepos y Golfito, a dos horas de distancia en lancha. Tres autoridades policiales advirtieron de que este cierre debilita la lucha en uno de los principales puntos de ingreso.
-El Ministerio de Seguridad Pública desmanteló la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) al pasarla de Quepos a la Rita de Pococí, a 103 kilómetros de la costa más cercana. La Academia perdió el 68% de su personal, pues pasó de tener 16 funcionarios a solo cinco.
-El fiscal general de la República, Carlo Díaz, dijo que deberían tener vergüenza los funcionarios que deben combatir el narcotráfico y que no fueron invitados al seminario internacional, sobre el combate al narco, de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), efectuado en Atenas, Grecia.
-Con 38 votos a favor y seis en contra, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para que se investiguen los presuntos vínculos del gobierno con el crimen organizado. Luego de la votación, los diputados de gobierno, Pilar Cisneros y Alexánder Barrantes, prometieron que los diputados de oposición pagarían la factura.
El año pasado, el Ministerio de Seguridad también ordenó sacar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, y delegó el control de drogas en estos puntos al Servicio de Vigilancia Aérea. Dicho servicio, en la actualidad, solo tiene una avioneta disponible.
Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
